Exfiscal acusa

Armado hasta los dientes de documentos, constancias, correos electrónicos y derechos de petición, el exfiscal de Justicia y Paz Jaime Charry Martínez libra hoy una batalla judicial en contra de la Fiscalía para probar que no fue “un parásito” ni un inepto funcionario que desangró las arcas del erario. Su historia es tan increíble como inédita: salvo tareas menores, algún reemplazo al fiscal titular o entrevistas a postulados renuentes a confesar sus delitos, según él durante 14 meses nunca le asignaron trabajo.

Muy a pesar de que les escribió a sus superiores para pedirles una y otra vez que le permitieran avanzar en labores para desentrañar las verdades del paramilitarismo y que, por lo menos, le dieran un grupo de investigadores, nada de eso ocurrió, dice Charry, quien se queja de que durante ese lapso tenía una remuneración mensual de $15 millones que le costaba al Estado y, sin embargo, la Unidad de Justicia y Paz —quizá la más congestionada por el volumen de versiones de los exparamilitares— ni le dio trabajo ni lo dejó trabajar. Por eso denunció a sus exjefes.

La historia es así: en diciembre de 2006, el abogado Jaime Charry, con más de 22 años de experiencia profesional, fue designado como fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá. En mayo de 2008, por “necesidades del servicio”, fue trasladado como fiscal de apoyo del despacho noveno de la coordinadora regional de Justicia y Paz en Barranquilla, Zeneida López. “Me puse a su disposición, y no obstante la delicada labor a desarrollar, y a pesar de los permanentes requerimientos que le hice, me tuvo sin carga laboral desde mayo hasta septiembre de 2008”, relató Charry.

Así consta en la denuncia de 116 páginas que recientemente interpuso en contra de su exjefe, Luis González León, excoordinador de la unidad y actual coordinador de la unidad de la Fiscalía que investiga a las bandas criminales. Según Charry, después de estos meses de desgreño administrativo le fue asignado un grupo de postulados del bloque Resistencia Tayrona, a quienes escuchó en una primera sesión entre septiembre y diciembre de 2008. Sin embargo, dos meses más tarde se le ordenó hacer entrega de su carga laboral a otra fiscal.

Además, Luis González lo envió a un grupo de trabajo cuya única labor era ubicar postulados que no querían someterse a la Ley de Justicia y Paz y preguntarles si querían permanecer en el proceso. A través de la resolución con la que se oficializó este encargo, se le prohibía ejercer las labores propias de un fiscal de Justicia y Paz, como realizar versiones libres, documentar los hechos, hacer imputaciones o formular cargos. En ese ejercicio estuvo con otros fiscales pero, de nuevo, señaló, no contó con el apoyo del CTI en Barranquilla.

La fiscal Zeneida López, sólo cinco meses después de este nuevo encargo (ya contaba entonces con nueve meses sin carga laboral), le hizo entrega de 82 carpetas “totalmente inactivas, desorganizadas e incompletas”, del frente Resistencia Tayrona. En total ordenó investigar a 92 paramilitares que no quisieron seguir en Justicia y Paz, pero sin contar con un grupo de investigadores le era muy difícil constatar la información necesaria para pedir su exclusión del proceso. Una vez más insistió con sus requerimientos pero, según él, sólo hubo silencio o, en el mejor de los casos, respuestas escuetas en las que le indicaban que siguiera trabajando como pudiera.

“Extrañamente fui el único fiscal delegado que no contó ni con investigadores ni con digitador”, denunció Charry. En ese contexto le pidió a la Alta Consejería para la Reintegración que le permitiera acceder a una información clave para su trabajo, pero le contestaron que necesitaba una clave. La solicitó por todos los medios, pero tampoco se la dieron, dice él. Le pidió a Luis González que le permitiera realizar entrevistas con postulados, pero se lo prohibió bajo el argumento de que sus nuevas funciones se lo impedían.

Así se fue todo 2009, y el 18 de enero de 2010, a través de la resolución 16, le reiteraron las mismas funciones “y González se comprometió a asignarme investigadores”. Le encomendaron revisar 420 postulados de distintos bloques paramilitares de la Costa para manifestaran su voluntad o no de continuar, aunque jamás tuvo un investigador para ese trabajo. Charry pidió ayuda, pero la respuesta de Luis González el 6 de mayo lo dejó frío: “Es ajeno a la jefatura el no contar con policía judicial suficiente para apoyarlo, pues el escaso número de policía judicial que nos asignaron es insuficiente (...) Como puede ver, no es arbitrario el que no se le haya podido asignar investigadores”.

Charry decidió lanzar un S.O.S. institucional y se preguntó incómodo: “¿Por qué soy el único fiscal sin apoyo alguno?”. De nuevo insistió con correos y constancias en las que salvaba su responsabilidad por los escasos resultados. “Todas fueron desatendidas, no me dejaron trabajar. No estaba pidiendo limosna, le exigía al Estado a través de Zeneida López y Luis González que cumpliera con su obligación de proveerme el recurso humano para cumplir con mis obligaciones”. Así se fue el 2010. En enero de 2011 lo reasignaron como fiscal de apoyo del frente contrainsurgente Wayuu y el bloque Resistencia Tayrona.

Según Charry, durante casi cinco años poco o nada había hecho para hacer versiones de los postulados de estos bloques. De nuevo, sin investigadores, comenzó hacerlas. Entonces ya había sido elegida Viviane Morales como fiscal y ella pidió las estadísticas de los fiscales para evaluar sus resultados. Charry le pidió a su jefe que le contara a la fiscal Morales todos sus inconvenientes, pero, según él, éste le ocultó esa realidad histórica y por eso fue despedido. “Quedé ante los míos y ante el país como un parásito profesional”, se queja Charry, quien pretende una millonaria indemnización por su despido. Al cierre de esta edición no había sido posible ubicar al fiscal Luis González.