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Luis Fernando Acosta Ossio, excónsul de Polonia y actual presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, fue imputado por su presunta participación en un intento de soborno a un juez para favorecer sus intereses y mantener el control de la institución universitaria. La imputación se realizó en contumacia, es decir, sin estar presente el imputado, al considerar que Acosta Ossio evitó de manera reiterada comparecer ante las autoridades.
Según la investigación, el supuesto soborno al juez Andrés Fernando Rodríguez se habría hecho por intermedio del entonces senador Eduardo Pulgar, pieza central del expediente, quien, tras aceptar cargos, fue condenado en 2021 y actualmente se encuentra en libertad condicional por orden de la Corte Suprema de Justicia. Para la Fiscalía, Pulgar cumplió un rol clave dentro del entramado.
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De acuerdo con el ente acusador, la finalidad de esa intervención era asegurar decisiones que permitieran a Acosta Ossio conservar el control de la Universidad Metropolitana y de su hospital universitario, en medio de una disputa familiar por el poder administrativo de la institución.
Durante una audiencia reciente, la juez del caso, Luz Adriana Flórez Rodríguez, imputó a Acosta Ossio como determinador de los presuntos delitos de cohecho (soborno) y tráfico de influencias, y accedió a la solicitud de la Fiscalía de declararlo en contumacia. La juez advirtió la existencia de maniobras dilatorias que, durante años, impidieron el avance normal del proceso penal.
El expediente estuvo marcado por ocho cambios de fiscales y solo logró destrabarse tras una acción de tutela que obligó a la Fiscalía General de la Nación a adoptar una decisión de fondo, ante el riesgo de prescripción del caso. Dicha tutela fue resuelta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia en el proceso fue la presentación reiterada de incapacidades médicas por parte de la defensa del excónsul, utilizadas para justificar su inasistencia a diligencias clave. Por estas irregularidades, la Fiscalía abrió investigaciones contra médicos y clínicas que habrían expedido dichas incapacidades, por la posible comisión del delito de fraude procesal.
Las víctimas del caso destacan que, pese a la gravedad de los hechos, que involucran a un directivo universitario imputado por corrupción, el Ministerio de Educación no ha adoptado medidas administrativas frente a la situación. La ausencia de decisiones ha permitido que Acosta Ossio continúe ejerciendo el control de la Universidad Metropolitana, aun con las acusaciones en su contra.
Durante la audiencia de imputación, la juez Flórez Rodríguez precisó que “en calidad de presunto determinado responsable de la conducta punible de tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con hecho por dar ofrecer en calidad de determinado con circunstancias de menor y mayor punibilidad. A partir de este momento, Luis Fernando Acosta Ossio se vincula formalmente a la investigación”.
El Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá también se refirió a la declaración de contumacia contra el actual presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana. El despacho concluyó que las incapacidades médicas presentadas por Acosta Ossio tenían inconsistencias y que “la reiterada inasistencia del indiciado, pese a los múltiples aplazamientos y garantías otorgadas desde 2024, evidencia una conducta dilatoria que ha impedido la realización de la audiencia de imputación durante más de dos años”.
El caso Unimetro
El conocido caso Unimetro tiene su origen en una profunda disputa al interior de la familia Acosta Bendeck por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y de su hospital universitario, una confrontación que con el paso de los años escaló hasta convertirse en uno de los escándalos judiciales más complejos del Caribe colombiano. Lo que comenzó como una pugna sucesoria terminó en investigaciones penales, órdenes de captura contra varios miembros del entorno familiar, denuncias por desfalcos millonarios y la judicialización de funcionarios públicos y políticos.
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El conflicto estalló tras la muerte del exsenador Gabriel Acosta Bendeck, fundador del proyecto educativo. A partir de ese momento, distintos sectores de la familia se enfrentaron por el manejo de la Fundación Acosta Bendek, entidad de la cual dependen tanto la universidad como el Hospital Metropolitano de Barranquilla. Aunque la representante legal de la fundación era Ivonne Acosta, hija del excongresista, otros familiares habrían tomado el control de la organización, desplazándola a ella y a su esposo, Carlos Jaller, y adoptando decisiones administrativas de manera unilateral, bajo el argumento de un supuesto desfalco.
Mientras la justicia definía si esos movimientos eran legales, se produjeron actuaciones que hoy son parte central del expediente. Ivonne Acosta, junto con otras personas, habría convocado reuniones irregulares del consejo directivo y nombrado directivos universitarios de forma fraudulenta. Uno de los episodios más controvertidos ocurrió el 10 de noviembre de 2016, cuando se citó a una reunión extraordinaria del consejo directivo para designar un nuevo rector y vicerrector. Según la investigación, a ese encuentro fueron convocadas personas que no hacían parte del órgano directivo, pese a las advertencias sobre la ilegalidad de la citación, y de allí salió nombrado como rector Jorge Hernández Cassis.
La disputa familiar pronto trascendió el ámbito administrativo y llegó a los estrados judiciales, dando paso a presuntas maniobras de corrupción. En ese contexto, tres servidores judiciales —el juez 13 Penal de Barranquilla, Rafael Uribe Henríquez; el juez primero penal municipal, Alberto Oyaga Machado; y el fiscal 56 seccional de la Unidad de Patrimonio Económico, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz— fueron investigados por presuntamente favorecer a uno de los bandos familiares en decisiones relacionadas con el control de la universidad.
En 2020, la Fiscalía imputó a estos funcionarios los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, al considerar que habrían adoptado decisiones judiciales irregulares en detrimento de la Fundación Acosta Bendek. Según la acusación, se habrían expedido órdenes de captura presuntamente ilegales y tomado decisiones cuestionables dentro de procesos de restablecimiento de derechos, todos vinculados al caso Unimetro.
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La trama alcanzó su punto más alto con la condena del exsenador Eduardo Pulgar, quien fue hallado culpable de intentar sobornar con COP 200 millones al juez Andrés Fernando Rodríguez para obtener fallos favorables a Luis Fernando Acosta. El intento de corrupción quedó al descubierto luego de que el juez grabara la conversación, audios que se convirtieron en prueba clave para la condena del excongresista. Desde entonces, el caso Unimetro se consolidó como un expediente que terminó en una red de influencias políticas y judiciales, cuyas consecuencias aún se siguen resolviendo en los tribunales.
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