Exfirma del registrador se liquidó

El 30 de agosto de 2011, dos días después de que El Espectador publicara un artículo sobre Hollman Ibáñez titulado “Tras las huellas del exdirector del Censo Electoral de la Registraduría”, la firma Procesos Electorales S. A., de la que fueron parte hasta 2007 el registrador Carlos Ariel Sánchez, el actual magistrado del Consejo de la Judicatura Henry Villarraga y el propio Ibáñez, fue liquidada. Hoy los tres aparecen mencionados en la investigación que adelanta la Fiscalía en contra del registrador por los delitos de concusión, alteración de resultados electorales y contrato sin cumplimiento de requisitos.

En asamblea extraordinaria, el gerente de la empresa Procesos Electorales, Henry Villarraga Palacios —familiar del magistrado Villarraga—, sostuvo que debía liquidarse la compañía en virtud de la “macabra persecución” del diario El Espectador por las publicaciones de varios artículos en los que se mencionaban los nexos entre el registrador Sánchez y la firma. Según Villarraga, estos informes, muchos de los cuales fueron replicados por la W Radio, hicieron que los nuevos miembros de la empresa “fueran macartizados públicamente y sus vidas profesionales y personales pisoteadas y truncadas”.

En esencia, la junta directiva de Procesos Electorales aprobó la disolución de la sociedad al concluir que los “señalamientos injuriosos y calumniosos” de la prensa pusieron en entredicho el buen nombre de la compañía, la dejaron sin clientes, con un flujo de caja disminuido sustancialmente y con deudas ante la DIAN. No obstante, los interrogantes sobre esta empresa siguen en el aire y en desarrollo de las investigaciones que adelanta la justicia contra el registrador han comenzado a atarse varios cabos.

El domingo este diario reveló que desde octubre pasado la Fiscalía rastrea los pasos de Carlos Ariel Sánchez. Denuncias sobre la mala ejecución de un contrato por $77 mil millones para las elecciones al Congreso de 2010 y sobre supuestas ‘mordidas’ para garantizar la inscripción de candidatos para la Alcaldía de Cali, en agosto de 2011, lo tienen bajo la lupa de las autoridades. En ocho ocasiones el fiscal Julio Ospino ha legalizado ante el Tribunal de Bogotá grabaciones, reportes de información financiera y de propiedades del registrador, y hasta información biográfica de colaboradores suyos.

En esas pesquisas la Fiscalía ha documentado el recorrido accionario de la empresa Procesos Electorales. Creada en 2003 con el objetivo de prestar asesorías en temas electorales, los socios fundadores de la compañía fueron Carlos Ariel Sánchez, Henry Villarraga Oliveros y Alfonso Portela Herrán. En 2007, cuando fue elegido como registrador, Sánchez cedió sus acciones a Hollman Ibáñez —después nombrado como director de censo nacional en el organismo electoral—. Ibáñez siempre ha dicho que a su vez ese mismo día cedió las acciones a Fernando Zabala.

No obstante, en actas de la compañía que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá figuró hasta marzo del año 2009 como miembro de la junta directiva de Procesos Electorales. Así lo constató El Espectador. Es decir, mientras formaba parte de una firma privada que asesoraba en temas electorales, también laboraba en la Registraduría. En agosto del año pasado, como consecuencia de las irregularidades en el proceso electoral para la Alcaldía de la capital del Valle, el registrador Sánchez prescindió de sus servicios. Su nombre aparece salpicado en la investigación adelantada por una fiscal en Cali, donde se esperan imputaciones en los próximos días.

En el caso de Henry Villarraga, en 2008 asumió como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Sus acciones en Procesos Electorales las dejó a sus familiares Henry Fernando Villarraga Palacios y Luis Yesid Villarraga Flórez. El jurista, investigado por la Contraloría por el escándalo del carrusel de las pensiones, siempre ha sostenido que una vez entregó sus acciones se desentendió de la compañía Procesos Electorales. Y aunque pidió una licencia de tres meses para defenderse, sigue en el ojo del huracán.

El registrador Carlos Ariel Sánchez, al considerar vulnerado su derecho a la intimidad por las pesquisas de la Fiscalía, denunció ante el Consejo de la Judicatura al fiscal Ospino. Aunque la Corte Suprema de Justicia ha avalado todas sus actuaciones, el magistrado Angelino Lizcano —colega de Villarraga— elaboró una ponencia en tiempo récord para sancionarlo. En abril pasado el caso fue asumido por la coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Marta Lucía Zamora.

El registrador Sánchez, en diálogo con Caracol Noticias, reiteró su inocencia, dijo sentirse muy tranquilo y se quejó de las investigaciones en su contra. La Fiscalía, entre tanto, afina el expediente en el que su nombre ha salido a relucir. Miles de horas de grabación, el número de sus propiedades o movimientos financieros y otros documentos reservados hacen parte del dossier. Todo ello sumado a los cabos sueltos de la firma Procesos Electorales, ya liquidada por los familiares de sus exsocios Villarraga y Portela.