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Por presunto exceso en los viáticos gastados en comisiones de servicios durante 2022 y 2023, la Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra la expersonera municipal de Ibagué, Francy Johana Ardila Salazar. De acuerdo con la denuncia de medios de comunicación, conocida por la Procuraduría, en menos de un año la exfuncionaria habría gastado a su favor más de $55 millones.
Este dinero se habría utilizado en viáticos ordenados y pagados a ella por la Alcaldía de Ibagué, y según el Ministerio Público, podrían haberse vulnerado las normas de austeridad en el gasto público. Asimismo, La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué solicitó a la Personería “información sobre las comisiones efectuadas y pagadas en los años ya señalados, así como los informes rendidos por la investigada en cada una de las delegaciones efectuadas y pagadas”.
Otra información clave para la investigación, es entender qué funciones cumplió Ardila Salazar en los eventos a los que asistió y si los gastos de desplazamiento, alojamiento o viáticos fueron sufragados por las entidades convocantes. Con esto, el ente disciplinario busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
Los antecedentes de Francy Johana Ardila Salazar
Aunque la Procuraduría revisará las irregularidades denunciadas durante 2022 y 2023, esta no es la primera investigación en contra de Francy Johana Ardila Salazar. Luego de las sospechas generadas por un informe disciplinario presentado por la Contraloría del Tolima, el Ministerio Público investigó Ardila Salazar por un presunto mal manejo de los pagos de viáticos cuando fue jefa del Ministerio Público de Melgar (Tolima), desde marzo de 2012 hasta febrero de 2020.
Las pruebas recogidas anteriormente por la Contraloría del departamento, que abarcó las vigencias de 2016 a 2019, dio como resultado seis hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen implicaciones disciplinarias debido a las discrepancias en los soportes de los pagos de viáticos en ese período. Uno de estos, fue las inconsistencias en la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), quienes se habrían diligenciado después de la fecha de los días de viáticos, sin tener en cuenta que la disponibilidad previa garantizara la suficiencia para cubrir los gastos.
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