Exmagistrado Escobar Gil rindió interrogatorio en la Fiscalía por caso Fidupetrol

Cerca de dos horas y media duró el interrogatorio del expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil en la Fiscalía General en el marco de la investigación que se adelanta por el presunto pago de 500 millones de pesos por parte de la empresa Fidupetrol al magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chajub para que favoreciera los trámites de una acción de tutela presentada ante el alto tribunal en el año 2014.

Escobar Gil, quien firmó un contrato de asesoría con dicha empresa para la presentación de la acción judicial, aseguró a la salida de la diligencia judicial que le entregó a los investigadores los contratos que firmó con Fidupetrol para que sean tenidos en cuenta en la investigación. En este caso se busca establecer si se presentaron irregularidades en el trámite de dicha tutela que buscaba anular la multa de 23.500 millones de pesos interpuesta por la Corte Suprema en la condena emitida contra el excongresita del Casanare Whitman Porras.

“He entregado a la Fiscalía General el contrato suscrito con Fidupetrol, los documentos contables que acreditan la transparencia de las fuentes y unos de los honorarios pagados, los memoriales y conceptos elaborados para la empresa y los correos electrónicos cruzados con los funcionarios de Fidupetrol y el abogado Víctor Pacheco, con lo que se acredita la legalidad de mis actuaciones el carácter eminentemente profesional de mis servicios y la transparencia de los honorarios que me pagaron”, precisó.

ElEspectador conoció que el exmagistrado firmó un contrato de 200 millones de pesos por la asesoría, y la firma de un bono de éxito por la misma suma si la Corte Constitucional aceptaba las pretensiones de la tutela. Su nombre fue vinculado en la ampliación de la denuncia radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el magistrado Mauricio González Cuervo el pasado 27 de febrero.

“En mis 33 años de experiencia profesional, en el desempeño de cargos en la Administración Pública, en mi calidad de Magistrado de la Corte Constitucional, en mi ejercicio como Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la práctica privada del ejercicio de mi profesión de abogado, he actuado con apego a la Constitución y a la Ley, con respecto por la imparcialidad y autonomía de las entidades del Estado y con sujeción a los principios de honestidad, rectitud y decreto”, añadió.

En esta investigación rindieron interrogatorio el abogado Víctor Pacheco; el exrepresentante legal de Fidupetrol, Guillermo Caballero. Igualmente fueron escuchados en entrevista el expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla Pinilla y el magistrado Mauricio González Cuervo.

Cerca de dos horas y media duró el interrogatorio del expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil en la Fiscalía General en el marco de la investigación que se adelanta por el presunto pago de 500 millones de pesos por parte de la empresa Fidupetrol al magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chajub para que favoreciera los trámites de una acción de tutela presentada ante el alto tribunal en el año 2014.

Escobar Gil, quien firmó un contrato de asesoría con dicha empresa para la presentación de la acción judicial, aseguró a la salida de la diligencia judicial que le entregó a los investigadores los contratos que firmó con Fidupetrol para que sean tenidos en cuenta en la investigación. En este caso se busca establecer si se presentaron irregularidades en el trámite de dicha tutela que buscaba anular la multa de 23.500 millones de pesos interpuesta por la Corte Suprema en la condena emitida contra el excongresita del Casanare Whitman Porras.

“He entregado a la Fiscalía General el contrato suscrito con Fidupetrol, los documentos contables que acreditan la transparencia de las fuentes y unos de los honorarios pagados, los memoriales y conceptos elaborados para la empresa y los correos electrónicos cruzados con los funcionarios de Fidupetrol y el abogado Víctor Pacheco, con lo que se acredita la legalidad de mis actuaciones el carácter eminentemente profesional de mis servicios y la transparencia de los honorarios que me pagaron”, precisó.

ElEspectador conoció que el exmagistrado firmó un contrato de 200 millones de pesos por la asesoría, y la firma de un bono de éxito por la misma suma si la Corte Constitucional aceptaba las pretensiones de la tutela. Su nombre fue vinculado en la ampliación de la denuncia radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el magistrado Mauricio González Cuervo el pasado 27 de febrero.

“En mis 33 años de experiencia profesional, en el desempeño de cargos en la Administración Pública, en mi calidad de Magistrado de la Corte Constitucional, en mi ejercicio como Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la práctica privada del ejercicio de mi profesión de abogado, he actuado con apego a la Constitución y a la Ley, con respecto por la imparcialidad y autonomía de las entidades del Estado y con sujeción a los principios de honestidad, rectitud y decreto”, añadió.

En esta investigación rindieron interrogatorio el abogado Víctor Pacheco; el exrepresentante legal de Fidupetrol, Guillermo Caballero. Igualmente fueron escuchados en entrevista el expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla Pinilla y el magistrado Mauricio González Cuervo.