Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Efrén Hernández Díaz aseguró que no existen pruebas que permitan inferir que recibió apoyo político o electoral por parte de los grupos paramilitares comandados por Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’ en el departamento de Casanare en el marco de su campaña a la Cámara de Representantes en el año 2002.
En su intervención Hernández aseguró que incluso ‘Martín Llanos’ lo amenazó en repetidas oportunidades con el fin de que no pudiera hacer actividades políticas en Yopa y en diferentes muncipios de la región. “Yo quería ser representante a la Cámara y él no quería que yo lo fuera. Él quería defender su estrategia electoral con sus candidatos”, precisó el ahora procesado.
Ante las preguntas de la magistrada ponente, el excongresista rechazó las acusaciones citadas en su contra sobre las reuniones que habría sostenido con el entonces comandante paramilitar, así como el hecho de que hubiera buscado a terceros para que intercediera y le permitieran seguir haciendo política en los departamentos.
Para Hernández Díaz las declaraciones en su contra se deben a “un complot” para desprestigiarlo, en el que estarían involucrados sus contradictores políticos, funcionarios de la Fiscalía y otras personas. “Existen pruebas y declaraciones que comprueban esas mentiras”.
En este sentido citó varios testimonios que luego se han retractado argumentando que recibieron presiones o dinero para que lo acusaran directamente ante las autoridades de tener vínculos con los paramilitares. Reseñó además que en diferentes oportunidades recibió amenazas para que se reuniera con ‘Llanos’ y nunca accedió.
Aseguró además que por su actividad política en la región conoció a miembros de los grupos paramilitares pero no se puede hablar de una cercanía ni de una amistad. “Si hablamos en términos matemáticos y hacemos un análisis de 0 a 100, yo diría que mi relación con ellos no supera el 1 por ciento. Eran personas de la región pero no tenía conocimiento de sus actividades”.
“En mi conciencia no tengo nada de que me puedan acusar con las AUC. Siempre he sido un apegado al Estado Social de Derecho”, precisó el exrepresentante a la Cámara al indicar que en su contra se inició una “guerra sucia” en la que además se le quiso vincular con homicidios y otros delitos.
El exrepresentante a la Cámara por el Casanare es investigado por el delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con las Autodefensas Campesinas del Casanare con las que habría firmado una alianza para los comicios del año 2002.
Por El Espectador
