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La Procuraduría General y la actual alcaldía de Cartagena definieron, en las últimas horas, tres frentes de trabajo dirigidos a la vigilancia y seguimiento al proceso de empalme con la anterior administración y las adjudicaciones de contratos de esa ciudad. Esto, en el marco del pacto de transparencia al que se comprometió el nuevo mandatario, Pedrito Pereira.
El primer frente de contrajo tiene que ver, según el Ministerio Público, con el proceso de empalme con la alcaldesa (e) Yolanda Wong Baldiris, quien estuvo al frente de ese cargo desde el pasado 7 de junio, tras la suspensión de la elección del anterior mandatario, Antonio Quinto Guerra, por parte del Tribunal del departamento de Bolívar. (Lea también: Pedrito Pereira fue designado como nuevo alcalde de Cartagena)
Esta intervención, acordada tras una reunión entre Pedrito Pereira y el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, comenzará a primera hora de este jueves y contará con la participación de la Procuraduría Provincial de Cartagena que, preventivamente y si así lo desea, podrá realizar recomendaciones o sugerencias al proceso de empalme.
El segundo frente de trabajo, de acuerdo con el Ministerio Público, está relacionado con el seguimiento a la agenda de los temas de La Heroica y que tienen que ver, entre otras cosas, con el edificio Aquarela y los riesgos que representa para la Cartagena como patrimonio de la humanidad. También harán seguimiento a los contratos con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe S.A.), el POT, medio ambiente y salud, entre otros temas. (Le podría interesar: El duro mensaje a la Alcaldía de Cartagena por la recuperación del espacio público)
Por último, el tercer frente, que comenzará su implementación en noviembre, según el Ministerio Público, tendrá que ver con un seguimiento a las contrataciones que tiene proyectada la alcaldía de Cartagena, entre ellas, el alumbrado público y la sistematización de la Secretaría de Tránsito. El órgano de control hará seguimiento a ese frente a través de la Procuraduría delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
Por Redacción Judicial
