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Javier Alfredo Valle Anaya, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Santa Marta, fue excluido de los beneficios ofrecidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al “incumplir con la verdad y reparación”. Valle Anaya es investigado por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andreis y su guardaespaldas, Edelberto Ochoa Martínez. Ahora su caso será retomado por la Fiscalía y permanecerá condenado el homicidio.
¿Qué pasó?
El 17 de junio de 2004, el sociólogo barranquillero, Alfredo Correa de Andreis, fue capturado por supuestos delitos de rebelión, con testimonios de supuestos testigos conseguidos por agentes del DAS. El hombre permaneció recluido en la cárcel El Bosque y fue dejado en libertad el 14 de julio. Sin embargo, en agosto del mismo año, fueron asesinados él y su escolta, Edelberto Ochoa Martínez.
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Luego de esto, la Fiscalía General de la Nación logró establecer que el exdirector del DAS, Valle Anaya, y miembros del Bloque Norte (frente José Pablo Díaz) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron los responsables del asesinato de Correa de Andreis.
Debido a esto, Valle Anaya fue hallado culpable de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Sin embargo, en 2018 solicitó acogerse a los beneficios de la JEP, los cuales exigen el compromiso de contribuir con la verdad y la reparación a las víctimas.
Luego de varios intentos de ser admitido en el sistema transicional, la JEP comunicó haber encontrado múltiples deficiencias en sus compromisos, como la falta de verdad plena, reparaciones imprecisas y persistencia en negar su responsabilidad penal.
Entre su plan de reparación, el exfuncionario ofreció realizar una misa, imprimir volantes educativos y cursar un diplomado en resolución de conflictos. Además, planteó su compromiso de no volver a vivir en el Caribe. Sin embargo, la JEP consideró este plan como insuficiente.
Otro caso relacionado con la JEP
En días anteriores, se llevó a cabo la primera Audiencia Pública de Verificación del Caso 01. Esta audiencia, enmarcada en la evaluación de los crímenes de las extintas FARC, busca determinar si se cumplen las condiciones para imponer las Sanciones Propias a los siete exintegrantes del último secretariado de la guerrilla.
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