El jefe del clan Aguilar de Santander, Hugo Eliodoro Aguilar, enfrenta una nueva imputación por hechos que habrían ocurrido durante su paso por la Gobernación de ese departamento. Esta vez, la Fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades en un contrato firmado por su administración para la entrega de miles de regalos navideños para niños del departamento.
De acuerdo con el ente investigador, en 2007, la Gobernación de Santander firmó un acuerdo por $650 millones para comprar y entregar juguetes para niños y niñas del departamento durante la Navidad de ese año.
Señala la Fiscalía que Hugo Aguilar, como gobernador de ese entonces, tenía la obligación de vigilar y seguir de cerca el cumplimiento del contrato. Pero, de acuerdo con lo encontrado por el ente investigador, Aguilar, al parecer, omitió sus funciones de vigilancia, control y seguimiento, “y delegó la contratación a una secretaría”.
Dentro de lo que encontró la Fiscalía, también está que “la administración departamental no realizó un censo poblacional para conocer cuántos menores de edad se encontraban en condiciones de pobreza y en qué municipios vivían”. Asimismo, señala el ente investigador, la Gobernación “tampoco argumentó con claridad la necesidad de avanzar el proyecto ni abrió licitación pública”.
El contrato revisado era por $650 millones y tenía por objeto garantizar la adquisición de juguetes para niños y niñas de escasos recursos, durante la temporada navideña. El acuerdo se hizo finalmente con una fundación que, según la Fiscalía, “no tenía la idoneidad ni capacidad para cumplir con las actividades previstas”.
Se encontró que en la fase de ejecución debía comprar 130.000 juguetes, pero solo entregó 36.000. También, que al valor total del acuerdo se modificó para aumentar el costo de los regalos: pasó de $5.000 a $6.000 por cada uno.
En los cambios que se le hicieron al acuerdo con la fundación, finalmente la Gobernación pagó la totalidad del contrato, pero no se repartieron todos los regalos. De acuerdo con las investigaciones, el contratista se terminó quedando con $416 millones. Por eso, dice el ente acusador que Hugo Aguilar “omitió su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública”.
Por esas razones, la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Los cargos no fueron aceptados por el político.
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