López Gómez deberá pagar una multa de $250 millones y no podrá desempeñar funciones públicas durante el resto de su vida. Así mismo, el alto tribunal le negó el beneficio de prisión domiciliaria.
El 2 de enero de 2003 López Gómez contrató a 'Laborando Ltda.' para que esta le suministrara personal temporal para prestar diferentes servicios en diferentes municipios del departamento de Córdoba, tal como se venía haciendo desde el 12 de marzo de 2002, fecha de suscripción del inicial convenio,
La investigación determinó que aunque el contrato existía en papel, "el suministro de personal objeto de aquella autorización para realizar, primordialmente, labores de aseo y vigilancia, no se llevó a cabo en los centros educativos en donde se dijo fueron efectuadas, es decir, en los Colegios San José de Carrizal, Julián Pinto Buendía y Marceliano Polo", según indica la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte, compuesta por más de 90 páginas.
"No desconoce la Sala que la administración pública es por esencia compleja y que requiere de la intervención de funcionarios de distintos niveles con competencias específicas, pero así mismo comprende que no por ello es posible desprenderse de ciertas responsabilidades, pues si así fuera quien es el supremo director de la administración siempre encontraría en ello una buena excusa para evadir los deberes que la Constitución y la ley le imponen".
Jesús María López Gómez fue gobernador del departamento de Córdoba desde principios de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003. E 28 septiembre de 2007, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra López Gómez, como presunto responsable de esos delitos.
El ex gobernador no asistió a la audiencia de juzgamiento, argumentando que no puede viajar a Bogotá debido a su enfermedad cardiaca.