:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/ER7DUIJ6YZAGFI4AHFU6DCGY2A.jpg)
Dos días le tomó a la Sala Plena de la Corte Constitucional discutir sobre la iniciativa del Gobierno de reactivar la economía del país con una modificación a la Ley de Garantías que le abrió la puerta a que se suscribieran contratos previo a la época electoral. La iniciativa del Gobierno Duque llegó al alto tribunal por cuenta de 28 demandas que reposaron en el despacho de la magistrada Diana Fajardo quien consideró pertinente dejar sin piso esa intención. La ponencia fue acompañada por siete de sus ocho compañeros.
La Corte dijo que el Congreso incurrió en una falla de procedimiento, pues tramitaron la modificación de la Ley de Garantías bajo la modalidad de una ley ordinaria, y no a través de una ley estatutaria como está previsto. Además, el error del Gobierno fue que incluyó esa modificación en la Ley de Presupuesto y con ello vulneró la “unidad de materia”. Es decir, que el cambio a la norma que quedó en firme desde noviembre del año pasado no guardaba ninguna relación ni coherencia temática con el articulado que acompañaba la actual Ley de Presupuesto.