El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó oficialmente el proyecto de ley de sometimiento de grupos criminales en el Congreso, esperando que en esta última legislatura sea aprobada una de las banderas iniciales del gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa tiene 81 páginas, muestra una amplia oferta de beneficios a criminales que quieran someterse a la justicia y dispone el camino jurídico para que los procesos lleguen a buen puerto.
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La Fiscalía General de la Nación, asegura el ministerio de Justicia, dio su voto favorable al proyecto de ley. De acuerdo con lo propuesto, cualquier organización al margen de la ley, sin importar si tiene un estatus político o no, podrá acceder al tratamiento penal especial. Para los líderes de los grupos criminales, que podrán ser desde el Clan del Golfo hasta las bandas locales del Valle del Aburrá, Buenaventura o la Costa Caribe, se plantean penas de entre cinco y ocho años de cárcel. Para los integrantes rasos se proyecta la terminación de sus procesos.
Si el proyecto se hace ley, el sometimiento partirá de la negociación que pueda alcanzar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con la estructura criminal, entre quienes se pactará un preacuerdo. Luego de ello, la entidad de gobierno hace una lista que es presentada a la Fiscalía, con el nombre de los integrantes que planean desmovilizarse. Ahí inicia el momento crucial del proceso, cuando el ente investigador hace el interrogatorio a los listados.
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En ese interrogatorio, los integrantes explicarán " las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos; hechos que sean anteriores a su desmovilización, así como la identidad de las víctimas de las que tenga conocimiento. En la misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación colectiva de las víctimas".
Luego de ello, según el proceso planteado, la Fiscalía adelantará labores de investigación para constatar la veracidad de la información aportada por los postulantes. Un punto de suma importancia, dado que al ente investigador se le encargó de identificar los patrones de macrocriminalidad, es decir, los delitos sistemáticos y a gran escala. De la misma forma, las víctimas tendrán derecho a presentar de forma escrita la información que consideren relevante para el caso.
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Con la información existente hasta ese momento, la Fiscalía podrá solicitar ante jueces de control de Garantías audiencias de imposición de medidas de aseguramiento preventivas. Ese tiempo contará para el computó de la sentencia final, que, como se ha dicho ampliamente, en el peor de los casos no será superior a los ocho años. Luego de ello, según el proyecto, viene el proceso base de todo el sistema: la presentación del escrito de acusación y de aceptación de cargos.
Ese documento será el soporte legal de todo el proceso. Según el proyecto de ley, en un término de un año, desde la finalización de los interrogatorios, el ente investigador deberá elaborar el escrito de acusación que será colectivo y no individual. El escrito no solamente será de conocimiento de los postulados, sino también de las víctimas para que presenten sus observaciones en un término de dos meses. Luego de ello, se realizará la audiencia concentrada de aceptación de cargos, que es el punto cúspide del proceso.
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Pero antes de que el proceso finalice, un juez de la República verificará que el escrito de acusación delimite una determinación clara e integral de los hechos, la explicación de los delitos cometidos, la identificación de las víctimas reconocidas en el proceso, la determinación de los daños a las víctimas y a los territorios, quienes son los máximos responsables y la identificación de los demás miembros que no hayan tenido un rol de dirección, pero que sí hayan podido cometer graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
El proyecto de ley aclara que, si el escrito de acusación no se presenta dentro de los 18 meses siguientes a la privación de la libertad de los postulados, de inmediato quedarán en libertad. Cabe aclarar que este proyecto de ley también favorece a aquellas personas que, de manera individual, quieran someterse a la justicia. Para ello, deberán suscribir un acta de sometimiento, la cual será vigilada por la Fiscalía, cuyo trabajo será evaluar y decidir si hay un suficiente aporte a la verdad, a la reparación colectiva de las víctimas y al desmantelamiento de organizaciones criminales.
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