:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/b7e3c56f-28f1-44db-aee3-8ff63409b319.png){kind=small}
:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/sPnbBrNn8s7Yj1GakmBteSUl_A8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/BH66P2NSUBHTLFGAMLBSABOQU4.jpg)
Sandra Borda es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota y profesora de la Universidad de Los Andes. Justo este año lanzó el libro Parar para Avanzar, sobre el Paro Nacional que se tomó las calles de Colombia a finales de 2019. Además, fue una de las demandantes detrás de la tutela que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y que terminó ordenándole al Gobierno pedir perdón por los excesos de la Policía en las protestas de noviembre y diciembre del año pasado. En diálogo con El Espectador Borda habló sobre sus impresiones de la decisión y cómo llega al momento que vive el país en el que la violencia policial ha llevado otra vez a la gente a las calles a protestar.
(En contexto: Rol de la fuerza pública en protestas es sistemáticamente arbitrario: Corte Suprema)
Usted escribió en un trino que esta es la primera tutela de la que participa, que además llega después de que usted lanzara un libro sobre el Paro Nacional de 2019, ¿cómo recibe esta decisión de la Corte Suprema?
Es como un parte de tranquilidad para el Estado de derecho y para la división de poderes en este país. Lo que está haciendo la Corte es confirmarnos a los ciudadanos que tenemos unos derechos particulares, entre los cuales está el derecho a la protesta. Y la señal que ha mandado la Corte es que, a pesar de que el poder Ejecutivo no se ha querido esgrimir como garante de esos derechos, los jueces, como contrapeso, están dispuestos a garantizarlos a costa de lo que sea. Adicionalmente, creo que hay una apuesta gruesa por que el Gobierno reconozca que ha fallado y que la decisión le ordene al ministro de Defensa disculparse por el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones del año pasado en medio de esta coyuntura es supremamente importante. La ciudadanía de este país necesita saber que el derecho a la protesta es un derecho que está vigente y es un derecho del cual pueden hacer uso.
La Corte es muy incisiva en decir que el Esmad tiene un vacío grande porque no ha logrado restablecer el orden sin violar los derechos de los ciudadanos, ¿si no es con el Esmad cómo garantizar el orden en las protestas?
La Corte lo que le está diciendo a la Policía es que ya existe un manual de operaciones que ellos tienen que obedecer. Ese manual de operaciones incluye el no uso de la fuerza letal contra los ciudadanos que se manifiestan. Y lo que está pidiéndole, adicionalmente, al Gobierno es que haya un compromiso institucional más claro y honesto con las reglas de juego de la protesta. En una parte le solicitan diseñar un estatuto que defina esas reglas: qué es lo que puede hacer cada quién y, sobretodo, que le ponga límites al uso de la fuerza. Es decir, invita al uso proporcional de la fuerza, que creo que es algo que tenemos que empezar a discutir y definir con seriedad, porque cuando hay protestas violentas o atentados contra la infraestructura la respuesta de la Policía no puede ser asesinar a una docena personas.
(Le puede interesar: La resonancia de la protesta en Colombia: Parar para Avanzar)
Allí la Corte está invitando al Gobierno a que se siente en una mesa conjunta con la ciudadanía para definir las reglas. Es importantísimo eso: que sea una mesa colectiva, porque no puede ser el Gobierno, ni el Congreso dictándole a los ciudadanos qué es lo que pueden y no pueden hacer en la protesta. Es un ejercicio mucho más comprehensivo que eso.
Mucho más participativo...
Exacto. Que tiene todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta que los que salen a protestar son los ciudadanos. No tendría mucha razón de ser que, en el ejercicio de definir las reglas del juego de esa protesta, dejaran por fuera a los ciudadanos.
¿Hay ejercicios de una política pública así en algún lugar, para que Colombia sepa a dónde mirar?
No las tengo registradas en este momento, pero en el país hay gente que sí ha hecho ese ejercicio. Por ejemplo, Temblores ONG se ha dedicado a mirar comparativamente la fuerza policial en escenarios de protesta en muchos lugares de América Latina y, seguramente, vamos a tener para dónde mirar a la hora de sentarnos a hacer lo que la Corte nos pide que hagamos. Sin embargo, yo creo que lo importante va a ser que el Gobierno acate la decisión de la Corte. Porque lo que le están ordenando es, primero, un acto de perdón y, luego, que se siente a generar política pública para evitar que lo que ha sucedido en el pasado en materia de abuso policial hacia los ciudadanos se repita. Pero no me cabe la menor duda de que lo que va a haber es gente que ha estudiado a fondo la Policía para iniciar esta conversación.
¿Uno cómo le explica esta decisión judicial al ciudadano que simplemente está enfadado e inconforme y necesita salir con el fallo de la Corte debajo del brazo?
Parte de lo que nos ha sucedido es que la gente ha comenzado a asociar el ejercicio de la democracia única y exclusivamente con la votación. Y han empezado a pensar que la única forma de participar en política es votando por alguien; que la democracia no se puede ejercer de otra forma. Es súper importante que volvamos a lo básico e insistamos otra vez que la protesta es un ejercicio democrático. Está consagrado en la Constitución y es el ejercicio de participación al que acuden aquellas personas que, por una razón u otra, no han podido encontrar un partido o un líder político que represente sus angustias, sus ansiedades, sus agravios.
(Lea también: Estos fueron los abusos policiales durante las manifestaciones en Bogotá)
A veces los vasos conductores entre la clase política y la sociedad se deterioran y, en esos casos, es muy importante que entendamos que podemos manifestarnos directamente y podemos levantar la voz sobre las expectativas que tenemos de lo que debe hacer el Estado. Si cerramos ese canal, le estamos quitando un brazo y una pierna a la democracia. Así como hoy es abuso policial, mañana lo que nos puede llevar a la calle es el desempleo, pasado mañana la educación, y en todos esos problemas va a haber poblaciones diversas afectadas. El derecho a la protesta es un escenario en el que nos permitimos generar solidaridades hacia los problemas de los otros y, en un ejercicio de acción colectiva, tratar de ayudar a resolverlos levantando la voz y tratando de hablar directamente con los que toman las decisiones.
¿Servirá esta decisión judicial, sumada al asesinato de Javier Ordóñez y a los de las otras 13 personas que murieron en las protestas posteriores, para motivar un cambio en la Policía?
Quién sabe. Lo que sí puedo decir es que este fallo llega en una coyuntura y en un escenario en el que la protesta social está más amenazada que nunca. El llamado que está haciendo la Corte es: ya lo hicieron el año pasado, esto no puede volver a ocurrir. Es un llamado a las instituciones en general, porque no recae solamente sobre el Ejecutivo, sino que también le están llamando la atención a la Fiscalía por los allanamientos que hizo antes de la protesta del 21 de noviembre. Entonces, como el mensaje es generalizado, el interlocutor de la sentencia no es solamente el Gobierno, son todas las instituciones. El mensaje es que se apeguen a la letra de la Constitución y respeten el derecho de la gente a disentir pública y masivamente contra su Gobierno.
(Lea: Juez envía a la cárcel a dos policías investigados por muerte de Javier Ordóñez)
Otro llamado fuerte al Gobierno tiene que ver con la no neutralidad que mantuvo durante todo el paro nacional del 2019, ¿qué está diciendo la Corte ahí?
Que el Gobierno y el poder Ejecutivo no es un opinador más de uno de estos programas que escuchamos en las noches. La función del Gobierno es garantizar la protesta social, independientemente, de que esté de acuerdo o no con las demandas de la gente que está en la calle. Y no es función del Gobierno opinar sobre eso. Es función del Gobierno, eso sí, garantizar el derecho a la protesta. Sería ideal que también iniciaran una conversación con la gente que se manifiesta para ver cómo se solucionan los agravios que llevaron a esa protesta, pero son libres de hacerlo o no.
Lo que definitivamente no puede hacer el Ejecutivo es jugar a la estigmatización: el señalamiento, los juicios infundados, presentar ante la sociedad la protesta como si fuera el enemigo nacional. Esto no es algo de buenos y malos, dice la Corte, y no le corresponde al Gobierno decir quién está del lado de los buenos y quién del lado de los malos. Entre otras cosas, es un llamado muy lógico porque se supone que el Ejecutivo nos representa a todos y debería estar en condiciones de sobreponerse a la diferencia. Pero lo que dice el fallo es que se han dedicado a estigmatizar y a poner en peligro a la gente que está ejerciendo sus derechos.
(Lea: Javier Ordóñez: detalles de su necropsia que comprueban lo violento de su muerte)
Al Gobierno le queda un chance: ir ante la Corte Constitucional ¿Cómo sería el escenario allí?
Ni idea. Yo solamente puedo decir que los argumentos de la Corte Suprema me parecen totalmente ajustados a los principios de la Constitución. Y, si la función de la Corte Constitucional es revisar que esas decisiones estén en línea con la Constitución, no tendría por qué cambiar nada. Pero más allá de eso me queda como difícil como predecir qué podría pasar allí.
Otra cosa que llama la atención es que la Corte Suprema cita mucho los pronunciamientos de Human Rights Watch, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que son instituciones que este Gobierno ha atacado particularmente...
Sí, y que no debería porque nosotros hacemos parte de los convenios internacionales que le dan mandato a esas instituciones. O sea, nosotros voluntariamente hacemos parte de Naciones Unidas, voluntariamente hacemos parte de la Organización de Estados Americanos. Es decir, la Comisión y el Alto Comisionado son autoridades a las que nosotros mismos les hemos dado mandato porque constantemente les hemos dado señal de que creemos en las normas, en los derechos fundamentales de la gente y que, si a veces no los respetamos, es porque somos un Estado débil. Pero nosotros nunca le hemos dicho a la comunidad internacional que cuestionamos ese tipo de normas. Entonces, eso que hace la Corte de invocar a los defensores y a las instituciones internacionales de derechos humanos no debería contradecir la posición del Gobierno desde ningún punto de vista. En teoría, si firmamos esos tratados estamos de acuerdo con la función clarísima que tiene el Estado colombiano de defender los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos.