10 May 2022 - 11:30 a. m.

Exiliados y excluidos: venezolanos LGBTI en las cárceles de Colombia

Ser migrante, venezolano y pertenecer a la población LGBTI en una cárcel de Colombia es un triple estigma. La historia a través de las voces de Gaby, Alicia y Yahir.

María Ximena Montaño, Nicolás Martínez y Claudia Marcela Mejía*

Exiliados y excluidos: venezolanos LGBTI en las cárceles de Colombia
Foto: Vito

Cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) indican que, en 2021, de 1995 venezolanos presos en el país, 33 se reconocían como población diversa. El dato, sin embargo, no refleja toda la realidad, pues muchos prefieren esconder su orientación sexual para no lidiar con nuevas violencias.

(Lea la primera entrega: Vivir entre ausencias y barrotes: los migrantes en las cárceles colombianas)

Hace unas décadas eran millones los colombianos que migraban a Venezuela debido al conflicto armado, pero en los últimos años y por la actual realidad social y política del vecino país, más de cinco millones de habitantes han salido de Venezuela, de los cuales, casi dos millones, según cifras del gobierno colombiano, se han asentado en nuestro país.

Más allá de los números, las historias de estas personas encarnan dramas que apenas están empezando a contarse.

Testimonios del hacinamiento y la discriminación

La migración no ha sido fácil y menos en una sociedad donde la discriminación aparece en cualquier momento. Yahir Pérez* lo sabe y la ha padecido porque además de ser venezolano, es gay y está detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá, que alberga otros 197 reclusos oriundos de su país.

Pérez nació en el Estado Lara, noroccidente de Venezuela. En medio de la asfixia económica de su familia y agobiado por la discriminación dada su orientación sexual, vino a Colombia hace cuatro años. Apenas llevaba unos meses cuando cayó preso.

La mayor parte de su encierro la pasó en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Si en las cárceles regulares existe hacinamiento –que según el Inpec a marzo era del 19.9 %,– en la estación de Policía de Kennedy, según la Defensoría del Pueblo, este porcentaje supera el 1000 %.

Los números de la sobrepoblación carcelaria en Colombia no son nuevos, incluso organismos nacionales alertan permanentes violaciones a los derechos humanos y tratos indignos, tanto así que en 1998 la Corte Constitucional, bajo la Sentencia T-153/98 declaró el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria.

Aunque el alto tribunal le ha realizado seguimiento a este tema, el país alcanzó un hacinamiento máximo histórico del 55 % en 2016 y 2019, según datos de los investigadores Manuel Iturralde, Nicolás Santamaría y Juan Pablo Uribe, reseñados en su informe “Covid-19 y la crisis estructural de las prisiones de Colombia: diagnóstico y propuestas de solución”.

(Lea aquí la segunda entrega: Venezolanos en cárceles colombianas, más allá de las cifras)

Cuando trasladaron a Yahir Pérez a la cárcel La Modelo pasó tres días deambulando entre pasillos, sin ningún patio asignado y recibiendo todo tipo de insultos por su orientación sexual. Además, según cuenta, es común que a la comunidad LGBTI no le dejen entrar encomiendas o ropa íntima femenina (para quienes se reconocen como mujeres transexuales).

La vida detrás de los barrotes ya es suficientemente difícil, pero lo es más si se es venezolano y de orientación sexual diversa. Es como un doble estándar xenófobo.

Algo similar le ocurrió a Alicia Bustos*. Tiene 27 años, es venezolana, madre de dos hijos y bisexual. Llegó a Colombia en 2015 y terminó detenida al intentar transportar droga a Brasil, por lo que ya completa siete años en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.

Bustos se mueve con propiedad en ese lugar, que no está exento del hacinamiento, pues en febrero de 2022 albergaba 1812 reclusas, cuando la capacidad es de 1246, es decir, un 45 % más de ocupación.

El Buen Pastor tiene más de medio siglo de historia y nueve patios en los que viven 1814 personas, 1811 mujeres y tres hombres trans.

Son cerca de las nueve de la noche y el pabellón en el que Alicia se encuentra empieza a moverse de forma convulsionada. El bullicio de fondo es evidente.

–¿Qué está pasando en este momento?, le preguntamos.

–Estamos haciendo aseo, lavando ropa, bañándonos, algunas preparan arepas y otras por aquí están bailando.

Suena de fondo música festiva.

–¿Y por qué tan activas en este momento?

–Porque solo a esta hora sube el agua al piso en el que estoy. Si uno quiere hacer estas cosas en otro momento, no se puede.

A pesar de las rutinas de la cárcel, de estar muy lejos de sus hijos y sentirse ajena como migrante, Alicia reconoce que aun con las carencias, el Inpec le ha ayudado con lo mínimo en aseo.

“Ellos les colaboran a los migrantes con un kit cada tres meses, que consta de dos rollos de papel higiénico, una afeitadora, un jabón de baño, una crema y un cepillo de dientes. (Por otro lado), la embajada de Venezuela en Bogotá -que debería garantizar una vigilancia de sus ciudadanos privados de la libertad- solo vino una vez, en 2015, y no volvió. Los venezolanos estamos abandonados”, dice.

(Le puede interesar: Maternidad tras las rejas: las migrantes que son madres en cárceles colombianas)

Datos en contra de la xenofobia

Aunque ocho de cada diez extranjeros en centros de reclusión son venezolanos (seguidos por los ecuatorianos con 4,0 % y de otras nacionalidades como mexicanos, nicaragüenses y costarricenses, que no llegan al 2 %), solo representan el 2.4 % del total de presos en Colombia, pues hasta marzo de 2022 y según cifras del Inpec, son 2398 de un total de 97.080 prisioneros, lo que termina siendo un porcentaje aún mucho menor frente a los casi dos millones de migrantes que viven en el país.

Por eso, cada vez que las autoridades se enfocan en la nacionalidad de un detenido, refuerzan un peligroso imaginario cargado de xenofobia que no solo lo deben soportar los migrantes en las calles, sino en las cárceles, y con mayor intensidad si hacen parte de la población LGBTI.

Ulises Miranda es caleña, transexual y defensora de derechos humanos de la comunidad diversa y ha sido testigo de todas las complejidades que ha tenido que afrontar la población diversa en cárceles como La Modelo, en Bogotá; o Jamundí, en el Valle del Cauca.

Según ella, cuando estuvo recluida en La Modelo “sentía mucho temor. Por ser de derechos humanos me decían: ¿derechos humanos? ¿un travesti, negro y caleño? Me tiraban estiércol con orines”.

Ulises dice que a los venezolanos diversos les iba peor: “Hay mucha xenofobia hacia ellos, incluso de panameños, mexicanos y guatemaltecos. Son muy agresivos. En Jamundí también vi mucho trato despectivo, un desprecio por los venezolanos y ahora en la calle lo veo más: muchas chicas venezolanas trans en la calle sufren agresiones físicas y verbales permanentemente”.

Por su parte, la mexicana Alejandra Martínez, exreclusa de El Buen Pastor, es enfática en decir que a los venezolanos los agreden mucho más. “Como mexicana nunca sufrí discriminación”, dice, y recuerda que ser migrante en una cárcel es sufrir la soledad del encierro sin el consuelo de su familia porque no pueden visitarlas. Además, “a los migrantes nos cobran más caro los trámites judiciales”.

Alicia complementa: “A nosotras las venezolanas nos dan muy duro. Hoy, por ejemplo, estaba en la pasarela en un evento de modelaje y llegó una venezolana que baila muy bien y es muy bonita. Cuando la vi, tenía morados. No me acerqué a ella porque no me gusta, como se dice acá, ‘comprar problemas’. Simplemente observé todo y le pregunté qué le había pasado y me respondió que por ser venezolana, que por perra, que porque las venezolanas son perras”.

Atención diferencial

Leonardo Rodríguez Cely, psicólogo, doctor en Criminología y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, asegura que el hacinamiento, la deficiente atención en salud, la escasa oferta de programas especializados para la reintegración y el masificado trato inhumano contribuye a que los niveles de reincidencia sean muy altos. Un contexto que agrava las vulneraciones a la comunidad LGBTI y a los migrantes detenidos.

Linda Teresa Orcasita, psicóloga y experta en temas de género de la de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali, pone el foco en otros asuntos claves: “La atención diferencial es necesaria en el contexto carcelario y más si estamos hablando de población migrante, pues allí existen diversas vulneraciones asociadas a diversos estereotipos vinculados al estigma y prejuicio sobre la población”.

Para ella ha venido aumentando el lenguaje discriminatorio y extendido, según el cual el enemigo de hoy son los venezolanos, lo cual refuerza las agresiones hacia esa población dentro de la cárcel.

Existen registros que indican que la población LGBTI es víctima de abusos sexuales de internos que erróneamente consideran dichas prácticas como “correctivas” de la orientación sexual.

“Esa, lamentablemente, es una de las vulneraciones a los derechos humanos más graves que se cometen contra ellos. La gente cree que eso se quita, que ser diverso es una moda o que se les va a pasar”, asegura la psicóloga Orcasita.

Como respuesta a las dificultades de la población LGBTI, el informe de febrero de 2022 del Inpec asegura que se han generado avances en el desarrollo de un enfoque diferencial que garantice la vida y la dignidad de esta población, tal como se promulgó en la Ley 1709 de 2014.

En el pasado, la Corte Constitucional procuró estas mejoras en el tratamiento diferencial a través de la Sentencia T-062/11, por la cual se prohíbe a las instituciones penitenciarias restringir visitas íntimas, el corte de cabello, la tenencia de utensilios de belleza, entre otras disposiciones y sentencias.

Además, la Resolución 6349 de 2016 dio un mandato claro para la implementación de medidas especiales que permitan brindar condiciones de equidad y acceso a sus derechos en los centros penitenciarios. Frente a ello, la Dirección de Derechos Humanos y Enfoque Diferencial del Inpec explica que en el año 2019 los 132 establecimientos de reclusión del país elaboraron un reglamento interno con enfoque diferencial.

En concreto, a través de la Dirección de Atención y Tratamiento –añadió la entidad en respuesta a una solicitud de información– el Inpec desarrolla jornadas de autorreconocimiento dos veces por año en los establecimientos para identificar sus necesidades específicas y “adoptar programas y decisiones más acertadas para garantizar sus derechos fundamentales”.

Asimismo, la entidad sostiene que ha implementado medidas sobre “la visibilización, protección y garantía de los derechos de aquellas personas con orientación sexual e identidad de género diversa, específicamente en temáticas relacionadas con elementos de belleza, prendas de vestir y corte de cabello, criterios de clasificación para la ubicación, identificación, participación, requisas, trámite de quejas, reclamos, denuncias y visitas íntimas”.

Sin embargo, los testimonios recogidos para esta investigación periodística contradicen la versión institucional y, al contrario, evidencian un largo listado de vacíos por resolver que se hace más difícil cuando los internos son migrantes venezolanos.

Salud y hormonización

Gaby Luzardo, una mujer trans venezolana de 40 años, a quien capturaron llevando cápsulas de cocaína en su estómago y que estuvo detenida por cuatro años en las cárceles La Modelo y Distrital de Bogotá, y la de Acacías (Meta), advierte que la salud para la población LGBTI en Colombia es calamitosa.

En el famoso “patio milenio” —de reclusos con VIH — de la cárcel bogotana, “decían que uno tenía que estarse muriendo más o menos para que lo sacaran del patio y si era de población LGBTI, peor”, afirma.

Así lo vivió ella cuando se enfermó y recuerda que tuvo que pagar veinte mil pesos a un dragoneante para que la auxiliara. En la cárcel todo tiene un precio. Y sí que lo sabe la comunidad diversa, particularmente quienes están en proceso de transición de género.

Gaby, por ejemplo, no inició su proceso de hormonización en La Modelo, pues este tratamiento, basado en el uso de medicación para modificar el cuerpo en función de la identidad de género autorreconocida, le salía costoso.

Las pastillas Activia 21, indicadas para ese proceso, le costaban en la cárcel cincuenta mil pesos, pero en la calle valen en promedio seis mil. Por ello su “iniciación” se quedó en el maquillaje, el perfume, los tacones y la ropa femenina. Además, asegura que no tuvo asesoría ni acompañamiento para empezar este proceso, por ello lo hizo al salir de prisión.

Ulises Miranda agrega que en la cárcel de Jamundí su proceso de hormonización fue más benévolo. “Cuando se me olvidaba la cita médica llegaba una enfermera al patio a decirme: vamos a que le den su medicación”. En cambio, cuenta que en La Modelo el trato fue siempre denigrante e indigno y que el cáncer de estómago que padecía apenas fue tratado con acetaminofén. “Eso es lo que hay, si quiere bien y si no, de malas”, recuerda.

Pedro Ramos**, uno de los guardias del Inpec, sostiene que ellos también sufren por el hacinamiento y las precarias condiciones de las cárceles que custodian. “Nosotros trabajamos con las uñas, pero a pesar de eso a los internos se les acompaña en sus procesos de salud, en la medida de lo posible. Hay cosas de recursos que nosotros no podemos controlar”.

El guardia explica que los procedimientos quirúrgicos y hormonales para la población diversa no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, lo que dificulta la transición al interior de la cárcel: “Eso ha cambiado un poco, hoy en día las personas pueden acceder más fácil a estos servicios y hay casos de internos que han logrado hasta cirugías de senos después de interponer acciones legales”.

La psicóloga Orcasita señala que urgen medidas estructurales para atender a la población LGBTI que está en tránsito de su género. Si un sistema penitenciario como el colombiano no permite hacer las consultas médicas necesarias para desarrollar bien la hormonización de estos pacientes, eso puede derivar en efectos negativos para su salud o incluso llegar hasta la muerte.

De ahí la importancia, para la psicóloga, de que los internos puedan tener un monitoreo real de sus procesos, no solo de hormonización, sino de pruebas de VIH, educación en prácticas sexuales y dotación de preservativos. “No se trata de un acompañamiento a algo cosmético, es un asunto de salud desde una perspectiva sistémica”, puntualiza.

Un trato diferente

Estudios de género son concluyentes en que la diferenciación entre el trato dirigido a hombres y mujeres que se autodenominan LGBTI puede atribuirse a la legitimación social de los afectos que se les ha dado a las mujeres y que históricamente se les ha negado a los hombres, centrada en las relaciones de poder.

“Si voy tomada de la mano de una mujer en las calles, seguramente se va a asociar con que es mi mamá, mi hermana o mi amiga. Es decir, que no atenta tanto contra ese mundo hegemónico que existe, porque a las mujeres se nos permite socialmente la expresión afectiva mediada por los abrazos, los afectos y los besos. Pero en los hombres es diferente. La norma social les enseña que deben distanciarse del afecto y validar socialmente su masculinidad que, en muchos casos, incluye denigrar y estereotipar”, dice la psicóloga Orcasita.

“El hombre gay no sufre tanta discriminación como nos toca a las chicas trans”

asegura Gaby Luzardo.

Y en un contexto carcelario, normalizar estos comportamientos de maltrato hacia la población diversa es la regla en las cárceles de hombres. Ulises lo dice mejor: “El problema es que quien se atreve a exigir respeto o a luchar por unas condiciones básicas de bienestar, tiene que atenerse a las consecuencias. Por eso muchas personas prefieren callar, aguantarse u ocultar su identidad para evitar más maltratos y violencia”.

La crisis se agrava más para los venezolanos que hacen parte de la población LGBTI privados de la libertad en Colombia, pues además tienen que sortear la ausencia de sus familias y los líos económicos de la supervivencia misma en la cárcel.

“Cuando no tenía ropa ni trabajaba haciendo uñas y tintes acá, me vestía con lo que me regalaban las visitas. A veces los que venían a visitar a mis compañeras traían ropita de más y me regalaban”, cuenta Alicia Bustos.

En la otra orilla, Pedro, el guardia del Inpec, asegura que no todo es tan rotundo: “A las personas LGBTI les preguntamos quién quiere que las requise. Eso lo respetamos y si tienen sus citas médicas o procesos de hormonización, hágale. Pero hay muchas cosas del otro lado que no se ven”.

Pedro también agrega que son señalados permanentemente de ser “los malos”, y comprende que piensen así: “Nadie quiere vivir la experiencia de estar privado de la libertad y bajo las condiciones que implica estarlo. Pero lo que no dicen es que algunos utilizan su identidad diversa para ponernos al límite y a nosotros nos toca aguantarnos. Por poner un ejemplo, cuando vamos a hacer requisas, como a ellos no se les puede tocar, muchas veces son los que se encargan de encaletar cosas en su ‘cajón’ [partes íntimas]. O cuando se cortan y nos amenazan con la sangre diciendo que tienen VIH y que nos van a contagiar”.

Avances insuficientes

La tutela ha sido un instrumento legal frecuente para tratar de balancear la reiterada violación a los derechos de la población carcelaria. Uno de los antecedentes históricos que marcó el rumbo de los reclusos LGBTI en Colombia fue el caso de Marta Lucía Álvarez.

Desde 1994, a pesar de sus legítimos requerimientos, le fue negado el derecho a la visita íntima por ser lesbiana. Como reclamó sus derechos, la humillaron, golpearon y trasladaron a doce cárceles del país, así queda documentado a lo largo de su libro “Mi historia la cuento yo”.

En mayo de 1996 acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, que después de analizar el proceso determinó, en 2014, que el Estado colombiano debía eliminar toda forma de discriminación contra las personas LGBTI privadas de su libertad, al tiempo que reconoció la extensa cadena de violaciones a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

En 2016 el Estado le pidió perdón a Marta Lucía Álvarez Giraldo por las afectaciones causadas, manifestándole el compromiso y voluntad de repararla integralmente, así como para que hechos como estos no tengan ocurrencia en el futuro.

En 2017 se acordaron las medidas de reparación: compensación que incluye la indemnización tanto por daño material e inmaterial; un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas; la publicación y difusión del diario de la víctima “Mi historia la cuento yo”, y medidas de no repetición que incluyen la modificación del Reglamento General Penitenciario y de los reglamentos internos de cada establecimiento de reclusión, entre otras.

Este pleito internacional abrió la puerta para que el Estado colombiano tratara de responder a los estándares de derechos humanos a nivel global, en relación con la población LGBTI detenida en cárceles.

Marcela Sánchez, representante de la Mesa de Seguimiento del caso Álvarez y directora de Colombia Diversa, dice que el acuerdo fue exitoso, pues produjo reformas profundas en el sistema carcelario, creó estándares para las personas privadas de la libertad (PPL) que pueden ser reconocidos en el resto de la región y corresponde a un trabajo técnico legal juicioso, pero la lucha continúa.

Después de casi 30 años, Marta Álvarez dice que, si bien pudo constatar la situación desde su experiencia como mujer lesbiana privada de la libertad, también ha tenido la oportunidad de visitar las cárceles y asegura que el escenario ha mejorado, pero no lo suficiente.

“Quizá el problema más grave es la distancia que hay entre el papel y la realidad, pero espero que conforme se vayan implementando los acuerdos alcanzados con el Estado, el avance pueda ser visiblemente mayor y que nadie en prisión tenga que pagar dos condenas en lugar de una. Una por la deuda contraída con la sociedad y la otra por valientemente osar amar a otra mujer”, señala.

Al respecto, Marcela Sánchez le pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que siga acompañando el cumplimiento del caso, “además de las capacitaciones, los cambios en el reglamento general y los reglamentos de los centros de reclusión que se acordaron, pues es muy importante verificar el cumplimiento efectivo de este reglamento”, señaló en el acto de difusión del informe del artículo 51 del caso C-11-656 en marzo del 2022.

Además, pide vigilar que el Estado colombiano saque adelante las quejas que los internos e internas interponen ante la Defensoría del Pueblo y ante el INPEC, así como aprovechar esta oportunidad para seguir revisando la situación de personas LGBTI privadas de la libertad en toda la región.

Más allá de lo que dicen los nuevos reglamentos del Inpec, o los avances en materia de sentencias de tutela –en 2013, por ejemplo, la Corte Constitucional reafirmó la visita íntima como un derecho fundamental–, lo cierto es que no cesa la discriminación contra esta población.

Así lo revelan también los testimonios que fueron recogidos en diferentes centros penitenciarios de Colombia durante esta investigación periodística. En lugar de la protección que deberían tener, algunos internos manifiestan que los tipos y escalas de violencia se mantienen y varían según la cárcel, el patio o el sector en el que se encuentren o los niveles de hacinamiento, las jerarquías de poder entre unos internos y otros y si son hombres o mujeres.

Esta desprotección que vive la población LGBTI de migrantes venezolanos, tanto en prisión como fuera de ella, se podría resumir en el final de la historia de Gaby, quien falleció el 23 de octubre de 2021 a las 09:28 p. m. “Hace 40 minutos me le dio un paro cardiaco, no aguantó, estaba muy mal”, dijo su novio. Previamente se había inyectado un tipo de aceite en sus pechos para darles volumen.

Gaby ya era libre, pero murió persiguiendo el deseo de tener el cuerpo que por mucho tiempo añoró e intentó moldear bajo condiciones poco adecuadas por la falta de recursos, apoyo en políticas públicas de salud y un sistema que luego de discriminarla, la abandonó tanto física como emocionalmente.

*Te invitamos a ver el trabajo completo en este enlace: Migrantes y prisioneros del abandono

Pesquisa Javeriana, El Espectador, Tuu Putchika, la Fundación Acción Interna, el Semillero de Derecho Penitenciario y la Maestría en Periodismo Científico de la Pontificia Universidad Javeriana nos unimos para presentar una radiografía sobre los migrantes, especialmente venezolanos, en las cárceles colombianas. Las paradojas de estos espacios no se limitan al hacinamiento; ser foráneos les plantea dificultades para acceder a la justicia o la salud y a comunicarse con sus familias.

**Nombres modificados para reservar la seguridad de las fuentes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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