Fabiola Perea, exempleada de servicio de la canciller Laura Sarabia, demandó a la Nación y pide ser indemnizada por las chuzadas de las que fue víctima, junto con la exniñera Marelbys Meza, por la pérdida de una maleta con dinero. De acuerdo con lo que dicen los documentos presentados a la justicia, ella y su familia fueron víctimas de interceptaciones ilegales a sus comunicaciones por un supuesto abuso de poder de la alta funcionaria del gobierno de Gustavo Petro.
La exempleada de Laura Sarabia pide que la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Policía y el DAPRE sean declaradas responsables de los perjuicios causados a Marelbys Meza, a ella y a sus cinco hijos. La indemnización que pide es por lucro cesante, es decir, por la pérdida de su trabajo desde 1 de junio de 2023 hasta la fecha. Dice la demanda que desde que se le señaló como alias La Cocinera y presunta integrante del Clan del Golfo, nadie más volvió a contratarla. Por esa razón, exige el pago de 24 salarios mínimos, equivalentes a $ 27′840,000.
Por otra parte, dice que fueron afectados sus derechos a la dignidad, la intimidad, el buen nombre, la honra, la familia, la protección reforzada de la mujer y la seguridad, por lo que pide una indemnización de 100 salarios mínimos. Es decir, $116′000,000. Asimismo, cada uno de sus cinco hijos pide 50 salarios mínimos como indemnización por daño moral.
La exempleada de Laura Sarabia también pide que “se obligue a las entidades accionadas a que realicen un acto público de disculpas y desagravio a las víctimas de las interceptaciones ilegales por estos hechos”. A las disculpas, dicen las pretenciones de la demanda, deben asistir “las personas implicadas directamente en este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento, correspondientes a Laura Sarabia y demás funcionarios públicos que intervinieron en las interceptaciones”.
El acto de disculpas que pide Perea, según el documento, “deberá ser difundido en las redes sociales de cada entidad, y en medios de comunicación públicos de orden nacional, por un espacio igual al que duraron las interceptaciones ilegales”.
De acuerdo con el documento presentado por Fabiola Perea, agentes de Policía "utilizaron información falsa y métodos fraudulentos para obtener órdenes de interceptación de comunicaciones de las empleadas domésticas de Laura Camila Sarabia Torres”. En específico, señala la demanda, que ella y Marelbys Meza —quien era la niñera del hijo de la alta funcionaria— fueron señaladas como las sospechosas del hurto del dinero y que los seguimientos tenían el propósito de establecer su participación en la pérdida de la maleta.
Las interceptaciones a las que fueron sometidos y por las que fueron expuestos públicamente como integrantes del Clan del Golfo, dice la demanda, los expuso a un alto nivel de discriminación, adicional del que sufrían antes del hecho, por ser víctimas del conflicto armado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
