En decisión de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años en contra del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Los hechos ocurrieron durante su mandato regional entre 2012 y 2015.
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Según confirmó el ente de control, el exgobernador Lyons reconoció irregularmente el pago de servicios odontológicos por $3.054 millones a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que no tenían vinculo legal contractual con la gobernación de Córdoba.
“El órgano de control también confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de nueve años a los entonces secretarios de Salud, Alexis José Gaines Acuña (2014), Alfredo José Aruachán (2014) y Edwin de Jesús Preciado Lorduy (2015)”, explicó la Procuraduría.
Entre 2014 y 2015, la gobernación dirigida por Lyons expidió nueve resoluciones de pago por servicios prestados a la IPS Maxilofacial de Córdoba, Oralcosta, Odontológica IPS SAS y Mauricio Javier Bermúdez, sin que hubiese negocio jurídico alguno entre las partes.
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Ante tal inoperancia de la autoridad regional, la Procuraduría consideró que la conducta de Lyons fue la de omitir su deber de vigilancia y control sobre los secretarios de salud. No les exigió el trámite precontractual y contractual, de acuerdo con las normas del país.
“Para la Procuraduría los investigados tenían la capacidad de conocer la normas previstas para la contratación de servicios en materia de salud y prever que los actos administrativos que reconocían pagos debían estar precedidos del cumplimiento de requisitos”, concluyó la Procuraduría.
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