Estamos volviendo al resurgimiento del paramilitarismo: fiscal Barbosa

A Francisco Barbosa Delgado le quedan dos meses y 15 días como fiscal general de la Nación. Su último año en el búnker coincidió con un enfrentamiento con la Presidencia que, según él mismo, no se había visto en toda la historia de la entidad. En entrevista con El Espectador, el fiscal habló de su relación con el presidente Gustavo Petro, criticó de frente su gobierno y calificó su política de paz total como una que se convirtió en una “paz criminal”. Además, señaló que la salida en falso de la Mesa de Diálogo del gobierno con el Estado Mayor Central es prueba del resurgiendo el paramilitarismo en el país y que, a pesar de sus constantes desencuentros con el presidente, no es su principal contradictor.

En medio de esta campaña política, el presidente Petro anunció que iba a dar recompensas a quienes entreguen información que sirva para identificar la compra de votos. Esa es una función que históricamente ha hecho la Policía, en conjunto con investigaciones de la Fiscalía, para identificar que sí sea cierta la información entregada. ¿Cree que el presidente puede hacer lo mismo?

En primer lugar, hay que incentivar a la ciudadanía para que denuncie gratuitamente y que lo haga como un deber ciudadano, sin necesidad de un incentivo económico. En segundo lugar, considero que la propuesta del gobierno es improvisada. Es una idea que se hace sobre la base de excluir a la Fiscalía y al poder público del proceso de constatación y corroboración de esas denuncias. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque es necesario saber cuál es la acreditación efectiva de que una cantidad de dinero incautado tiene un origen o una finalidad ilícita. Y ese es un asunto que no puede determinarlo la Policía. Además, el dinero decomisado tiene que pasar por una suficiencia probatoria que hace la Fiscalía. Eso le corresponde a un fiscal y lo tiene que validar un juez. Un segundo tema tiene que ver con que esa propuesta carece de sustento jurídico porque la incautación, ocupación e imposición de medidas sobre bienes que provienen o son producto directo o indirecto del delito, o han sido utilizados o destinados como instrumentos para la ejecución de ese delito, son asuntos que se rigen por el principio de legalidad en Colombia y cuyo impulso está en cabeza de la Fiscalía.

En términos más simples, sin la corroboración e investigación del caso, ¿podrían existir falsas denuncias, no?

En términos simples: si a una persona la denuncian porque tiene una suma de dinero el domingo, y a esa persona le inician un procedimiento y se produce una recompensa, podría ocurrir que luego de constatación judicial, la persona investigada denuncie por falsa denuncia a quien la acusó. Además, podrían iniciarse procesos de peculado contra los funcionarios que giraron esos recursos sin corroborar la veracidad de la denuncia e, incluso, posibles demandas de responsabilidad estatal. Pero también quiero decir lo siguiente: el presidente había establecido que, incluso él, podría entregar esos recursos, un poco bajo la idea de que, como el fiscal general procede contra otros funcionarios, no lo puede hacer contra él porque es aforado. No es un asunto de conflicto con el presidente de la República, es un asunto jurídico. De hecho, el presidente de la República ni siquiera es ordenador del gasto. Sus ordenadores del gasto son los ministros y, si quisiera administrar esas recompensas, tendría que acudir a la justicia. Este es un asunto propio de la Fiscalía y de los jueces. Me parece que no es una idea seria, ni pensada, ni razonada y, más aún, nunca fue consultada ni conversada con la Fiscalía.

Si es tan claro que es un tema jurídico, de debido proceso y que es del resorte de la Fiscalía y de los jueces, ¿por qué cree que el presidente plantea esa idea?

Porque normalmente, cada semana, el presidente plantea seis o siete ideas para ver cuál tiene algún asidero, pero verdaderamente no tienen ningún tipo de validez. Creo que hoy los debates nacionales no son esos, sino cómo se va a garantizar la seguridad y el orden público en el territorio nacional, no solamente para las elecciones, sino para los diferentes escenarios que se van a presentar en los próximos meses en Colombia. Por ejemplo, que a las nuevas autoridades electorales se les garantice la posibilidad de que tengan la seguridad para poder ejercer sus funciones como gobernadores, alcaldes, concejales, diputados o ediles en todo el territorio nacional. Esa debería ser la preocupación mayúscula que debemos tener para el próximo domingo y para el proceso electoral. ¿Imagínense que hace año y medio, en pleno proceso electoral de la segunda vuelta, el expresidente Duque hubiera dicho que iba a repartir recursos cuatro días antes de las elecciones para denunciar hechos de delitos electorales? Inmediatamente, los candidatos hubieran dicho que era una manera, incluso, de introducir recursos públicos y de cambiar las reglas de juego antes del proceso electoral.

Además de la polémica por el tema de las recompensas, el viernes pasado hubo otra controversia por la declaración que hizo la Mesa de Diálogo del Gobierno con la disidencia conocida como Estado Mayor Central, sobre su presencia en el acto de apertura de las elecciones en Popayán. Todo el gobierno rechazó esa situación e, incluso, los delegados de la Mesa tuvieron que echarse para atrás. ¿Cómo cree que queda el Gobierno frente a este hecho?

Esto confirma que la paz total está llevando, no solamente al reemplazo y la suplantación del Estado colombiano en muchas zonas del país, sino que estamos volviendo al resurgimiento del paramilitarismo delante de nuestros ojos.

Durante las últimas semanas, usted ha insistido en que no tienen una comunicación fluida con el gobierno, ni siquiera con el Ministerio de Defensa. ¿Qué está pasando?

Yo me refería a que recibí información por parte de algunos miembros del Ejército, pues estaban preocupados de que nos vieran reunidos con ellos, incluso con el comandante de las Fuerzas Militares. Creo que es por el sistema de desconfianza que está surgiendo entre el gobierno y la Fiscalía en diferentes temas. Esto nos preocupa porque nosotros articulamos mucho trabajo con la Policía y el Ejército. Yo he sido la persona más respetuosa del Ejército y creo que siempre hay que respaldarlas. Pero hoy están en una situación en la que hay cartas como la de Iván Mordisco en donde dicen que sería posible que las guardias cimarronas o guardias indígenas reemplazaran al Ejército. Eso debería ser visto como un insulto a la institucionalidad del Ejército. Estoy retomando esas reuniones, para que, entre todos, podamos ser operativos. Pero por supuesto que hay una desconexión entre el Ejército y la Fiscalía, incluso con la misma Dijín.

¿A qué se refiere?

A que la Policía Judicial (la Dijín) tiene ciertas desconexiones con el CTI. Eso no había pasado. Espero que se vaya mejorando paulatinamente, pero tenía que decirlo porque hay una preocupación de que exista desconfianza del Gobierno con el fiscal general por el rol que está ejerciendo para defender la institucionalidad del país.

¿Y esa desconfianza es del Gobierno?

Sí. Yo creo que hay una desconfianza del Gobierno porque no le gusta lo que yo he venido haciendo como fiscal general defendiendo la institucionalidad del país. Muchos de ellos (funcionarios del gobierno) no se han puesto la camiseta de la institucionalidad y entonces, cuando yo hablo, se molestan porque básicamente no entienden que la ley y la Constitución tienen que aplicarse en el país.

En otra de sus declaraciones, usted dijo la siguiente frase: “Ahora (los del gobierno) nos van a volver narcotraficantes. Los pájaros tirándole a las escopetas. Nosotros no vamos a permitir que de forma miserable nos traten de acabar y nos vayan a acojonar contra las cuerdas para volvernos simplemente unos títeres en el marco del sistema que quieren establecer”. ¿Quiénes son los pájaros? Con esta declaración da la impresión de que el Ejecutivo quiere acabarlos. ¿Cree que el gobierno Petro quiere acabarlos?

Me refiero al Gobierno y al Ejecutivo. Varias personas, que en su momento denunciaremos, y a través de información de inteligencia, están buscando, rastreando y hurgando la historia decente de 30 años de trabajo de la doctora Martha Mancera (la vicefiscal) para tratar de presionar a la Corte Suprema de Justicia y al país para que ella no sea la persona que me reemplace en febrero del próximo año, cuando termine el periodo. Hay una estrategia para acabar a Martha Mancera, con temas ya archivados que tienen que ver con supuestas vinculaciones ilegales de la vicefiscal cuando trabajaba en Cali. Ahora, que están preocupados por el recambio, quieren establecer esa estrategia. La doctora Mancera explicará todo para que el país sepa exactamente qué es lo que están hurgando estos funcionarios, a quienes además vamos a denunciar cuando tengamos todo el material corroborado sobre todos los temas.

Es entendible que todavía falte esa corroboración para poder denunciarlos, pero, usted está haciendo una declaración que no es menor. ¿Qué pruebas tiene para asegurar que son funcionarios del gobierno?

La información que está llegando a la Fiscalía es que hay personas cercanas al gobierno que efectivamente no quieren que sea la vicefiscal la encargada de reemplazarme temporalmente hasta que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva fiscal. En su momento, entregaremos las pruebas.

¿Esto coincide con el nuevo llamado que le hizo la Fiscalía esta semana al comisionado de paz, Danilo Rueda?

No. No tiene ninguna relación. Lo del comisionado de paz tiene que ver con otro aspecto y es sobre la reunión que tuvo con el señor Iván Márquez, quien tiene una orden de captura con fines de extradición, fue excluido de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, al mismo tiempo, no existe una negociación con la Nueva Marquetalia.

Pero él es el comisionado de paz, no es un civil reuniéndose con un jefe de las disidencias…

Es que es lógico que el fiscal general y los fiscales que llevan casos contra Iván Márquez quieran llamar al señor Rueda para que explique en qué contexto se dieron esas reuniones y las razones jurídicas por las cuales él cree que podía reunirse con esas personas.

De todas maneras, no es la primera vez que la Fiscalía llama a entrevista al comisionado. Además, se han cruzado otros asuntos entre ustedes que llaman la atención. Por ejemplo, cuando Rueda dijo en una entrevista que le restaba credibilidad a la información de un supuesto plan del Eln para atentar en su contra, usted le contestó con la siguiente frase: “Son declaraciones miserables y canallescas. ¿Danilo Rueda tiene garantías en la Fiscalía, si así es como se refiere el fiscal general a las declaraciones del comisionado?

Pero ¿cómo no voy a manifestarme de esta manera cuando estamos hablando de que miembros del Gobierno desestiman un posible atentado del Eln en mi contra? ¿Cuándo otros miembros del Gobierno, a través del Ejército, se acercaron a la Fiscalía a manifestar que ese plan sí existía? Danilo Rueda tiene todas las garantías porque yo no llevo procesos contra él.

Pero están bajo su administración…

Los casos los llevan fiscales autónomos e independientes. Quiero aclarar que no hay ningún proceso contra el señor Danilo Rueda en la Fiscalía. Lo que existe es una obligación de los ciudadanos, en este caso de él, de explicar el propósito de la visita o reunión que sostuvo con el señor Iván Márquez. Es increíble que ahora el país esté preocupado por esto, cuando hace cinco o seis meses, todos querían saber si Márquez estaba vivo o muerto. Además, este no es solo un problema colombiano, sino podría también constituirse en una obstrucción a la justicia de los Estados Unidos, en caso de que las autoridades judiciales consideren que funcionarios públicos de Colombia están oponiéndose a la entrega de información de personas que tienen cuentas por pagar en la justicia de los Estados Unidos. Y eso no depende de ninguna autorización legal que tenga un funcionario del gobierno.

A propósito de ese plan en contra suya, ¿en qué van las investigaciones?

Las investigaciones avanzan, según lo que me han informado. Esperemos que haya resultados prontos.

Ante una denuncia como la del supuesto plan del Eln para atentar en su contra, ¿siente que el gobierno lo dejó solo?

Siento que estoy solo frente al Ejecutivo. Yo conversé con el presidente en su momento. Él me dio su palabra de que lamentaba estos hechos, incluso ha manifestado en diferentes ocasiones que no va a permitir que se me disminuya la seguridad cuando yo abandone el cargo, de que él va a garantizar mis derechos en Colombia. En ese sentido, yo no hago otra cosa sino responder institucionalmente, creer en su palabra y esperar que las cosas van a funcionar fluidamente. Sobre esto, más que una discusión personal contra el presidente o un enfrentamiento con él, lo que en realidad existe son dos maneras de ver el país.

¿A qué se refiere?

Es que hoy la gente podría decir que el relacionamiento entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa ha sido muy duro. Pero creo que el país ha ganado en democracia porque el unanimismo no funciona. A veces es necesario hablarle fuerte al Ejecutivo, y eso hay que hacerlo porque fortalece el equilibrio de poderes. A Colombia no le hace bien que todo el mundo esté pensando igual sobre todos los temas. Yo obviamente pienso diferente, concibo mi vida diferente a la de Gustavo Petro, igual que mi función frente al Estado. Tengo ideas de mis competencias distintas a las que él tiene y creo que todo eso es importante para que el país determine el grado de democracia y madurez que hay en Colombia. Nunca en la historia constitucional colombiana habíamos tenido una circunstancia tan compleja como la que hay hoy entre la Fiscalía y el presidente. Pero creo que nunca en la historia del país había salido más fortalecida la democracia.

¿Se considera el contradictor número uno del presidente Petro?

No. Yo no soy el contradictor número uno del presidente. Me considero el defensor número uno de la legitimidad y de la legalidad colombiana.

¿Pero entonces considera que el presidente no protege las legalidades?

Creo que hay fracturas en la protección de la legalidad en Colombia por parte del gobierno y del presidente de la República.

¿Cómo así?

A que concebimos la vida de la legalidad y la institucionalidad de una forma distinta.

Eso está claro. Pero, en términos puntuales, ¿considera que el presidente no protege o está en contra de esas legalidades?

En términos prácticos, considero que hay que fortalecer las instituciones y no debilitarlas. Un caso puntual, por ejemplo, es la idea de que traten de suplantar, con Secretarías de Transparencia, las instituciones colombianas como la Procuraduría, la Fiscalía o el mismo Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, cuando se permite que la Fuerza Pública y la Policía Nacional salgan de ciertos territorios del país para que sean suplantadas por organizaciones criminales. Todo eso me parece que es nocivo y atenta contra la institucionalidad. Yo no soy contradictor de Gustavo Petro, pero sí un defensor de la institucionalidad.

El presidente también ha hecho varias declaraciones sobre el gravísimo estado de impunidad en el país. ¿Qué responderle a esos reclamos?

Pues que las cifras existen por algo. Tenemos más de 3.500 decisiones y sentencias judiciales contra corruptos en Colombia. Tenemos grados de impunidad que hace 30 años estaban en el 6 %, por ejemplo, en homicidios y hoy estamos entre el 55 o 56 % de esclarecimiento de esos casos. Yo lo que creo es que hay que mirar la historia de Colombia en términos propositivos y no en negativos. Cuando empiezo a decir que todo funciona mal, estoy partiendo de la base que el mundo empezó con Gustavo Petro y parece que terminaría con él. Eso no es cierto. Yo no vengo aquí a decirles que la Fiscalía General de la Nación es la mejor Fiscalía del planeta, eso no pasa. Ni es la mejor Fiscalía que ha logrado los más altos niveles de esclarecimiento. No. Pero nosotros recogimos una historia, positiva o negativa, de una entidad que había tenido 12 años de interinidades y hoy estamos entregando una entidad con los mayores niveles de esclarecimiento y además terminamos el periodo, algo que muchos ni siquiera apostaban en su momento, pues intentaron sacarme o por la vía judicial, o la política o la difamatoria. Entonces hoy la respuesta que nosotros damos es que el trabajo sí valió la pena y la defensa de la institucionalidad también.

Con este balance que hace del gobierno, ¿para dónde cree que va el país?

Yo creo que no va para ninguna parte. Creo que va a entrar en un periodo de incertidumbre mayor y espero que las instituciones permitan que el país mantenga, por lo menos, el nivel adecuado para que las nuevas autoridades gubernamentales, departamentales y municipales nos ayuden a que lleguemos con un país no tan fracturado al siguiente periodo electoral en 2026. Yo no veo ni avizoro ninguna claridad, ni frente a la paz total, que se convirtió en paz criminal; ni frente a la reactivación económica; ni frente a las grandes reformas de la justicia; ni frente al respeto institucional; ni frente a casi ningún tema. Lo que sí veo son grandes discursos, pero grandes oscuridades y tinieblas que van a tener que enfrentar los colombianos en los próximos dos años.

¿A qué se debe esa falta de cooperación con el Gobierno? ¿Es falta de confianza?

No. Repito: yo no tengo problemas personales con el presidente. Yo creo que cada quien hace lo que tiene que hacer. Él debe tener una visión de la Fiscalía diferente, al igual que yo tengo una visión de lo que pasa en el país. Eso fortalece también las ideas en el país. Cuando no tenemos que hablar no conversamos, pero cuando toca, lo hacemos. Creo que hay alguna desconfianza, me imagino yo, por parte de él conmigo y yo también tengo algún nivel de desconfianza con él.

Mencionaba que nunca había existido una confrontación tan fuerte entre la Fiscalía y un presidente. ¿Considera que una entidad tan poderosa como la Fiscalía debería meterse en estos asuntos políticos?

Yo creo que la Fiscalía siempre tiene que meterse en todos los asuntos relativos a la defensa de la justicia y la institucionalidad del país. Cuando a usted le quieren quitar las competencias, cuando le quieren mutilar la capacidad operativa, cuando le quieren quitar la posibilidad de que los colombianos tengan una mejor justicia, sería completamente irresponsable por parte del fiscal general no actuar. Yo no he generado una discusión que no sea una reacción a alguna propuesta inverosímil de este gobierno. Jamás he puesto sobre la mesa un tema para alterar el orden constitucional o la armonía institucional en mi país. A mí me pidieron suspender órdenes de captura con fines de extradición de personas que ni siquiera eran miembros de una organización política, sino paramilitar, que era el Clan del Golfo, y sin sustento jurídico. Yo me negué y se generó una controversia. Nos presentaron un proyecto de sometimiento, en donde se permitía que toda la cadena productiva del narcotráfico se beneficiara. Es natural que el fiscal general, que es quien además detenta la política investigativa contra el narcotráfico, reaccione.

Y aquí también aparece quizás el momento más polémico de su relación, que ocurrió cuando el presidente Petro dijo que era el jefe del fiscal…

A nosotros nunca nos habían atacado de forma tan directa la autonomía y la independencia que cuando el presidente dijo que era el jefe del fiscal. Y aquí quiero dejar otra cosa clara: nosotros ni siquiera hemos abierto investigaciones contra el presidente de la República. Han sido todos sus funcionarios los que públicamente han generado controversias que han llevado a que se abran investigaciones o han alertado incluso a la justicia para que se investigue. Al hijo del presidente de la República no se le investigó porque haya un interés de la Fiscalía en el asunto investigar. Eso se generó por una carta del presidente de la República que le remitió al fiscal general diciendo por favor investigaran a su hijo y a su hermano sobre cualquier hecho de violencia o de corrupción. Aquí nadie insistió para que apareciera una familiar del hijo del señor presidente de la República para que denunciara hechos de gravedad pública que hoy tienen una investigación judicial propia. Es decir, aquí no busquemos los problemas donde no están.

Usted asegura que no ha puesto los problemas, pero sí ha reaccionado a todo. “El que busca, encuentra”, dicen por ahí…

Los problemas no los genera el fiscal, salvo cuando se tratan de entrometer con las competencias y la institucionalidad. Claro que es difícil que haya ese tipo de controversias, pero vuelvo y repito: yo creo que el presidente Petro es consciente de que esto ayuda a la democracia. A veces el Ejecutivo cree que el Legislativo o que la rama judicial actúa de una u otra forma. ¿Qué le toca hacer a cualquiera de las ramas del poder público? Aguantar. Eso significa Estado de Derecho y Democracia. Lo contrario es totalitarismo y dictadura y Colombia sigue siendo un Estado de Derecho.

Si considera que muchas de las declaraciones del presidente Petro le resultan inverosímiles, ¿para qué reacciona a ellas? ¿Quizás le están ayudando a usted en términos políticos?

Yo no estoy pensando en política electoral en este momento. Estoy pensando en cuáles son los beneficios que tengo o no como fiscal o como ciudadano, después del ejercicio de fiscal. Yo lo único que hago es pensar en la entidad y en el beneficio del país. A mí lo que me interesa es que Colombia sea un lugar en donde yo pueda seguir viviendo los próximos 20 años.

Usted mencionó que ya tienen identificados territorios en los que ha salido la Fuerza Pública y la Fiscalía, pero en donde ya tienen pistas de que ahora es zona controlada por redes de narcotráfico. ¿Dónde está ocurriendo esto?

El departamento del Cauca es una zona que hoy está copada de criminalidad. Allí hace falta la institucionalidad, así como en el Catatumbo, en el sur del Meta, en el norte del Caquetá. Hay problemas muy serios. Pero también en Arauca, aunque aquí el asunto no es tan reciente. Hay preocupación por la circulación de disidencias en Chocó, y nos preocupa también la alta presencia del Clan del Golfo en el Bajo Cauca Antioqueño, y de Los Guardianes de la Sierra y Los Pachencas en la zona del Magdalena. Todos esos grupos ya existían, pero ahora el problema reciente es que han venido corriéndose hacia los cascos urbanos, generando una situación de incertidumbre que ha sido aprovechada, a propósito de la expedición de decretos de cese al fuego. Es claro que esas decisiones han cooptado la capacidad operativa de las fuerzas militares para responder adecuadamente a esas andanadas criminales e ilegales que no admiten otra cosa más que la resistencia y la defensa de la ciudadanía.

¿Va a renunciar antes de que termine su periodo?

Me quedan tres meses y 15 días.

¿Y los va a cumplir?

¡Obvio! Estamos muy contentos. Si no me fui antes, ¿cómo me voy a ir ahora que estamos a punto de terminar? Y porque, además, cuando uno asume un cargo, uno no se puede ir antes. Uno tiene que cumplir hasta el último minuto el cargo. La Corte Suprema me eligió por cuatro años. A mediados de enero iré a la Corte para agradecerles, para presentarles un reporte final de lo que hicimos, con las cifras y los resultados.

Ya en el ocaso de su administración, ¿sigue considerándose como el hombre más preparado de su generación?

No, no no. Yo creo que esa es una expresión que hay que recoger. Yo más bien me considero como una persona que respetó a la gente en Colombia, que respetó sus derechos y que, al mismo tiempo, me enorgullezco de haber defendido la institucionalidad y de darle un poquito de esperanza a tantos colombianos que lo único que ven son sombras y desastres.

¿Se arrepiente de esa declaración?

No. Yo creo que son declaraciones que en un momento determinado uno tiene que retomar y repensar. Creo que una cosa es la persona que llega a un cargo y otra la persona que lo entrega al final. Ahora, lo único que vale la pena no es hablar de uno, sino del sufrimiento de la gente y lo que le podemos dar a los colombianos. Creo que la política debe abandonar el “yoísmo” y tenemos que entrar más en el “nosotros”, en el colectivo y en pensar qué es lo que podemos hacer para ser un mejor país.

¿Se arrepiente de algo de su administración?

Me arrepiento de no haber dejado más metodologías investigativas para más delitos en Colombia. Esa era una meta que hubiéramos podido lograr, pero que desafortunadamente no lo hicimos debido a la falta de cooperación del Gobierno Nacional y de la articulación que nos impidió hacerlo.

¿Tiene un ejemplo?

Creo que hubiésemos podido llegar a más territorios rurales, pero no pudimos entrar por cuenta de la situación de orden público que tiene el país.

Dos jueces, el Tribunal de Bogotá y la propia investigación de la Sala de Instrucción de la Corte le han dicho a la Fiscalía que hay material suficiente para procesar al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos. Sin embargo, desde que el caso fue remitido a la Fiscalía, la tesis que se ha impuesto es la de pedir la preclusión. Hoy todo apunta a que ese proceso va inexorablemente hacia la prescripción. ¿Qué responsabilidad le cabe a usted como cabeza de la Fiscalía si el expediente termina prescrito?

Ninguna. No tengo ninguna responsabilidad personal. Lo único que tengo es un agradecimiento a todos los funcionarios que han cumplido adecuadamente con su deber y, al mismo tiempo, el respeto por la autonomía y la independencia de todos los fiscales que actuaron sin ningún tipo de presión por parte mía en esta administración. Ya hay un nuevo fiscal, porque al anterior se le vencieron sus términos, y ahora él tendrá que evaluar, en el marco de su autonomía si acusa al expresidente Álvaro Uribe o si se solicita la preclusión respectiva. Es un asunto que no me compete a mí ni me compete a mí como administración. Cada fiscal y cada proceso es independiente. Yo recibí muchos procesos que nunca empezaron en mi administración, entre ellos, el de Álvaro Uribe. Yo nunca le pedí a la Corte Suprema de Justicia que me mandara el proceso. La Sala de Instrucción lo remitió en septiembre del 2020, cuando había tomado incluso unas decisiones judiciales. Cuando llegó al despacho, inmediatamente se solicitó su libertad por parte de los apoderados. ¿Y qué hizo la Fiscalía? No la otorgó y fue ante un juez de control de garantías que fue la encargada de darle la libertad al expresidente Uribe. Entonces, en ese tema, creo que atribuir o no atribuir responsabilidades de casos a un fiscal general me parece que es miope cuando lo que hemos hecho es llevar la Fiscalía a los territorios.

¿Cree que va a cargar con esa carga del caso Uribe?

No. Vamos a cargar con que los colombianos se llevan la idea de que fue un fiscal con carácter, berraco y que frenó la andanada de ataques contra la institucionalidad colombiana en la década de los 20 en este país.