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Cuando comenzó a aplicarse la Ley de Justicia y Paz, el país se estremeció con las verdades que afloraban de boca de los ‘paras’. Su crueldad y su sevicia causaron una fuerte impresión en todos los que conocieron sus relatos. Sin embargo, la verdad paramilitar es apenas uno de los rostros del conflicto colombiano. Ahora que los guerrilleros también pueden acceder a los beneficios de Justicia y Paz, se abrió una puerta para saber de otras realidades de la guerra. Así lo deja ver el testimonio de Raúl Agudelo Medina, el primer guerrillero que se sometió a esta norma y que irá a juicio con base en lo que ha confesado.
Los inicios
A sus 13 años, cuando cursaba quinto de primaria en la escuela José Joaquín Matallana del corregimiento Santiago Pérez, municipio de Ataco (Tolima), Raúl Agudelo Molina tuvo su primer contacto con la guerrilla. Corría el año de 1984 y, junto a otros muchachos de la región, entró a fortalecer el centro ‘Che Guevara’, que impulsaba el Partido Comunista, empeñado en apoyar los diálogos de paz promovidos durante el gobierno del presidente Belisario Betancur.
Según Agudelo Molina, quien llegó a ser integrante de la Comisión Financiera del Comando Conjunto Central de las Farc, en esa primaria militancia en las Juventudes Comunistas (Juco) aprendió que “los actos contra la Fuerza Pública eran reivindicativos de una causa noble” y, al igual que sus colegas, asumió que la combinación de las formas de lucha era aplicable en campos y ciudades. “Nos enseñaron a salir a las marchas de protesta, pero también a empuñar los fusiles”.
La respuesta no duró mucho. Un grupo de autodefensas conocido como “El rojo ata”, aliado con personal del Batallón Caicedo con sede en Chaparral (Tolima), desató una andanada de violencia contra la guerrilla y sus bases de apoyo político en la región. Bajo la orientación del dirigente comunista Demetrio Aldana, años después asesinado cuando aspiraba a la alcaldía de Planadas, el grupo de jóvenes militantes fue ubicado en el municipio de Cajamarca, para recobrar las tareas.
Ya era 1986 y, según Agudelo Molina, rápidamente volvió a su doble militancia. En el día cumplía labores de movilización de municiones, equipos de campaña, reatas y fornituras para los milicianos de las Farc y en la noche estudiaba en el colegio departamental. Con el paso de los días, logró infiltrarse como supuesto aseador de la Policía Vial, pero al ser descubierto huyó a Ibagué, donde a sus 17 años empezó su labor de formación como guerrillero y dirigente político.
En la vereda Cataimita, en área rural de Ibagué, el frente 21 de las Farc constituyó una escuela de milicianos, a la que se sumó el recién llegado. Desde la instrucción política en marxismo o en la obra revolucionaria del Che Guevara, hasta el
manejo de explosivos hurtados de las canteras de la zona, poco a poco fue forjando su perfil subversivo. “Participábamos en cuanta protesta o paro cívico había y, como agitadores, nos encargábamos de sabotear el transporte urbano”.
Un guerrillero ‘curtido’
A principios de los años 90, después de tomar varios talleres para el uso de explosivos y persistir en sus labores de sabotaje político, Agudelo fue integrado al frente 21, que empezó a ser orientado por William Manjarrés, alias Adán Izquierdo. Entonces, con apenas 22 años, ya era un experto reclutador de universitarios o de jóvenes de los barrios populares para vincularlos a las Farc, al tiempo que desplegaba habilidades para la movilización de armas y ubicación de caletas.
Lo que vino después fue una larga lista de delitos que Agudelo compiló juiciosamente por escrito. Participó en labores de “limpieza social” para ajusticiar delincuentes comunes en Ibagué, en el desmantelamiento de reductos paramilitares en el sur del Tolima y en incontables secuestros extorsivos. El primero de ellos, en 1994, a Eduardo Rodríguez, propietario de una ferretería. Sin embargo, fue identificado por inteligencia militar y por eso las Farc lo trasladaron a Cali.
Una vez en la capital del Valle, siguieron las acciones de guerra. Ataque al Batallón Pichincha y a la Escuela de Carabineros, cobros de secuestros, atentados contra la infraestructura eléctrica y quema de vehículos. Paradójicamente, en Cali, en septiembre de 1995, nació su hija, hoy de 13 años. No obstante, entre el Tolima y el Valle, Agudelo se mantuvo en la violencia. De hecho, fue el responsable de movilizar desde Ecuador un cargamento de fusiles AK-47 para las milicias del Cauca.
Siempre alternó labores militares y políticas. Un día promovía el proselitismo armado en el Cauca y otro formaba células urbanas en Cali, participando en la instalación de cargas explosivas contra sedes políticas, instituciones bancarias o ejecución de infiltrados, delincuentes comunes o miembros de la Fuerza Pública. A finales de los años 90 fue designado como jefe financiero del Comando Conjunto Central y coordinador de milicias urbanas en el occidente del país.
Desde entonces, al lado de Adán Izquierdo, lideró una doble misión: la reestructuración de milicias urbanas en varios municipios del Tolima y el Valle y la coordinación de decenas de secuestros. Cuando las Farc anunciaron en 2000 su supuesta ley 002 para retener a quienes se negaran a financiar a la guerrilla, Agudelo Medina envió más de 300 cartas extorsivas e hizo de las suyas en sectores industriales, empresariales, transportadores, cooperativas o gremios económicos.
En nombre de la guerra contra las autodefensas, Agudelo también ejecutó varios crímenes. Atentó contra una escuela de seguridad privada, a la que llamó “fachada del paramilitarismo”; en 1998, lideró la “primera ofensiva contra los paramilitares” en zona rural de Rioblanco (Tolima), la cual realizó con 300 guerrilleros, y secuestró a presuntos financiadores de ‘paras’. La Fuerza Pública también fue objeto de sus acciones: atacó estaciones de policía y ordenó el plagio y la muerte de agentes de organismos estatales de inteligencia, así como de varios oficiales en retiro.
Sin especificar la fecha exacta, Agudelo fue trasladado a la Zona de Distensión, en donde lo esperaba el comandante Adán Izquierdo. Pero, antes del encuentro, su mecenas y jefe en la subversión murió accidentalmente. La tarea que le asignaron luego de este suceso fue la de asegurar el paso de un lote de fusiles AK-47 comprados en Jordania y destinados a fortalecer las columnas móviles de los frentes 21 y 50. Salió de la zona y regresó, tiempo después, con unos $300 millones para pagar un avión que había comprado el Comando Conjunto Central de las Farc.
Hablando con la justicia
Una a una, Raúl Agudelo, conocido en las Farc como Olivo Saldaña, confesó sus acciones en la última década. Los sucesivos secuestros, las acciones de terrorismo contra las empresas que se negaban a cumplir la “ley 002”, la
consolidación del Movimiento Bolivariano con las bases del llamado Partido Comunista Clandestino, la lista de empresas y personas naturales que tuvieron que pagar las extorsiones o la ejecución de ex militares y líderes políticos.
Aproximadamente 100 páginas se llenaron con sus confesiones y delaciones, de nombres de guerrilleros que murieron asesinados cuando cumplían misiones sindicales, de participación de dirigentes comunistas en su “formación de odio hacia el Ejército y el bipartidismo político”, y hasta de acciones ilegales que se hicieron a su nombre cuando él decidió desertar de la guerrilla en noviembre de 2003. Ahora espera que sus palabras sirvan para saldar sus cuentas penales a través de la Ley de Justicia y Paz.
Esto es “todo lo relatado (...) de mi vida como guerrillero”, concluye Agudelo, quien pide una oportunidad para integrarse al seno de la sociedad y promete no volver a cometer actos delictivos: “Invito a mis ex compañeros a renunciar al uso de las armas y a las formas violentas para reclamar con el falso pretexto de reivindicaciones políticas y sociales, y a no atender el llamado a entrar en la falsa tesis de la combinación de las formas de lucha”. Con la imputación de cargos, la Fiscalía deberá decidir si su confesión es suficiente para perdonar tanta barbarie.
La reconciliación promovida desde la cárcel
El 19 de julio de 2008 tuvo lugar en la cárcel La Picota un acto de reconciliación en el que participaron la fundación Tejido Humano, una organización de servicio a discapacitados, viudas y huérfanos de la Fuerza Pública, jóvenes desvinculados de la violencia, civiles víctimas de minas antipersonas y cerca de 700 ex guerrilleros de las Farc pertenecientes al movimiento Manos por la Paz. Hoy, el número sobrepasa el millar.
El encuentro ocurrió en el pabellón de máxima seguridad del centro penitenciario. Luego de entonar una canción escrita por ellos mismos, los ex subversivos pidieron perdón, individualmente, a las víctimas y familiares de afectados que estaban en el lugar. También les entregaron unas bandas que tenían grabada la expresión “Por la reconciliación” y una placa conmemorativa del acto.
Más guerrilleros a Justicia y Paz
El pasado martes 27 de enero, la fundación Manos por la Paz (que trabaja con desmovilizados de la guerrilla) y Herbin Hoyos, director del programa Las Voces del Secuestro, convocaron a una rueda de prensa para propulsar el acceso de ex integrantes de los grupos subversivos a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
La información que dieron, sin embargo, dejó frías a muchas familias de víctimas de las Farc: aproximadamente 300 personas, que supuestamente estaban en poder de la organización ilegal, podrían haber muerto en cautiverio.
Los ex guerrilleros afirman estar dispuestos a dar la información de las fosas en las que fueron enterrados, además de otros datos relevantes. Sin embargo, es únicamente potestad del Gobierno decidir quiénes son postulados a la Ley 975 de 2005.
Por Redacción Judicial
