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Una coalición de nueve organizaciones no gubernamentales de España, Guatemala y Colombia abrió en Bogotá las discusiones en un encuentro internacional con expertos de 27 países convocado para adoptar un consenso sobre normas en procesos de desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos.
Unos 400 delegados concurren a esta cita, que finalizará el viernes próximo con la presentación del ya conocido como Consenso Internacional sobre Normas Mínimas en Trabajo Psicosocial en Procesos de Desaparición Forzada y otras Graves Violaciones a los Derechos Humanos.
La adopción de este acuerdo es el objetivo fundamental del II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, que delibera en la Universidad Nacional (UN) de la capital colombiana.
La cita es la continuación de una celebrada en febrero de 2007 en la ciudad guatemalteca de Antigua y que se trazó como tarea la elaboración de un proyecto sobre normas mínimas para procesos de exhumación.
El documento previo recoge 27 propuestas de normas y es el centro de discusión del encuentro en Colombia, considerado uno de los países más afectados por las violaciones de derechos humanos como consecuencia del conflicto armado interno, que dura ya casi medio siglo.
El coordinador forense de la División de Ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) , el argentino Morris Tidball Binz, expresó que el congreso de Bogotá "es la culminación de un proceso iniciado en Antigua para resolver la tragedia de la desaparición forzada" .
Es un proceso para la presentación y puesta en marcha de unas normas mínimas para gestionar estos casos de violaciones, dijo Tidball Binz, quien compareció en la apertura de este congreso mediante una videoconferencia desde Ginebra.
El argentino estaba en la relación invitados especiales a Bogotá, pero no pudo acudir por la crisis aérea generada en Europa por la erupción de un volcán islandés.
"Los familiares (de las víctimas) son los verdaderos motores de esta lucha" , reconoció el experto de la Cruz Roja, primer director del Equipo de Antropología Forense de Argentina, creado para buscar e identificar a las víctimas de desaparición durante las dictaduras en su país.
La cita de Antigua llevó a una serie de encuentros en muchas regiones del mundo para discutir y validar unas propuestas de normas que habían sido recogidas en un documento de 48 folios.
Este texto fue sometido a una tarea de síntesis que terminó en 27 normas mínimas.
"Consideramos que son las fundamentales (...), y queremos que sea un documento fácil de trabajar, que se pueda implementar en los diferentes contextos nacionales e internacionales" , explicó el colombiano Óscar Gómez, representante de la Corporación Avre, que apoya a víctimas de violencia sociopolítica y busca su recuperación emocional.
Gómez dijo que de este congreso debe salir un conjunto de normas mínimas que pueda ser dejado en consideración de Naciones Unidas.
El fin es el de que este texto de consenso "se convierta en un instrumento que vincule de manera fuerte, no blanda, a los Estados, para que el enfoque psicosocial se incorpore en todos los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de restos".
Este Congreso tiene un interés muy particular en Latinoamérica, región en la que catorce países han avanzado en procesos de exhumación de víctimas de matanzas, detenciones y crímenes selectivos, en número desconocido.
Las normas comprenden ámbitos como el de búsqueda de la verdad, justicia y reparación, así como de exhumación de restos de desaparecidos, indicó el experto colombiano, para quien el resultado del encuentro de Bogotá debe llevar a la elaboración de planes nacionales sobre este asunto humanitario.
"La idea es que los procesos de búsqueda sean reparadores en su conjunto" , subrayó el austríaco Franc Kernjak, de Geza, agencia de su país para la cooperación internacional.
Kernjak observó que el trabajo de validación del proyecto de consenso apunta a que el Estado debe encargarse de las labores de búsqueda y exhumación de restos.
Sin embargo, el activista austríaco subrayó que la desconfianza en el sector público hace necesario "contar con grupos de expertos independientes que vigilen la calidad y la transparencia del trabajo del Estado" .