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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de imputar a 25 personas que habrían ejecutado 303 ejecuciones extrajudiciales (conocidos como falsos positivos) en el departamento de Casanare. De esa red criminal, según la Sala, participaron 22 militares, un agente del DAS y dos civiles, quienes, entre 2005 y 2008, presentaron a civiles, en su mayoría entre los 18 y 24 años, como miembros de la guerrilla caídos en enfrentamientos con la Fuerza Pública. En el documento con el que la JEP imputa cargos a los 22 uniformados se encuentra un general, mayores, capitanes y tenientes de la brigada XVI del Ejército.
El Espectador hace un recuento de algunos de los perfiles de los altos oficiales hoy formalmente investigados por esta justicia y que son considerados como máximos responsables de esta acción criminal.