Exsecretario Ortega, en La Picota

“Es claro que el comportamiento atribuido a Juan David Ortega Arroyave es de notoria gravedad, bajo el entendido de que en su condición de servidor público desconoció el deber de protección que se impone constitucionalmente para garantizar así los fines del Estado, entre ellos el servicio a la comunidad, como es la prosperidad general y garantizar ante todo la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales”.

Esa fue la consideración que hizo la jueza 50 de Control de Garantías, quien luego de acoger la petición de la Fiscalía, profirió medida de aseguramiento preventivo sin beneficio de excarcelación en contra de Juan David Ortega, exsecretario general del Ministerio de Agricultura, por su presunta responsabilidad en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Con Ortega sigue creciendo la lista de procesados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS). Antes de él ya había cuatro detenidos: Juan Camilo Salazar Rueda, exviceministro de Agricultura; Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura; Tulia Eugenia Méndez Reyes, exjefa de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, y Oskar August Schroeder Muller, exjefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, en 2008.

La jueza sustentó la medida porque, según ella, la conducta de Ortega “es un atentado contra la administración pública, la confianza depositada en los funcionarios, dado que, se insiste, desconoció flagrantemente los principios que rigen la celebración de contratos”.

Para la Fiscalía, hay pruebas para sustentar las irregularidades en la ejecución de tres convenios firmados por el Ministerio de Agricultura entre 2007 y 2009 por valor de $288.265’934.000.

Durante  la audiencia algunos familiares y amigos del exfuncionario lucieron camisetas que decían: “Mi esposo, mi hijo, mi amigo no es un peligro para la sociedad”. Una vez finalizada la diligencia, Ortega aseveró, refiriéndose a su caso y al de los otros cuatro funcionarios detenidos por los mismos hechos, que esta medida de detención confirma que ellos tan sólo son “chivos expiatorios” de un proceso que apenas empieza. A la vez que pidió solidaridad de excompañeros de gobierno para pedir apoyo internacional y veeduría en el caso.

“Algo raro está pasando”, dijo Ortega, porque, según él, la Fiscalía no ha probado la responsabilidad de ninguno de los exfuncionarios vinculados formalmente al escándalo de AIS.

“Puede ser una persecución a un gobierno y las persecuciones se deben dar en debates y no metiendo gente en la cárcel”, expresó.

También recordó que si se sigue al pie de la letra la acusación de la Fiscalía en este caso estarían involucrados todos los exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y que por lo tanto “no puede haber funcionarios de primer y segundo nivel".

Para hoy estaba prevista la audiencia de imputación en contra de varios miembros de la familia Dávila y de la exreina y actriz Valerie Domínguez, cuestionados por recibir beneficios de AIS. Sin embargo, la diligencia fue aplazada para el primero de junio, porque al parecer los procesados estarían haciendo acuerdos con la Fiscalía para devolver los recursos que les fueron entregados.

“Es claro que el comportamiento atribuido a Juan David Ortega Arroyave es de notoria gravedad, bajo el entendido de que en su condición de servidor público desconoció el deber de protección que se impone constitucionalmente para garantizar así los fines del Estado, entre ellos el servicio a la comunidad, como es la prosperidad general y garantizar ante todo la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales”.

Esa fue la consideración que hizo la jueza 50 de Control de Garantías, quien luego de acoger la petición de la Fiscalía, profirió medida de aseguramiento preventivo sin beneficio de excarcelación en contra de Juan David Ortega, exsecretario general del Ministerio de Agricultura, por su presunta responsabilidad en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Con Ortega sigue creciendo la lista de procesados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS). Antes de él ya había cuatro detenidos: Juan Camilo Salazar Rueda, exviceministro de Agricultura; Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura; Tulia Eugenia Méndez Reyes, exjefa de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, y Oskar August Schroeder Muller, exjefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, en 2008.

La jueza sustentó la medida porque, según ella, la conducta de Ortega “es un atentado contra la administración pública, la confianza depositada en los funcionarios, dado que, se insiste, desconoció flagrantemente los principios que rigen la celebración de contratos”.

Para la Fiscalía, hay pruebas para sustentar las irregularidades en la ejecución de tres convenios firmados por el Ministerio de Agricultura entre 2007 y 2009 por valor de $288.265’934.000.

Durante  la audiencia algunos familiares y amigos del exfuncionario lucieron camisetas que decían: “Mi esposo, mi hijo, mi amigo no es un peligro para la sociedad”. Una vez finalizada la diligencia, Ortega aseveró, refiriéndose a su caso y al de los otros cuatro funcionarios detenidos por los mismos hechos, que esta medida de detención confirma que ellos tan sólo son “chivos expiatorios” de un proceso que apenas empieza. A la vez que pidió solidaridad de excompañeros de gobierno para pedir apoyo internacional y veeduría en el caso.

“Algo raro está pasando”, dijo Ortega, porque, según él, la Fiscalía no ha probado la responsabilidad de ninguno de los exfuncionarios vinculados formalmente al escándalo de AIS.

“Puede ser una persecución a un gobierno y las persecuciones se deben dar en debates y no metiendo gente en la cárcel”, expresó.

También recordó que si se sigue al pie de la letra la acusación de la Fiscalía en este caso estarían involucrados todos los exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y que por lo tanto “no puede haber funcionarios de primer y segundo nivel".

Para hoy estaba prevista la audiencia de imputación en contra de varios miembros de la familia Dávila y de la exreina y actriz Valerie Domínguez, cuestionados por recibir beneficios de AIS. Sin embargo, la diligencia fue aplazada para el primero de junio, porque al parecer los procesados estarían haciendo acuerdos con la Fiscalía para devolver los recursos que les fueron entregados.