“Este proceso en mi contra es una vagabundería”, dice el periodista Alfredo Serrano

Alfredo Serrano es un periodista polémico. El autor de Paracos se dedicó a escribir sobre la relación de estos grupos ilegales con la política y publicó después Las siete vidas de la Gata: La historia de Enilce López. En él contó los posibles nexos de la empresaria del chance con paramilitares y líderes costeños. Y es precisamente la contraportada de ese libro, y algunas de sus páginas internas, las que lo tienen ad portas de una imputación de cargos por injuria y calumnia.

El 4 de octubre de 2011, meses después de que su libro fuera publicado, a Serrano le llegó la primera notificación de que Libardo Simancas, exgobernador de Bolívar, lo estaba denunciando porque consideró que la alusión del periodista a sus vínculos con alias la Gata eran una afrenta a su buen nombre. En ese momento, quien fuera el gobernador de Bolívar entre 2004 y 2007 se enfrentaba a un proceso por parapolítica.

Las investigaciones contra Libardo Simancas comenzaron en 2009. Es decir, antes de que se publicara el libro de Alfredo Serrano. Inicialmente, la Unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía lo sindicó de “haber llevado contactos con cabecillas paramilitares a fin de obtener su apoyo para ganar las elecciones de octubre de 2003”. El expediente siguió creciendo y pasó a manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

En agosto de 2009, Libardo Simancas se entregó a las autoridades y aceptó ante los medios de comunicación que era amigo de Enilce López: “Soy inocente y no necesité del apoyo de los paramilitares para ser gobernador”, dijo en esa ocasión. Ante la Corte Suprema, sin embargo, terminó siendo un “confeso auspiciador del paramilitarismo”. La Fiscalía demostró que en 2003, en la llamada “reunión de El Caramelo”, se cocinó el apoyo del jefe paramilitar Úber Enrique Bánquez, alias Juancho Dique, a su candidatura. Enilce López, la Gata, también participó.

Ante la claridad de los nexos entre Libardo Simancas y los paramilitares, contenida en un fallo judicial cuya condena fue de tres años y siete meses de prisión, el escritor Alfredo Serrano creyó que la investigación en su contra por la supuesta injuria y calumnia que había cometido contra el exgobernador de Bolívar se había archivado. En una carta que le envió al exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora en diciembre pasado, Serrano manifestó que incluso había considerado denunciar a Simancas por mentiroso.

Se equivocó. La investigación en la Fiscalía seguía su curso. En diciembre de 2015 le llegó una citación para que fuera hasta Cartagena, donde la Fiscalía Local 37 le imputaría los cargos que ya había dejado en el olvido. Como vive en Bogotá, y allí mismo tiene sede la editorial que publicó el libro en el que se cometió el supuesto delito, solicitó el traslado del expediente a la capital. Además, teme que en un juzgado en Cartagena se viole su derecho a un juicio justo. “Es bien conocido el grado de infiltración y control que ejercen la Gata y su clan en la región Caribe”, explica.

Fue por estos motivos que en enero pasado le pidió a la Fiscalía que lleva su caso que “se abstenga de seguir adelantando la indagación” en su contra, pues “su despacho carece de competencia territorial” sobre la misma. Serrano dice que la solicitud jamás fue respondida por la Fiscalía.

El Espectador consultó con voceros del ente investigador, quienes afirmaron que la transferencia del expediente sólo es posible con una orden del fiscal Eduardo Montealegre. Y como esa orden aún no existe, el próximo miércoles 2 de marzo el periodista y escritor Alfredo Serrano tendrá que presentarse en la sala de audiencias de un complejo judicial de Cartagena para que la Fiscalía le notifique que será investigado por haber, supuestamente, injuriado y calumniado al confeso parapolítico Libardo Simancas.

Para el periodista Serrano, “todo esto hace parte de un hostigamiento judicial que ya denuncié ante la Defensoría y la Procuraduría. Es una persecución contra la libertad de prensa”. Serán la justicia y los entes de control los que definirán el curso de este proceso que, para Alfredo Serrano, es ante todo, “una vagabundería”.

Alfredo Serrano es un periodista polémico. El autor de Paracos se dedicó a escribir sobre la relación de estos grupos ilegales con la política y publicó después Las siete vidas de la Gata: La historia de Enilce López. En él contó los posibles nexos de la empresaria del chance con paramilitares y líderes costeños. Y es precisamente la contraportada de ese libro, y algunas de sus páginas internas, las que lo tienen ad portas de una imputación de cargos por injuria y calumnia.

El 4 de octubre de 2011, meses después de que su libro fuera publicado, a Serrano le llegó la primera notificación de que Libardo Simancas, exgobernador de Bolívar, lo estaba denunciando porque consideró que la alusión del periodista a sus vínculos con alias la Gata eran una afrenta a su buen nombre. En ese momento, quien fuera el gobernador de Bolívar entre 2004 y 2007 se enfrentaba a un proceso por parapolítica.

Las investigaciones contra Libardo Simancas comenzaron en 2009. Es decir, antes de que se publicara el libro de Alfredo Serrano. Inicialmente, la Unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía lo sindicó de “haber llevado contactos con cabecillas paramilitares a fin de obtener su apoyo para ganar las elecciones de octubre de 2003”. El expediente siguió creciendo y pasó a manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

En agosto de 2009, Libardo Simancas se entregó a las autoridades y aceptó ante los medios de comunicación que era amigo de Enilce López: “Soy inocente y no necesité del apoyo de los paramilitares para ser gobernador”, dijo en esa ocasión. Ante la Corte Suprema, sin embargo, terminó siendo un “confeso auspiciador del paramilitarismo”. La Fiscalía demostró que en 2003, en la llamada “reunión de El Caramelo”, se cocinó el apoyo del jefe paramilitar Úber Enrique Bánquez, alias Juancho Dique, a su candidatura. Enilce López, la Gata, también participó.

Ante la claridad de los nexos entre Libardo Simancas y los paramilitares, contenida en un fallo judicial cuya condena fue de tres años y siete meses de prisión, el escritor Alfredo Serrano creyó que la investigación en su contra por la supuesta injuria y calumnia que había cometido contra el exgobernador de Bolívar se había archivado. En una carta que le envió al exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora en diciembre pasado, Serrano manifestó que incluso había considerado denunciar a Simancas por mentiroso.

Se equivocó. La investigación en la Fiscalía seguía su curso. En diciembre de 2015 le llegó una citación para que fuera hasta Cartagena, donde la Fiscalía Local 37 le imputaría los cargos que ya había dejado en el olvido. Como vive en Bogotá, y allí mismo tiene sede la editorial que publicó el libro en el que se cometió el supuesto delito, solicitó el traslado del expediente a la capital. Además, teme que en un juzgado en Cartagena se viole su derecho a un juicio justo. “Es bien conocido el grado de infiltración y control que ejercen la Gata y su clan en la región Caribe”, explica.

Fue por estos motivos que en enero pasado le pidió a la Fiscalía que lleva su caso que “se abstenga de seguir adelantando la indagación” en su contra, pues “su despacho carece de competencia territorial” sobre la misma. Serrano dice que la solicitud jamás fue respondida por la Fiscalía.

El Espectador consultó con voceros del ente investigador, quienes afirmaron que la transferencia del expediente sólo es posible con una orden del fiscal Eduardo Montealegre. Y como esa orden aún no existe, el próximo miércoles 2 de marzo el periodista y escritor Alfredo Serrano tendrá que presentarse en la sala de audiencias de un complejo judicial de Cartagena para que la Fiscalía le notifique que será investigado por haber, supuestamente, injuriado y calumniado al confeso parapolítico Libardo Simancas.

Para el periodista Serrano, “todo esto hace parte de un hostigamiento judicial que ya denuncié ante la Defensoría y la Procuraduría. Es una persecución contra la libertad de prensa”. Serán la justicia y los entes de control los que definirán el curso de este proceso que, para Alfredo Serrano, es ante todo, “una vagabundería”.