Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, fue enviado a la cárcel La Picota, según le confirmaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a El Espectador. El político fue capturado en Colombia después de ser deportado de Estados Unidos el pasado 31 de julio.
Lyons Muskus tenía una solicitud de extradición activa en Colombia y ahora responderá por el delito de concierto para delinquir por los escándalos de corrupción que ocurrieron entre 2012 y 2015, periodo en el que fue gobernador.
El exgobernador Lyons Muskus fue condenado por la Corte Suprema, en 2018, por liderar una red de corrupción que se robó $9.000 millones de las regalías departamentales cuando ejercía su cargo público.
Lea: Esta es la respuesta de JEP a dura carta de la Fiscalía sobre cierre de procesos de ex-FARC
Además, hace ocho años, el exgobernador fue una pieza clave para destapar uno de los más grandes escándalos de corrupción en Colombia: El cartel de la toga. Esta estructura de alto nivel político y judicial se dedicaba a torcer procesos penales en la Corte Suprema de Justicia.
Lyons Muskus colaboró con autoridades de Estados Unidos y el FBI, lo que lo convirtió en un testigo protegido de la DEA, develando lo que sabía de altos funcionarios judiciales, quienes recibían sobornos a cambio de archivar procesos o fallar a favor de los implicados.
Asimismo, Lyons Muskus participó en el llamado Cartel de la Hemofilia, hecho en el que se presentó un desfalco inédito en el sector de la salud. La Procuraduría lo sancionó por 10 años por, aparentemente, permitir el pago de más de $7.000 millones a una IPS, sin que hubiera un contrato entre la Gobernación del departamento y la institución. Con esto, se habrían desviado recursos destinados a la atención de pacientes con enfermedades como la hemofilia y el VIH o sida.
Meses atrás a su deportación, la defensa del exgobernador manifestó que la vida de su cliente corría peligro si volvía a Colombia, por su participación en el caso del cartel de la toga, en el que su testimonio fue usado para procesar a 22 personas en el país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
