Ante la pregunta de la jueza 34 de garantías, el exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho Casado aceptó su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público (en calidad de autor) en concurso con cohecho impropio (en calidad de determinador) imputados por la Fiscalía General en el proceso que se le adelanta por el denominado 'carrusel de la contratación'.
Según la Fiscalía existen pruebas que permiten inferir que el excabildante de 38 años utilizó su cargo y su posición en la sociedad para influenciar en el año 2009 la entrega de contratos de la Unidad de Malla Vial a un grupo de contratistas del Distrito.
Con esto se buscó que los multimillonarios convenios de la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial durante la administración de Samuel Moreno Rojas fueran entregados a los funcionarios y contratistas que él había elegido ante Iván Hernández Daza quien fungía como director de dicha entidad.
"A juicio de la Fiscalía utilizó su cargo para beneficio propio y de terceros", incumpliendo sus funciones para vigilar el patrimonio público y proteger a los ciudadanos. En este caso, según el fiscal del caso, no se cumplieron con los requisitos de transparencia y objetividad establecidos por la ley.
En contra del exconcejal se adelanta otro proceso penal por el delito de tráfico de influencias por las irregularidades que rodearon la celebración del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en la capital de la República.
Por estos hechos, el pasado 11 de diciembre un juez de garantías avaló el principio de oportunidad por lo que el excabildante se comprometió a colaborar con la administración de justicia.
El fiscal del caso indicó que se entregaron 400 millones de pesos para la adjudicación de estos contratos de la malla vial. De estos, $300 millones le fueron entregados a Camacho Casado, recursos que utilizó para su campaña política.
Sin embargo, según su defensa este dinero ya le fueron reintegrado a las víctimas. Hecho por el cual pidió una aclaración frente a un eventual fallo condenatorio, ya que este dellate podría aumentar considerablemente la sanción penal.
En las próximas horas se solicitará al juez que cobije al exconcejal con medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Por El Espectador
