1 Aug 2019 - 2:00 a. m.

“Estoy colaborando con autoridades de EE. UU.”: Luis Fernando Andrade

Entrevista con el expresidente de la ANI, quien salió del país para residenciarse en Norteamérica por “episodios muy extraños que generan temor”, según afirma. Enfrenta, mediante videoconferencias, dos procesos penales: uno por el escándalo de Odebrecht en la megaobra Ruta del Sol II y el otro por una adición al contrato en Ruta del Sol III. Detalla el involucramiento de la embajada y el gobierno de Estados Unidos en su caso.

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

“Mi caso es  absurdo, porque está comprobado que fui el funcionario que más se opuso a las pretensiones de los accionistas de Ruta del Sol”, dice Andrade. / Gustavo Torrijos - El Espectador
“Mi caso es absurdo, porque está comprobado que fui el funcionario que más se opuso a las pretensiones de los accionistas de Ruta del Sol”, dice Andrade. / Gustavo Torrijos - El Espectador

¿Cuánto hace que se fue de Colombia y cuál es su plan? ¿Regresará algún día?

Salí de Colombia el 15 de diciembre de 2018, hace un poco más de ocho meses. Por ahora no tengo planes de regresar, porque temo por mi seguridad y la de mi familia.

¿Teme sufrir ataques de quién?

No estoy seguro de quiénes han sido los autores intelectuales que estarían tras las intimidaciones hacía mí y hacia otras personas alrededor del caso Ruta del Sol, pero han ocurrido episodios muy extraños que generan temor.

Cuando usted salió del país en diciembre pasado, parecía tener escoltas de la embajada de Estados Unidos ¿Por qué lo custodiaban estando en territorio colombiano?

Nunca tuvimos escoltas de la embajada. El gobierno de Estados Unidos estuvo pendiente de nosotros desde el momento en que comenzaron las intimidaciones contra mí y mi familia: el embajador (Whitaker) le pidió formalmente al Inpec que garantizara mi seguridad; funcionarios del consulado norteamericano también estuvieron presentes en las audiencias preparatorias del juicio. Y, luego, recibí apoyo para garantizar mi viaje a territorio estadounidense, una vez cumplí el año de detención preventiva.

¿Por qué necesitaba acompañamiento de la embajada cuando iba a viajar?

Porque temía que no me dejaran salir a pesar de que no tenía ninguna medida que restringiera mi libertad. Y así ocurrió: cuando llegué al aeropuerto me dijeron que no tenía autorización de viajar y me bajaron del avión. Entonces, informé a mis contactos del gobierno norteamericano sobre lo que estaba pasando. Ellos llamaron a funcionarios del Gobierno colombiano para pedirles explicaciones. Solo después de esa llamada me permitieron salir del país.

¿Supo quién se oponía a su salida?

Nunca supe.

Usted reveló, hace un tiempo, que habían puesto antenas receptoras cerca de su apartamento para escuchar sus llamadas y conversaciones. También dijo que un dron rondaba su azotea. ¿Sostiene esas versiones?

Sostengo esas versiones. En varias ocasiones vimos drones volando frente a las ventanas de nuestra residencia, aparentemente grabando lo que hacíamos en el interior. Mi esposa y yo también comenzamos a notar que comentarios que hacíamos en la intimidad del hogar llegaban a conocimiento de terceros. Eso me llevó a contratar una empresa especializada en identificar monitoreos electrónicos, con el fin de que hiciera un estudio. Los técnicos que inspeccionaron el apartamento detectaron las señales de las antenas de escucha en un edificio frente al nuestro. Me dijeron que, en Colombia, solo entidades oficiales tenían acceso a esos equipos, lo que me pareció muy preocupante porque, para esa época, no existía ninguna autorización emitida por un juez para intervenir mi privacidad.

Se recuerda el debate político, en el Senado, al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. Este, en su discurso, lo señaló a usted y a algunas personas de su familia de organizar una conspiración en contra de él. Para sorpresa de muchos, Martínez tenía conocimiento, incluso, de los itinerarios de su esposa, de lo que decía y de las reuniones que tuvo en Estados Unidos. ¿Se enteró cómo él conocía tanto detalle de sus movimientos?

No. Él no dio ninguna explicación al respecto. Quiero dejar claro que ni mi esposa ni yo hemos hecho parte de una conspiración contra la justicia, como lo afirmó el señor Martínez en el Senado. Eso sí, pusimos en conocimiento de las autoridades de Estados Unidos las irregularidades que estaban sucediendo en mi caso y la información que obtuvimos sobre los actos de corrupción en Ruta del Sol. Es importante recordar que gracias a las investigaciones del Departamento de Justicia se revelaron los sobornos de Odebrecht en Colombia. Soy ciudadano norteamericano por nacimiento y considero que tengo la obligación de colaborar con la justicia de este país, de la misma forma en que debo colaborar con la colombiana. También he informado a la opinión pública a través de los medios. Es el derecho de libre expresión que tengo como ciudadano de dos naciones democráticas.

Sorpresivamente, en ese debate, el fiscal también mencionó en su supuesta “conspiración” contra él al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, su primo Luis Alberto Moreno, por una llamada que él le hizo a usted. ¿Por qué o para qué lo llamó el doctor Moreno?

La acusación contra Luis Alberto Moreno es infame. Él simplemente me llamó por solidaridad, para preguntarme cómo estaba, tal como lo hicieron muchos familiares y amigos. En esa llamada me sugirió contactar a algunos periodistas para contarles mi versión de los hechos. No entiendo por qué la Fiscalía ha utilizado esa grabación para tratar de desacreditarlo. Como dije antes, hablar con los medios es una actividad legítima en las democracias.

En otros hechos, pero a propósito del tribunal de arbitraje que zanjó las diferencias entre el Estado y el consorcio Ruta del Sol II, su presidente, Jorge Ibáñez, denunció actos de espionaje en su oficina antes de que se expidiera el laudo. Lo mismo sucedió con el juez de su caso, quien denunció la filtración de datos de su computador y un asedio continuo a su vehículo. ¿Por qué y para qué cree que tanto a usted como a ellos dos los seguían y vigilaban, obviamente, por fuera de la ley?

No conozco los detalles, pero, desde luego, es muy preocupante que eso haya ocurrido. Por este tipo de hechos, las autoridades de Estados Unidos han mostrado su preocupación.

La Fiscalía abrió en su contra dos investigaciones: una por sus presuntos actos ilícitos relacionados con Ruta del Sol II y otra por Ruta del Sol III. Usted ha insinuado que se trata de simple persecución. ¿Por qué la Fiscalía tendría interés en inventarle la comisión de delitos si no hubiera causa legítima?

La investigación de los sobornos en Ruta del Sol ha estado llena de conflictos de interés y situaciones de difícil justificación. No lo digo yo, lo dijo el fiscal ad hoc nombrado para investigar algunos aspectos de lo sucedido, antes de que terminara su encargo. También lo han dicho senadores que han investigado el caso e, incluso, organizaciones no gubernamentales de altísimo prestigio como Dejusticia. Mi caso es particularmente absurdo, porque está comprobado que fui el funcionario público que más se opuso a las pretensiones de los accionistas de Ruta del Sol. Siempre actué para favorecer los intereses del Estado. Como lo he dicho, todas las decisiones que tomé cumplieron con el debido proceso, están perfectamente documentadas y fueron aprobadas en las más altas instancias del Gobierno, en la materia: el Conpes y el Confis.

La investigación de la Fiscalía contra usted por la Ruta del Sol II se relaciona con una adición al contrato inicial por el tramo Ocaña-Gamarra. ¿En qué se basa la acusación que le formuló el fiscal del caso y cuáles son las evidencias?

No hay ninguna evidencia de que yo haya hecho nada indebido ni ilegal; todo lo contrario: está perfectamente documentado que todas las decisiones y trámites bajo mi presidencia fueron hechos dentro del marco de la ley y en función de los intereses del Estado. Lo dicen las actas de las decisiones del máximo órgano de planeación del país, repito, el Conpes, y del máximo órgano de planeación fiscal: el Confis. Lo confirman las decisiones del Ministerio de Transporte, el Departamento de Planeación y el comité de contratos de la ANI, así como los avales y recomendaciones de las interventorías y los funcionarios responsables de cada caso.

¿Y cómo explica las declaraciones en su contra del testigo Juan Sebastián Correa, su exsubalterno en la ANI, y del exsenador condenado por este caso Bernardo “Ñoño” Elías, que lo señalan, precisamente, de interés indebido en los contratos?

Los testimonios iniciales de Juan Sebastián Correa y del exsenador Elías eran consistentes con los hechos documentados, como también lo son los testimonios de los ejecutivos brasileños de Odebrecht. Sin embargo, una vez fueron detenidos en el mismo patio de La Picota, los señores Correa y Elías comenzaron a cambiar versiones para protegerse mediante la estrategia de hacerme daño. Es la lógica perversa de dar falsos testimonios para lograr beneficios de la Fiscalía.

Su abogado solicitó y el juez admitió, en este proceso, como testigos llamados por ustedes a Martínez Neira, al expresidente Santos y al exvicepresidente Vargas Lleras, entre otros personajes. ¿Cuándo los citarán?

Ellos serán llamados como testigos cuando inicie el juicio. Espero que sea en las próximas semanas.

¿Es verdad que su defensa también había citado como testigo a su favor al ingeniero Jorge Enrique Pizano, el exauditor del grupo Aval, que advirtió al abogado Martínez Neira sobre las irregularidades que cometía Odebrecht?

Es correcto. Y el juez del caso aceptó que el ingeniero Pizano rindiera testimonio, a mi favor. Obviamente, no pudo hacerlo porque falleció.

¿Cuánto tiempo después de que ustedes lo hubieran contactado murió Pizano?

Un par de semanas después de que tuvimos el último contacto.

La periodista Vicky Dávila reveló la transcripción de una conversación entre usted y el entonces presidente Santos que fue grabada. Ella interpretó que ustedes dos estaban concertándose para causarles el menor daño posible a los contratistas privados, esto es, a Odebrecht y el grupo Aval. Primero, ¿la grabación fue ordenada por un juez?

Efectivamente, la Fiscalía tenía autorización de un juez para grabar en ese momento. Sin embargo, durante la etapa “de descubrimiento”, en el proceso, nos enteramos de que la Fiscalía había justificado la necesidad de interceptarme, ante el juez, por una presunta solicitud de la DEA. Como ciudadano de Estados Unidos que soy, le pedí a la congresista del último distrito en que yo residí en este país que confirmara con la DEA si habían solicitado grabarme y por cuáles razones. La respuesta escrita de esa agencia, que me fue remitida por la congresista, decía que no había ninguna investigación en mi contra y que la DEA tampoco tenía ningún reporte de haber pedido interceptar mis comunicaciones. Una respuesta desconcertante, porque la Fiscalía habría utilizado el nombre de esa agencia como disculpa para grabarme, sin el conocimiento de los directivos de la DEA Colombia.

Y dos, cuando Santos le dice a usted en esa grabación: “La solución amigable... donde participan todos los socios del conglomerado”, ¿a qué se refería?

Esa frase fue interpretada fuera de contexto. Por eso escribí una carta de réplica con una explicación detallada del contexto real, que ya fue publicada en la revista Semana. Reitero que tomé la decisión que exigía la ley y que era la más fuerte en contra de los socios de la Ruta del Sol: pedí la nulidad del contrato por causa ilícita. Esa demanda le ahorró al Estado billones de pesos, como ya lo dije. Con relación a la expresión “solución amigable”, se refería al acuerdo para terminar el contrato. El acuerdo se hizo para poder tomar control de los recursos de los peajes y pagarles a empleados y contratistas de buena fe. Sin embargo, la conciliación sobre la liquidación no fue exitosa. Para la ANI, las exigencias de los socios de Ruta del Sol no eran aceptables. Yo mismo fui al Tribunal de Arbitraje, en junio de 2017, a explicar por qué no fue posible llegar a una conciliación.

El segundo proceso que la Fiscalía abre contra usted se relaciona con la obra Ruta del Sol III. ¿Por cuáles hechos?

Me imputan cargos por celebración de contratos sin requisitos legales, por haber hecho un otrosí en que se reprogramaban los pagos de la ANI al concesionario por causa de atrasos en la obra. Era una modificación en favor del Estado. Logramos hacer los pagos con un mayor plazo. Esta reprogramación también fue aprobada en el Conpes y el Confis, y los aspectos legales de la misma fueron revisados y avalados por el vicepresidente jurídico de la ANI, quien, por cierto, fue nombrado después como asesor del despacho por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. ¡Algo totalmente kafkiano!

A ese asesor, ¿también le imputaron los mismos delitos por haberlo aconsejado mal o aparentemente mal a usted?

No tengo conocimiento de que le hayan anunciado, siquiera, una investigación preliminar por estos hechos.

La Fiscalía lo relacionó a usted, en este segundo proceso, con la campaña de reelección del expresidente Santos, que habría quedado con unas deudas. Presuntamente por eso, el gerente de esa campaña, Roberto Prieto, habría pedido a la concesionaria Yuma cerca de $1.000 millones, a manera de soborno. A cambio, usted habría favorecido a la concesionaria con una adición al contrato inicial Ruta del Sol III. ¿Cómo fue su participación en esa operación?

Quiero aclarar que yo nunca he hecho parte de un partido político ni he participado en ninguna campaña. El señor Prieto fue a mi oficina a preguntar sobre el trámite del otrosí para los estudios y diseños del puente de Plato (Magdalena). Yo lo recibí como lo hacía con decenas de interesados en los proyectos y le di una respuesta con relación al estado del trámite. Por cierto, fui yo quien le informó de este hecho a la Fiscalía.

¿Qué supo usted sobre la supuesta solicitud de dinero a la concesionaria Yuma por parte de Prieto y sobre la participación en esos hechos, del contratista Eduardo Zambrano quien habría lavado dinero de Odebrecht?

Si Consultores Unidos, un subcontratista del concesionario, tenía acuerdos con el señor Prieto, eso no era de mi conocimiento. Yo me limité a cumplir mis obligaciones como presidente de la ANI una de las cuales era mantener buena relación y buenas comunicaciones con los interesados en los proyectos de la entidad.

“Las decisiones que más les dolieron a los socios del consorcio Ruta del Sol II”

Usted ha sugerido varias veces que las investigaciones en su contra como presidente que fue de la ANI, constituyen una persecución ¿Quiénes estarían interesados en perseguirlo y por qué?

Las decisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que más le dolieron a los socios de Ruta del Sol se tomaron bajo mi liderazgo: 1. La negativa de reconocerles sobrecostos por la absurda suma de $750 mil millones de pesos. 2. La demanda de nulidad del contrato por causa ilícita, cuando se supo que había sido adjudicado a través de sobornos. Y 3., la negativa de liquidar el contrato en condiciones que les generaban utilidades a los socios. El Tribunal de Arbitraje Ruta del Sol resolvió estos temas, en su laudo, hace un par de semanas: declaró la nulidad del contrato por causa ilícita, como lo solicité en febrero de 2017; también negó las reclamaciones por sobrecostos, y dedujo del valor de liquidación del contrato, las utilidades por cerca de $530 mil millones de pesos que los socios se habían llevado en forma de dividendos.

¿Quiere decir que sus enemigos serían los socios del consorcio Ruta del Sol II?

Mi gestión les ahorró billones de pesos a los colombianos pero les incomodó mucho a los socios particulares de Ruta del Sol y sus aliados.

“Definitivamente no hay garantías de seguridad para mí o mi familia”

¿Va a continuar atendiendo los dos procesos que le inició la Fiscalía, desde Estados Unidos, yendo al consulado a declarar desde allá, o vendría, si no a vivir, por lo menos a enfrentarlos en persona para regresar a Norteamérica después?

He comparecido a todos los requerimientos que las autoridades de Colombia me han hecho. Estoy participando por videoconferencia no solo en las audiencias relacionadas con mi juicio sino también en otros casos en que me han llamado como testigo. También les estoy prestando colaboración a las autoridades de Estados Unidos.

¿En cuáles casos?

En el mismo caso: Ruta del Sol.

¿Alguna autoridad de Estados Unidos o miembros de la embajada le han sugerido no regresar a Colombia o le han hablado de un complot contra usted?

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos me ha aconsejado no regresar a Colombia para proteger  mi integridad y la de mi familia. Pero no han mencionado un complot contra mí.

¿Cómo es su vida, ahora?

Estoy rehaciendo mi vida en Estados Unidos, tanto desde la óptica familiar como profesional. Definitivamente, no hay garantías de seguridad en Colombia ni para mí ni para mi familia, en estos momentos.

Síguenos en Google Noticias