Exdirectora del ICBF pide tumbar sanción disciplinaria de la Procuraduría

La exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Elvira Forero Hernández presentó ante la Procuraduría General recurso de apelación en contra del fallo disciplinario que la destituyó e inhabilitó por 11 años para ocupar cargos públicos por las irregularidades que rodearon la celebración de un contrato con Alma Mater en 2011.

Forero solicitó que se tumbe dicho fallo al cual calificó como “desproporcionado”, hecho por el cual pide que en la segunda instancia se valoren los elementos materiales probatorios presentados por su defensa y con los cuales busca demostrar que la celebración de dicho convenio cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley.

“No es cierto que Alma Mater no tuviera la capacidad dentro de su objeto social para celebrar el contrato interadministrativo para desarrollar con el ICBF”. Señala que el contratista contaba con la experiencia “en diferentes proyectos con la Presidencia de la República, el Sena, el Ministerio de Cultura y múltiples entidades territoriales”.

Para la exfuncionaria la Procuraduría General desconoció que el proyecto “se desarrolló con éxito para el ICBF, situación que no ocurrió con otros contratistas en años anteriores y resulta de la mayor subjetividad de la Resolución Sancionatoria en la falta de valoración de la capacidad de Alma Mater teniendo en cuenta el cumplimiento a satisfacción a propósito del convenio”.

Debido a esta situación aseguró que le “sorprende” que el órgano de control disciplinario la sancionara de manera “tan desproporcional desconociendo conceptos legales, los estudios previos y de convivencia económica para la entidad, en los que fundamente mi decisión. La ley actual de manera reiterada ha autorizado la celebración de acuerdos interadministrativos”.

El órgano de control disciplinario determinó que Forero Hernández incurrió en una seria irregularidad al firmar dicho contrato de manera directa con una empresa que no contaba con la experiencia exigida para la ejecución del objetivo dispuesto. Debido a esto -señala- la empresa beneficiaria tuvo que subcontratar para cumplir el millonario convenio interadministrativo.

Esta acción, para la Procuraduría General, generó un detrimento patrimonial en el ICBF. Según los documentos recolectados se presentó un sobrecosto en la ejecución del contrato que tenía un valor inicial de 3.876 millones de pesos. La Red Alma Máter -beneficiada con el contrato- no pudo justificar la subcontratación con Fiscolmbia para ejercer las actividades del citado convenio.

El convenio interadministrativo tenía como objetivo prestar asistencia técnica, y profesional, a través del apoyo logístico, profesional y técnico necesarios para el alistamiento, recolección, consolidación, procesamiento y explotación de los datos de Registro Único de Beneficiarios del ICBF de la vigencia 2011, así como el apoyo logístico y tecnológico a los procesos de capacitación de personas para su manejo.

La entonces directora del ICBF, indica el fallo, habría justificado y declarado procedente celebrar dicho contrato de manera directa y bajo la figura del convenio interadministrativo, a pesar de que Alma Máter no contaba dentro de su objeto con el desarrollo de las actividades contratadas como lo exige la ley para este tipo de contratación.

Los documentos arrojaron que la Red no tenía la capacidad, ni la infraestructura, ni la posibilidad real para desarrollar y cumplir las responsabilidades adquiridas en el convenio, por lo cual esta firma habría acudido a un tercero, en este caso la firma Fiscolombia, para que desarrollara las labores pactadas en el convenio.
 

La exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Elvira Forero Hernández presentó ante la Procuraduría General recurso de apelación en contra del fallo disciplinario que la destituyó e inhabilitó por 11 años para ocupar cargos públicos por las irregularidades que rodearon la celebración de un contrato con Alma Mater en 2011.

Forero solicitó que se tumbe dicho fallo al cual calificó como “desproporcionado”, hecho por el cual pide que en la segunda instancia se valoren los elementos materiales probatorios presentados por su defensa y con los cuales busca demostrar que la celebración de dicho convenio cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley.

“No es cierto que Alma Mater no tuviera la capacidad dentro de su objeto social para celebrar el contrato interadministrativo para desarrollar con el ICBF”. Señala que el contratista contaba con la experiencia “en diferentes proyectos con la Presidencia de la República, el Sena, el Ministerio de Cultura y múltiples entidades territoriales”.

Para la exfuncionaria la Procuraduría General desconoció que el proyecto “se desarrolló con éxito para el ICBF, situación que no ocurrió con otros contratistas en años anteriores y resulta de la mayor subjetividad de la Resolución Sancionatoria en la falta de valoración de la capacidad de Alma Mater teniendo en cuenta el cumplimiento a satisfacción a propósito del convenio”.

Debido a esta situación aseguró que le “sorprende” que el órgano de control disciplinario la sancionara de manera “tan desproporcional desconociendo conceptos legales, los estudios previos y de convivencia económica para la entidad, en los que fundamente mi decisión. La ley actual de manera reiterada ha autorizado la celebración de acuerdos interadministrativos”.

El órgano de control disciplinario determinó que Forero Hernández incurrió en una seria irregularidad al firmar dicho contrato de manera directa con una empresa que no contaba con la experiencia exigida para la ejecución del objetivo dispuesto. Debido a esto -señala- la empresa beneficiaria tuvo que subcontratar para cumplir el millonario convenio interadministrativo.

Esta acción, para la Procuraduría General, generó un detrimento patrimonial en el ICBF. Según los documentos recolectados se presentó un sobrecosto en la ejecución del contrato que tenía un valor inicial de 3.876 millones de pesos. La Red Alma Máter -beneficiada con el contrato- no pudo justificar la subcontratación con Fiscolmbia para ejercer las actividades del citado convenio.

El convenio interadministrativo tenía como objetivo prestar asistencia técnica, y profesional, a través del apoyo logístico, profesional y técnico necesarios para el alistamiento, recolección, consolidación, procesamiento y explotación de los datos de Registro Único de Beneficiarios del ICBF de la vigencia 2011, así como el apoyo logístico y tecnológico a los procesos de capacitación de personas para su manejo.

La entonces directora del ICBF, indica el fallo, habría justificado y declarado procedente celebrar dicho contrato de manera directa y bajo la figura del convenio interadministrativo, a pesar de que Alma Máter no contaba dentro de su objeto con el desarrollo de las actividades contratadas como lo exige la ley para este tipo de contratación.

Los documentos arrojaron que la Red no tenía la capacidad, ni la infraestructura, ni la posibilidad real para desarrollar y cumplir las responsabilidades adquiridas en el convenio, por lo cual esta firma habría acudido a un tercero, en este caso la firma Fiscolombia, para que desarrollara las labores pactadas en el convenio.