'Estado tiene responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó'

Dos tareas tiene el Ejército. La primera, en una ceremonia pública en Apartadó (Antioquia), con la presencia de altos mandos militares, de habitantes del sector y de medios de comunicación regionales y nacionales, ofrecer disculpas y, lo más importante, repudiar la masacre que tuvo lugar el 21 de febrero de 2005 en las veredas La Resbalosa y Mulatos, “con el compromiso contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder”. La segunda: construir una placa con los nombres de las ocho víctimas.

Así lo ordenó el Tribunal Administrativo de Antioquia, que profirió el primer fallo en el que se reconoce la responsabilidad del Estado sobre la suerte que corrieron seis adultos y dos niños —una pequeña de 5 años y un bebé de 18 meses— que murieron por cuenta de una incursión de los paramilitares en San José de Apartadó. De acuerdo con el Tribunal, la Nación es “administrativamente responsable” por la violenta muerte que sufrieron esas personas, pues fue la falta de protección por parte de la Fuerza Pública, sumada a la participación de algunos uniformados en la masacre, lo que conllevó al espantoso resultado.

En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad. Agregó que no se podía destinar un policía o soldado para cada ciudadano, sobre todo en un país con un conflicto armado de alta intensidad. La Alcaldía de Apartadó, sin embargo, señaló que precisamente por tratarse de una zona roja, con presencia de grupos armados con capacidad militar ostensible, “definitivamente requería el control y atención del orden nacional a través de las Fuerzas Militares del país”.

La Procuraduría también contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”. Con el agravante de que tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia. La muerte de los pequeños Natalia y Santiago Tuberquia ejemplifica como ninguna la barbarie paramilitar que ocurrió en tantas zonas del país con el beneplácito o el silencio cómplice de miembros de la Fuerza Pública, y así lo recordó el Tribunal en su providencia de 472 páginas, conocida por este diario.

Cuando los miembros del bloque Héroes de Tolová llegaron a la casa de Alfonso Tuberquia y Sandra Muñoz, preguntaron a los comandantes ‘paras’ qué hacían con los niños. Sugirieron entregarlos a Bienestar Familiar. Pero alias Cuatro Cuatro, Makeison, Águila 6 y Cobra concluyeron que serían una amenaza en el futuro y se volverían guerrilleros. “El papá de los niños les suplicó a nuestros comandantes que por favor no fueran a matar a los niños, que si querían lo mataran a él, pero a los niños los dejaran vivir”, narró uno de los ‘paras’ que participaron en la masacre.

Las súplicas fueron en vano. Alfonso Tuberquia se arrodilló con las manos en la nuca, como se lo ordenaron, y les dijo a sus hijos que todo estaría bien, que él emprendería un largo viaje. Natalia, de 5 años, fue por ropa para su hermano, de 18 meses, y la empacó en un talego. Se la entregó y se despidió de él, porque ahí los separaron. La nena fue degollada con un machete. Para elaborar su fallo, el Tribunal de Antioquia trajo a colación decenas de testimonios como éste, rendidos ante la Fiscalía y la Procuraduría tanto por exmilitares como por exintegrantes de las Auc.

Recién ocurrida la masacre, el entonces presidente Álvaro Uribe acusó a la comunidad de San José de Apartadó de tener relaciones con la guerrilla. La justicia, sin embargo, ha ido en contravía de tales pronunciamientos, al punto de que hace un par de semanas se conoció que la Corte Constitucional le ordenó al expresidente Uribe una “retractación frente a las acusaciones realizadas contra la comunidad”. El extraditado exjefe paramilitar Don Berna confesó que el bloque a su mando, Héroes de Tolová, había cometido este crimen colectivo de la mano del Ejército. Van 17 exparamilitares condenados por estos hechos.

De los uniformados procesados, el capitán (r) Guillermo Gordillo ha sido el único en aceptar su responsabilidad en estos dolorosos hechos y fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Superior de Antioquia. En junio del año pasado fueron condenados también el teniente (r) Alejandro Jaramillo, los subtenientes (r) Jorge Milanés Vega y Édgar García Estupiñán y el sargento Darío Brango Agámez. Fueron absueltos el coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos Henry Agudelo y Ángel María Padilla y los cabos Ricardo Bastidas y Sabaraín Cruz Reina, cuyos expedientes están en estudio en la Corte Suprema de Justicia.

Dos tareas tiene el Ejército. La primera, en una ceremonia pública en Apartadó (Antioquia), con la presencia de altos mandos militares, de habitantes del sector y de medios de comunicación regionales y nacionales, ofrecer disculpas y, lo más importante, repudiar la masacre que tuvo lugar el 21 de febrero de 2005 en las veredas La Resbalosa y Mulatos, “con el compromiso contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder”. La segunda: construir una placa con los nombres de las ocho víctimas.

Así lo ordenó el Tribunal Administrativo de Antioquia, que profirió el primer fallo en el que se reconoce la responsabilidad del Estado sobre la suerte que corrieron seis adultos y dos niños —una pequeña de 5 años y un bebé de 18 meses— que murieron por cuenta de una incursión de los paramilitares en San José de Apartadó. De acuerdo con el Tribunal, la Nación es “administrativamente responsable” por la violenta muerte que sufrieron esas personas, pues fue la falta de protección por parte de la Fuerza Pública, sumada a la participación de algunos uniformados en la masacre, lo que conllevó al espantoso resultado.

En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad. Agregó que no se podía destinar un policía o soldado para cada ciudadano, sobre todo en un país con un conflicto armado de alta intensidad. La Alcaldía de Apartadó, sin embargo, señaló que precisamente por tratarse de una zona roja, con presencia de grupos armados con capacidad militar ostensible, “definitivamente requería el control y atención del orden nacional a través de las Fuerzas Militares del país”.

La Procuraduría también contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”. Con el agravante de que tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia. La muerte de los pequeños Natalia y Santiago Tuberquia ejemplifica como ninguna la barbarie paramilitar que ocurrió en tantas zonas del país con el beneplácito o el silencio cómplice de miembros de la Fuerza Pública, y así lo recordó el Tribunal en su providencia de 472 páginas, conocida por este diario.

Cuando los miembros del bloque Héroes de Tolová llegaron a la casa de Alfonso Tuberquia y Sandra Muñoz, preguntaron a los comandantes ‘paras’ qué hacían con los niños. Sugirieron entregarlos a Bienestar Familiar. Pero alias Cuatro Cuatro, Makeison, Águila 6 y Cobra concluyeron que serían una amenaza en el futuro y se volverían guerrilleros. “El papá de los niños les suplicó a nuestros comandantes que por favor no fueran a matar a los niños, que si querían lo mataran a él, pero a los niños los dejaran vivir”, narró uno de los ‘paras’ que participaron en la masacre.

Las súplicas fueron en vano. Alfonso Tuberquia se arrodilló con las manos en la nuca, como se lo ordenaron, y les dijo a sus hijos que todo estaría bien, que él emprendería un largo viaje. Natalia, de 5 años, fue por ropa para su hermano, de 18 meses, y la empacó en un talego. Se la entregó y se despidió de él, porque ahí los separaron. La nena fue degollada con un machete. Para elaborar su fallo, el Tribunal de Antioquia trajo a colación decenas de testimonios como éste, rendidos ante la Fiscalía y la Procuraduría tanto por exmilitares como por exintegrantes de las Auc.

Recién ocurrida la masacre, el entonces presidente Álvaro Uribe acusó a la comunidad de San José de Apartadó de tener relaciones con la guerrilla. La justicia, sin embargo, ha ido en contravía de tales pronunciamientos, al punto de que hace un par de semanas se conoció que la Corte Constitucional le ordenó al expresidente Uribe una “retractación frente a las acusaciones realizadas contra la comunidad”. El extraditado exjefe paramilitar Don Berna confesó que el bloque a su mando, Héroes de Tolová, había cometido este crimen colectivo de la mano del Ejército. Van 17 exparamilitares condenados por estos hechos.

De los uniformados procesados, el capitán (r) Guillermo Gordillo ha sido el único en aceptar su responsabilidad en estos dolorosos hechos y fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Superior de Antioquia. En junio del año pasado fueron condenados también el teniente (r) Alejandro Jaramillo, los subtenientes (r) Jorge Milanés Vega y Édgar García Estupiñán y el sargento Darío Brango Agámez. Fueron absueltos el coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos Henry Agudelo y Ángel María Padilla y los cabos Ricardo Bastidas y Sabaraín Cruz Reina, cuyos expedientes están en estudio en la Corte Suprema de Justicia.