Luego de una sesión de la Junta de Inteligencia Conjunta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio a conocer las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los candidatos a la Presidencia. La reunión, realizada en la noche del 17 de octubre, se llevó a cabo después de que el presidente Gustavo Petro advirtiera sobre un posible atentado contra el senador y candidato Iván Cepeda.
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Las medidas, que según el ministro Sánchez fueron comunicadas en persona a cada candidato que participará en las elecciones de primera vuelta el 31 de mayo, contemplan priorizar y focalizar los esfuerzos de inteligencia para fortalecer los esquemas de protección de los aspirantes, sus familias, las sedes de campaña y los lugares donde desarrollan actividades proselitistas.
Además, señaló que otra conclusión es que Colombia debe mantener el intercambio de información con organismos de inteligencia de otros países para confirmar o descartar los datos que se reciben sobre posibles riesgos.
Como parte de la estrategia, el Gobierno anunció una recompensa de hasta COP 1.000 millones por información oportuna que permita prevenir o neutralizar cualquier intento de atentado contra candidatos presidenciales en Colombia.
El jefe de la cartera manifestó que “las amenazas contra la democracia son latentes y universales. Ataques contra precandidatos presidenciales en Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia nos recuerdan esa cruda realidad. Por ello, la respuesta debe ser permanente y articulada”.
En el caso colombiano, ese panorama remite a episodios como el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025 y la recientes amenazas contra candidatos como Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella.
En la mañana de este 12 de abril, la campaña de la senadora Valencia denunció haber recibido una amenaza de muerte: la imagen de una corona fúnebre con su fotografía, su nombre y la frase “descanse en paz”, que estaría circulando en redes sociales. El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó las amenzas contra la candida de su partido Centro Democrático.
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En el caso de De la Espriella, circularon en redes sociales publicaciones con amenazas de muerte. La Defensoría del Pueblo advirtió que se trata de “un nuevo hecho que genera preocupación sobre la seguridad y las garantías para el ejercicio democrático” y que se suma a las amenazas recientes contra Valencia bajo una modalidad similar.
La entidad agregó que “es grave que resulte tan sencillo y poco trazable que cualquier persona pueda poner a circular contenidos amenazantes en redes sin ninguna consecuencia. La difusión de este tipo de contenidos no puede normalizarse ni quedar en la impunidad”, y pidió a la Fiscalía General de la Nación actuar con celeridad para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y evaluar los riesgos contra la vida e integridad del candidato.
Bajo este contexto, el ministro explicó que desde hace un año el Gobierno activó el Plan Democracia para garantizar elecciones seguras y transparentes, en coordinación con distintas entidades del Estado. A través de este esquema se han reforzado los dispositivos de protección a candidatos presidenciales, incluyendo vehículos y personal de seguridad.
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De acuerdo con Sánchez, se han atendido 172 eventos de campaña con el despliegue de más de 6.000 uniformados entre militares y policías, como parte de las medidas para blindar el proceso electoral. Asimismo, indicó que ha sostenido comunicación directa con candidatos y candidatas presidenciales, a quienes les ha reiterado la disposición del Gobierno para garantizar su seguridad en articulación con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación.
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