Exprocurador enredado en el “carrusel de la contratación” acepta cargos

En los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el exprocurador administrativo Ulpiano Hernán Jovel Muñoz aceptó los cargos de enriquecimiento ilícito y cohecho de los que lo acusó la Fiscalía, tras encontrar que en 2013, Jovel Muñoz recibió un soborno de $2.000 millones para que usara sus influencias en el seno de la Fiscalía misma, para frenar el proceso contra el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por el ‘carrusel de la contratación’.

La aceptación de cargos por parte de Jovel Muñoz no es una sorpresa, pues el exprocurador oriundo del Huila había firmado una preacuerdo con la Fiscalía en enero de este año. Dicho acuerdo, que implicó la aceptación de los cargos y dar información sobre los dineros recibidos y otros implicados en el caso, fue avalado en agosto pasado por el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá.

Los hechos por los cuales Jovel Muñoz se encuentra detenido en la cárcel La Picota, tienen que ver con el complejo entramado que se tejió alrededor del escándalo del “carrusel de la contratación”. Según el ente investigador, a cambio de coimas, el exprocurador Jovel se comprometió a influenciar la investigación en Fiscalía contra el exgobernador Álvaro Cruz, quien ya está condenado por haber favorecido a la empresa IMC –de la cual fue representante legal– para que se ganara millonarios contratos viales en Cundinamarca.

De acuerdo con las pesquisas, Jovel se había reunido en varias ocasiones con Cruz, y le había dicho que a través del abogado Augusto Ramírez, podía contactar al exvicefiscal Jorge Perdomo para influenciar su proceso. Esto, con el objetivo de que el entonces gobernador de Cundinamarca pudiera terminar su administración sin contratiempos. Dicha operación le costó a Cruz $2.000 millones, que, según testigos, hizo en varios pagos. El primero fue de $750 millones.

No obstante, el plan del exgobernador y del exprocurador no salió como ellos esperaban, pues cuando el abogado Augusto Ramírez le preguntó a Perdomo en qué iba el proceso en cuestión, el entonces vicefiscal no se refirió al asunto. Pero eso no fue todo: más tarde, Ramírez, amigo de infancia del exvicefiscal Perdomo, acudió a él para confesarle el plan. Por esta razón, la Fiscalía decidió tumbar el preacuerdo que estaba negociando con Álvaro Cruz, condenado a seis años de prisión por el “carrusel”.

Tras este revés, el 2 de octubre de 2015 la Fiscalía capturó al exgobernador, y horas más tarde, hizo lo mismo con Ulpiano Hernán Jovel Muñoz. Una vez firmado el preacuerdo, el fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema señaló que el exfuncionario se comprometió a entregar información sobre otras personas que estarían implicadas en estos hechos de corrupción. Entre ellos estaría la esposa de Álvaro Cruz, Luz Zoraida Rozo.

El testigo clave

Si no fuera por el abogado Augusto Ramírez, tal vez el nombre de Ulpiano Hernán Jovel Muñoz jamás habría salido a la luz pública. Fue él quien confesó que Jovel Muñoz le insistió para que le preguntara al exvicefiscal Jorge Perdomo en qué iba el caso de Álvaro Cruz. Es más: confesó bajo juramento que Jovel Muñoz le manifestó que si era necesario pagarle a fiscales para que detuvieran el caso, lo hiciera.

“El compromiso para con el señor Álvaro Cruz era tenerlo en la Gobernación hasta diciembre del presente año, para eso era la plata, de ese compromiso me enteré como cinco meses después de la negociación y yo le dije que era imposible porque nadie nos estaba ayudando con eso”, señaló el testigo. Esto quiere decir que el dinero, supuestamente destinado a sobornar funcionarios, quedó en manos de Jovel Muñoz y no llegó a sus objetivos finales.

Cuando el abogado Ramírez le reclamó al entonces procurador, este, supuestamente, le respondió que “ese viejo hijueputa (el gobernador Cruz) estaba diciendo mentiras y que no entregó sino $750 millones de pesos”. Y continuó: “Yo intenté averiguar cómo había sido la negociación real porque no me cabía en la cabeza que un proceso de estos tan delicados, donde había tanto dinero de por medio, se hubiera arreglado por 750 millones de pesos no más”.

La prueba reina

La Fiscalía logró probar que  en 2013, cuando aún no había estallado este escándalo, Jovel Muñoz incrementó su patrimonio de forma exponencial. Con el dinero entrante, el exfuncionario –destituido desde octubre de 2015– adquirió nuevos bienes por $500 millones, entre ellos, una camioneta Audi y un vehículo mini Cooper. Asimismo, junto al abogado Augusto Ramírez compró una casa en Neiva por $115 millones.

En los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el exprocurador administrativo Ulpiano Hernán Jovel Muñoz aceptó los cargos de enriquecimiento ilícito y cohecho de los que lo acusó la Fiscalía, tras encontrar que en 2013, Jovel Muñoz recibió un soborno de $2.000 millones para que usara sus influencias en el seno de la Fiscalía misma, para frenar el proceso contra el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por el ‘carrusel de la contratación’.

La aceptación de cargos por parte de Jovel Muñoz no es una sorpresa, pues el exprocurador oriundo del Huila había firmado una preacuerdo con la Fiscalía en enero de este año. Dicho acuerdo, que implicó la aceptación de los cargos y dar información sobre los dineros recibidos y otros implicados en el caso, fue avalado en agosto pasado por el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá.

Los hechos por los cuales Jovel Muñoz se encuentra detenido en la cárcel La Picota, tienen que ver con el complejo entramado que se tejió alrededor del escándalo del “carrusel de la contratación”. Según el ente investigador, a cambio de coimas, el exprocurador Jovel se comprometió a influenciar la investigación en Fiscalía contra el exgobernador Álvaro Cruz, quien ya está condenado por haber favorecido a la empresa IMC –de la cual fue representante legal– para que se ganara millonarios contratos viales en Cundinamarca.

De acuerdo con las pesquisas, Jovel se había reunido en varias ocasiones con Cruz, y le había dicho que a través del abogado Augusto Ramírez, podía contactar al exvicefiscal Jorge Perdomo para influenciar su proceso. Esto, con el objetivo de que el entonces gobernador de Cundinamarca pudiera terminar su administración sin contratiempos. Dicha operación le costó a Cruz $2.000 millones, que, según testigos, hizo en varios pagos. El primero fue de $750 millones.

No obstante, el plan del exgobernador y del exprocurador no salió como ellos esperaban, pues cuando el abogado Augusto Ramírez le preguntó a Perdomo en qué iba el proceso en cuestión, el entonces vicefiscal no se refirió al asunto. Pero eso no fue todo: más tarde, Ramírez, amigo de infancia del exvicefiscal Perdomo, acudió a él para confesarle el plan. Por esta razón, la Fiscalía decidió tumbar el preacuerdo que estaba negociando con Álvaro Cruz, condenado a seis años de prisión por el “carrusel”.

Tras este revés, el 2 de octubre de 2015 la Fiscalía capturó al exgobernador, y horas más tarde, hizo lo mismo con Ulpiano Hernán Jovel Muñoz. Una vez firmado el preacuerdo, el fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema señaló que el exfuncionario se comprometió a entregar información sobre otras personas que estarían implicadas en estos hechos de corrupción. Entre ellos estaría la esposa de Álvaro Cruz, Luz Zoraida Rozo.

El testigo clave

Si no fuera por el abogado Augusto Ramírez, tal vez el nombre de Ulpiano Hernán Jovel Muñoz jamás habría salido a la luz pública. Fue él quien confesó que Jovel Muñoz le insistió para que le preguntara al exvicefiscal Jorge Perdomo en qué iba el caso de Álvaro Cruz. Es más: confesó bajo juramento que Jovel Muñoz le manifestó que si era necesario pagarle a fiscales para que detuvieran el caso, lo hiciera.

“El compromiso para con el señor Álvaro Cruz era tenerlo en la Gobernación hasta diciembre del presente año, para eso era la plata, de ese compromiso me enteré como cinco meses después de la negociación y yo le dije que era imposible porque nadie nos estaba ayudando con eso”, señaló el testigo. Esto quiere decir que el dinero, supuestamente destinado a sobornar funcionarios, quedó en manos de Jovel Muñoz y no llegó a sus objetivos finales.

Cuando el abogado Ramírez le reclamó al entonces procurador, este, supuestamente, le respondió que “ese viejo hijueputa (el gobernador Cruz) estaba diciendo mentiras y que no entregó sino $750 millones de pesos”. Y continuó: “Yo intenté averiguar cómo había sido la negociación real porque no me cabía en la cabeza que un proceso de estos tan delicados, donde había tanto dinero de por medio, se hubiera arreglado por 750 millones de pesos no más”.

La prueba reina

La Fiscalía logró probar que  en 2013, cuando aún no había estallado este escándalo, Jovel Muñoz incrementó su patrimonio de forma exponencial. Con el dinero entrante, el exfuncionario –destituido desde octubre de 2015– adquirió nuevos bienes por $500 millones, entre ellos, una camioneta Audi y un vehículo mini Cooper. Asimismo, junto al abogado Augusto Ramírez compró una casa en Neiva por $115 millones.