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Quince días antes de que la Fiscalía tome una decisión final en la investigación que adelanta por presunto lavado de activos contra ex directivos del Deportivo Independiente Medellín (DIM), sus ex empleados y familiares, la Procuraduría se anticipó y con base en las pruebas que existen dentro del proceso pidió la condena contra 12 de ellos. Uno de los investigados es el señalado narcotraficante Carlos Arturo Valencia Toro, quien era accionista del conjunto antioqueño. En respuesta a una solicitud reciente de la Fiscalía, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá señaló que adelanta tres investigaciones por lavado de activos en contra de Valencia y que sobre él pesa una orden de arresto por posesión de estupefacientes.
Con base en testimonios como el del ex revisor fiscal de la institución deportiva Juan Bautista Ávalos y un informe contable elaborado por la Policía Nacional en el que se relacionan los movimientos financieros elaborados en los últimos 20 años, donde se hallaron protuberantes irregularidades en el manejo de jugadores, viajes, contratos, taquillas y las obligaciones contraídas por el club, el Ministerio Público hizo la solicitud.
Ávalos, quien estuvo en el DIM entre 2000 y 2005, dijo que el cerebro detrás de las operaciones que se comprometían con delitos como lavado de activos, testaferrato, evasión de impuestos, ingreso ilegal de divisas y contabilidad fraudulenta era Rodrigo Tamayo. Recordó que el conjunto antioqueño tenía pocas cuentas bancarias a través de las que se facilitaba el lavado de activos y que era habitual ver que se entregaran costales repletos de efectivo que se repartían entre los socios.
Los detectives pudieron constatar irregularidades en contratos publicitarios por más de $9.000 millones. La Fiscalía halló pagarés cancelados por $1.112 millones a particulares, en los que no se estipulaban ni formas de pago ni los intereses pactados. Uno de los investigados por este tema es Mario de J. Valderrama, quien supuestamente a través de este tipo de maniobras hacía que los dineros terminaran en los bolsillos de Tamayo y del extraditado Fabio Ochoa Vásquez. Otra de las protuberantes irregularidades en el equipo, conocido como ‘El Poderoso de la Montaña’, es que en algunos movimientos financieros terminaron involucrados empleados de algunos directivos, un conductor y hasta una empleada de servicio. Sin recursos suficientes, ellos hicieron millonarios préstamos al club, que eran respaldados con pagarés. Luego, esas ‘deudas’ eran legalizadas con el pago de dinero en efectivo.
La solicitud de llamamiento a juicio hecha por la Procuraduría cobija al ex presidente y propietario (desde 1999 hasta 2005) del DIM Rodrigo Tamayo y a los ex presidentes de la institución Mario de J. Valderrama (1999 y 2001 ) y Javier Velásquez (2001 y 2005) . Asimismo, a la ex gerente financiera del equipo Claudia Patricia Toro Tamayo, el ex gerente Luis Fernando Jiménez, el ex directivo Libardo Serna Ángel y la ex tesorera Soraya Patricia del Pino Castillo. De igual forma a Dolly Cárdenas Camargo, Roberto Cárdenas Camargo, Óscar Gómez Jaramillo y Luis Fernando Muñoz.
Por otro lado, el Ministerio Público pidió precluir la investigación en favor de cuatro personas, entre quienes están Eduardo Enrique Duque Correa y Gavith Gómez Jiménez, ex conductor y ex empleada del servicio de Rodrigo Tamayo, quienes habrían sido utilizados, sin mayor conocimiento de lo que ocurría, para realizar las maniobras irregulares.
La Fiscalía indaga además si a través de una sociedad de fachada, Tamayo logró mover una cifra cercana a los 13 mil millones de pesos. De ser llamados a juicio los ex directivos del DIM, este hecho se convertirá en un nuevo y fuerte antecedente de la relación entre equipos de fútbol y actividades ilícitas.