En 2024, el Ministerio de Justicia presentará un proyecto de acto legislativo que le quitaría poder a la Procuraduría y a la Contraloría. La iniciativa gubernamental busca establecer que “el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control, no tendrán funciones jurisdiccionales y no podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular”.
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De acuerdo con el borrador del texto que alista la cartera de Justicia, se ajustarán las competencias de las dos entidades y “tiene como propósito principal proteger la democracia representativa, cumplir las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos políticos y fortalecer la Rama Judicial del poder público”.
Adicionalmente, con el documento, el gobierno quiere ser preciso con las competencias que tendrá la Procuraduría, algo que, desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, ha sido un choque entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. El proyecto, según reza, busca “redefinir el marco constitucional de su función de intervención judicial para, entre otras, armonizarla con el sistema penal oral acusatorio y racionalizar los recursos públicos”.
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Asimismo, argumenta el Gobierno en el texto, que pare de la reforma que quieren hacer se cimienta en obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado colombiano y que, según el Ministerio, aún no se ha cumplido. El Ejecutivo manifiesta que el proyecto en sí tiene seis principales finalidades:
Las seis principales finalidades del proyecto:
- Armonizar el derecho interno con el derecho internacional mediante el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano, en particular, las previstas en los artículos 8 (garantías judiciales) y 23 (derechos políticos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Darle cabal cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia, en los términos del artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la obligación de los Estados partes de dicha Convención de “cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.
- Fortalecer el funcionamiento del sistema democrático en consonancia con el derecho Internacional Interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, en relación con las condiciones para el ejercicio y para la limitación de los derechos políticos.
- Afirmar y precisar las competencias de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República como órganos constitucionales autónomos y órganos de control con funciones administrativas. Y por lo tanto no pueden ni tienen competencia para limitar el ejercicio de los derechos políticos de los y las ciudadanas a ser elegidos a, y a ejercer, cargos públicos de elección popular.
- En relación con la Procuraduría General de la Nación, por una parte, precisar y ampliar sus competencias como cabeza del Ministerio Público en relación con sus funciones de defensa y promoción de los derechos fundamentales y con sus funciones preventivas para la protección del interés público. Y por otra parte, limitar y precisar sus funciones de intervención judicial y administrativa para armonizar sus competencias con el sistema penal oral acusatorio y racionalizar los recursos estatales.
- Persigue el fortalecimiento de la Rama Judicial del poder público mediante la atribución de facultades extraordinarias al presidente de la República para concretar el traslado o reubicación de procuradores judiciales y demás funcionarios de la Procuraduría General de la Nación a la Rama Judicial.
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El hoy presidente Gustavo Petro ha tenido un historial de tensiones y peleas con la Procuraduría, pues en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, fue destituido e inhabilitado por el Ministerio Público. Con la decisión, Petro inició una batalla jurídica a nivel internacional, la cual ganó y derivó en su regreso a la Alcaldía y con la petición de la Corte IDH de reformar el ente de control.
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