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Entre el 19 y 28 de mayo pasado, 14 exintegrantes del Bloque Oriental de las Farc rindieron versiones ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por atentados cometidos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Asimismo, los excombatientes dieron información sobre tomas guerrilleras, homicidios, masacres y otros atentados, así como por crímenes imperdonables durante el conflicto armado.
De acuerdo con las versiones entregadas, intentaron asesinar al expresidente Álvaro Uribe durante su posesión en 2002. Dicho atentado fue con cohetes Rockets, donde fueron asesinadas 27 personas, 69 resultaron heridas, incluidas varias en situación de habitabilidad en calle.
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Asimismo, entregaron información sobre dos atentados que hicieron contra Germán Vargas Lleras. El primero, ocurrido el 13 de diciembre del 2002, cuando le enviaron un libro bomba que le causo graves heridas en las manos y por el que perdió tres dedos.
El segundo, el 10 de octubre del 2005, cuando al salir de las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá, explotó un carro bomba que dejó a nueve personas heridas.
Entre otros atentados, también reconocieron que el Frente Policarpa Salavarrieta de las Farc perpetró la masacre de trabajadores de la Asociación de Municipios de Cundinamarca (Asocentro). Igualmente, admitieron haber instalado una bomba en una bicicleta en el barrio Fátima en Bogotá en 2002. En ese hecho, una niña, su mamá y cuatro uniformados murieron por la explosión y 28 más resultaron heridos.
Durante los ocho días de audiencia, la magistratura indagó sobre las responsabilidades individuales y colectivas de siete frentes y cinco estructuras: Reinaldo Cuéllar, Esteban Ramírez, Abelardo Romero, Policarpa Salavarrieta y el Frente Urbano Antonio Nariño de la extinta guerrilla.
Dentro de las personas que rindieron versión en la JEP, estuvieron dos exintegrantes del Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, conocido con el alias de Timochenko; y Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada, entre otros.
Estas audiencias se dieron en medio de macrocaso 10 de la JEP, el cual investiga crímenes no amnistiables por esa jurisdicción debido a su gravedad. Para la JEP, estos hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados, por lo cual, dentro de otras cosas, las actuaciones se desarrollan bajo reserva para proteger a las 66 víctimas del proceso.
¿Qué sigue?
Este es el primer llamado de la JEP dentro del macrocaso 10. De acuerdo con esa jurisdicción, harán un segundo llamado en julio y agosto a los frentes guerrilleros que operaron en el occidente del Meta, Arauca, Boyacá, Casanare, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés. Concluidas las versiones, estas serán entregadas a las víctimas, quienes serán convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, donde podrán hacer observaciones.
Luego, la sala comparará ambas versiones, informes de la sociedad civil e investigaciones de la Fiscalía, entre otros. Con esos recursos, empezará a tomar decisiones contra los excombatientes.
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