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Se agrava la situación de seguridad y orden público en el departamento de Guaviare, por cuenta de los atentados con explosivos perpetrados en la mañana de este viernes 4 de julio. En el municipio de Calamar, las autoridades reportaron la explosión de una motocicleta bomba, en pleno casco urbano, que dejó a dos civiles, un suboficial y cinco soldados heridos.
El general Freddy Gómez, comandante de la Cuarta División del Ejército, dijo a medios de comunicación que detrás del hecho estarían las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Concretamente el frente Armando Ríos, que opera en esa región del país. Es el segundo ataque con explosivos dirigido a la Fuerza Pública, que se presenta en las últimas 24 horas.
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Según se sabe hasta el momento, el hecho ocurrió sobre las 8:50 de la mañana, cuando la motocicleta en la que estaban camuflados los explosivos estalló frente a un local comercial, a solo una cuadra del parque principal de Calamar. El ataque, según dijo el general Gómez, estaba dirigido a unidades del Ejército que patrullaban en ese momento cerca al lugar de los hechos.
El gobernador de Guaviare, Yeison Rojas, se pronunció tras el ataque y dijo que de inmediato se reunió con los mandos militares del departamento, para evaluar la situación y tomar medidas al respecto. Confirmó además que los heridos, quienes presentaron afectaciones leves, fueron atendidos en un centro médico de la población.
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“No podemos permitir que el Guaviare siga siendo víctima del terrorismo y de los grupos armados ilegales. Nuestra comunidad está siendo puesta en medio de una guerra que no le pertenece. Alzo la voz para exigir respeto por la vida, por la población civil, por cada niño, cada mujer, cada campesino que solo quiere vivir en paz. Toda mi solidaridad con las víctimas y mi respaldo absoluto a nuestro Ejército Nacional, que continúa firme en su compromiso por la seguridad del país”, dijo el gobernador Rojas.
El más reciente ataque de este tipo se había presentado el día de ayer, sobre las 3:40 de la tarde, cuando fue utilizado un dron para lanzar una granada contra el Batallón de Infantería de Selva No. 24 del Ejército, también en Calamar. Por fortuna, ese ataque no dejó personas heridas ni causó daños materiales considerables en el sitio de la detonación.
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Al tiempo que se registraba esa explosión, en el parque principal de Calamar la comunidad se reunía para adelantar una marcha contra a violencia, liderada por las autoridades locales. Esto, después de que en la tarde del martes la Fiscalía General de la Nación y el Ejército confirmaran el hallazgo de una fosa común en la que habían sido sepultadas clandestinamente ocho personas.
Se trataba de Nixon Peñaloza, Isaid Gómez, Jesús y Carlos Valero, James Caicedo, Óscar y Maryuri Hernández, y Marivel Silva. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas entre el 4 y el 6 de abril, cuando fueron citadas a una reunión por presuntos integrantes del frente Armando Ríos, de las disidencias de “Iván Mordisco”. El mismo al cual se le atribuyen los recientes ataques con explosivos y hostigamientos en la región.
Durante dos meses y 27 días, los familiares de las ocho personas, que hacían parte de dos iglesias evangélicas y lideraban Juntas de Acción Comunal en veredas de Calamar, pidieron ayuda para dar con el paradero de los desaparecidos. Fue hasta la tarde del primero de julio que se confirmó el hallazgo de sus cuerpos sin vida.
Estos hechos se enmarcan en la creciente disputa que se vive en Guaviare entre las facciones disidentes comandadas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”. Su guerra por el control territorial y el manejo de las economías ilícitas, especialmente del narcotráfico y la minería ilegal, ha tenido la seguridad de los habitantes de Guaviare en el ojo del huracán.
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Hace solo un par de semanas circuló allí un mensaje de redes sociales con un panfleto en el que la facción disidente comandada por “Iván Mordisco” decretaba un paro armado durante cinco días. Ese constreñimiento afectó a más de 30.000 personas, por cuenta del confinamiento, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, el cierre del comercio y el estancamiento de sectores productivos como el ganadero.
Las autoridades regionales han sido insistentes en pedirle al Gobierno Nacional que aumente su presencia en la región y que dirija con más atención la mirada hacia el Guaviare. Pero no solo en términos militares, pues allí hay presencia de la Cuarta Brigada del Ejército, las Fuerzas de Despliegue Rápido 10 y 11 y de la Policía. Lo que piden, igual que en otras regiones como Cauca y Catatumbo (Norte de Santander), es presencia integral de todas las instituciones, para bajarle así la temperatura a la guerra.
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