Evalúan si dueños de locales son responsables por venta de celulares robados
La Fiscalía hizo un llamado de atención a propietarios de locales del centro de Bogotá allanados por venta ilegal de dispositivos electrónicos.
Redacción Judicial
Tras el masivo operativo que adelantó la Fiscalía y la Policía para embargar 66 locales en la calle 13 con Caracas en Bogotá, el ente investigador anunció que los arrendatarios deberán vigilar que en sus propiedades no se adelante ninguna conducta delictiva y así evitar que se los arrebaten. (Lea: Extinción de dominio a 66 locales de venta ilegal de celulares en Bogotá)
Con el primer gran golpe que las autoridades les dieron a las redes que se dedican al hurto y venta de celulares, la Fiscalía hizo un fuerte llamado de atención a los propietarios e inmobiliarias que arriendan las propiedades que son utilizadas para realizar estas actividades ilegales. Según la directora de Extinción de Dominio del ente investigador, Andrea Malagón, los 66 locales del centro comercial Las Avenidas, ubicado en la calle 13 con Caracas en Bogotá, que fueron embargados este jueves, serán entregados a la Alcaldía para que adelanten proyectos de vinculación de vendedores ambulantes.
En pocas palabras, los propietarios perderán sus locales –sin importar que ellos no tengan relación alguna con las actividades delictivas– ya que la Fiscalía advirtió que desde 2009 se vienen realizando una serie de allanamientos a estos bienes y ellos no realizaron denuncia alguna. Malagón agregó que “en la acción de extinción de dominio tenemos evidencia de que esos propietarios tuvieron conocimiento o pudieron tener conocimiento de que se estaba desarrollando la actividad ilegal”.
La Fiscalía en estos momentos evalúa si cabe alguna responsabilidad penal contra los propietarios ya que su deber constitucional era realizar el control legal sobre las actividades que se realizaban sobre su bien. Asimismo, las autoridades indicaron que las personas que arrendaban sus propiedades por inmobiliarias también debían tener control de éstas, lo que se entiende como una recomendación a futuro para evitar que en su contra se adelante un proceso de extinción de dominio.
La investigación que permitió dar el primer golpe contra los locales que se dedican a la venta y manipulación de software de celulares robados se logró en apenas 20 días. En cifras, los 66 locales representan un valor aproximado de $4.000 millones. Ahora será el turno de la seccional de fiscalías de Bogotá para que inicie los procesos penales contra los implicados en el hurto masivo de aparatos electrónicos.
Tras el masivo operativo que adelantó la Fiscalía y la Policía para embargar 66 locales en la calle 13 con Caracas en Bogotá, el ente investigador anunció que los arrendatarios deberán vigilar que en sus propiedades no se adelante ninguna conducta delictiva y así evitar que se los arrebaten. (Lea: Extinción de dominio a 66 locales de venta ilegal de celulares en Bogotá)
Con el primer gran golpe que las autoridades les dieron a las redes que se dedican al hurto y venta de celulares, la Fiscalía hizo un fuerte llamado de atención a los propietarios e inmobiliarias que arriendan las propiedades que son utilizadas para realizar estas actividades ilegales. Según la directora de Extinción de Dominio del ente investigador, Andrea Malagón, los 66 locales del centro comercial Las Avenidas, ubicado en la calle 13 con Caracas en Bogotá, que fueron embargados este jueves, serán entregados a la Alcaldía para que adelanten proyectos de vinculación de vendedores ambulantes.
En pocas palabras, los propietarios perderán sus locales –sin importar que ellos no tengan relación alguna con las actividades delictivas– ya que la Fiscalía advirtió que desde 2009 se vienen realizando una serie de allanamientos a estos bienes y ellos no realizaron denuncia alguna. Malagón agregó que “en la acción de extinción de dominio tenemos evidencia de que esos propietarios tuvieron conocimiento o pudieron tener conocimiento de que se estaba desarrollando la actividad ilegal”.
La Fiscalía en estos momentos evalúa si cabe alguna responsabilidad penal contra los propietarios ya que su deber constitucional era realizar el control legal sobre las actividades que se realizaban sobre su bien. Asimismo, las autoridades indicaron que las personas que arrendaban sus propiedades por inmobiliarias también debían tener control de éstas, lo que se entiende como una recomendación a futuro para evitar que en su contra se adelante un proceso de extinción de dominio.
La investigación que permitió dar el primer golpe contra los locales que se dedican a la venta y manipulación de software de celulares robados se logró en apenas 20 días. En cifras, los 66 locales representan un valor aproximado de $4.000 millones. Ahora será el turno de la seccional de fiscalías de Bogotá para que inicie los procesos penales contra los implicados en el hurto masivo de aparatos electrónicos.