Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ya enfrenta acciones legales por sus pronunciamientos contra el expresidente Gustavo Petro y su gestión durante el gobierno anterior. La exfuncionaria ha señalado al exmandatario en casos como el llamado "Pacto de Valledupar"; incluso ha dicho que fue amenazada cuando era una de sus funcionarias más cercanas.
La defensa del expresidente Petro, en cabeza del abogado Alejandro Carranza, radicó tres denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Además del asunto sobre un encuentro con antiguos jefes paramilitares para, al parecer, hacerlos declarar contra personajes en la política, los recursos también tienen que ver con el delito de calumnia e injuria y por hechos relacionados con recursos públicos.
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La primera denuncia tiene que ver con las declaraciones de Rodríguez en las que señala que supuestamente recibió instrucciones para coordinar un encuentro en Valledupar con el propósito de que exparamilitares, como Salvatore Mancuso, hicieran declaraciones en medios contra el expresidente Álvaro Uribe, el hoy mandatario Abelardo de la Espriella y el político Germán Vargas Lleras. Si bien Mancuso dijo que el supuesto "Pacto de Valledupar" existió, puntualizó que Petro nunca participó directamente en ese encuentro.
"Por instrucción de mi poderdante, me permito poner de presente que el expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego niega haber impartido a la señora Rodríguez Fajardo, ni a ningún otro servidor público, ni directamente ni por interpuesta persona, la instrucción de obtener de los exjefes paramilitares declaraciones contra los señores Uribe Vélez, De la Espriella y Vargas Lleras, ni contra ningún otro dirigente o candidato. El espacio de diálogo tenía por objeto la verdad y la paz, no la contienda electoral. Mi poderdante no se opone a que se esclarezca la totalidad del episodio", indica la denuncia que presentó el abogado Carranza.
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“No mandaría a Angie Rodríguez a que hiciera eso como ella lo inventa”, agregó el jurista en declaraciones públicas. La primera denuncia contra Rodríguez es por delitos como intervención en política, soborno y fraude a resolución judicial. También está dirigida al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
El segundo recurso es una querella que radicó el abogado de Petro y se enmarca en las recientes declaraciones que se reprodujeron en medios de comunicación sobre temas como los títulos de Juliana Guerrero, el Pacto de Valledupar, la relación con Verónica Alcocer y el supuesto consumo de drogas. Señalamientos que, según el abogado, no tienen sustento ni pruebas por parte de Rodríguez.
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"En cada entrevista la acusación fue más grave que en la anterior: de una relación ‘que no era normal’ pasó a un ‘pacto de silencio criminal’, de ahí a una orden para manipular las elecciones con testimonios de paramilitares, y al final al consumo de drogas y a la posible presencia de menores de edad. En ninguna presentó una prueba", se lee en el documento.
La tercera denuncia, según indica el documento, tiene que ver con un caso de retiro de dólares y euros con cargo a recursos públicos en los viajes oficiales del presidente de la República y su legalización con soportes que no corresponderían a los gastos ni a las circunstancias reales de esos viajes. Los delitos que relaciona el abogado son peculado, falsedad en documento y eventual enriquecimiento ilícito, por el presunto mal manejo de la caja menor del Dapre.
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Según se lee en el documento, durante viajes internacionales oficiales, Rodríguez habría retirado sumas de dinero en dólares y euros con cargo a recursos públicos destinados a gastos de viaje, viáticos o avances. Para legalizar esas sumas, Rodríguez habría entregado facturas y otros soportes que no corresponderían a los gastos efectivamente realizados ni a las circunstancias reales de cada viaje del presidente de la República.
Esto incluiría supuestos gastos que no se hicieron, valores distintos de los pagados, o conceptos, lugares y fechas que no coinciden con lo que ocurrió en el viaje. "El objeto de esta denuncia es que se establezca, viaje por viaje, si la señora Rodríguez Fajardo retiró o dispuso de dólares y euros con cargo a recursos públicos y si los soportes con que los legalizó corresponden a la realidad", señala la denuncia. Los recursos ya están en poder de la Fiscalía, que tendrá que avanzar en las investigaciones del caso.
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