El pasado 8 de mayo pasado se cerró para el exsenador David Char Navas la posibilidad de que el proceso que se le adelanta en su contra por presuntos nexos con paramilitares fuera asumido por la Jurisdicción Especial para la Paz. Por esa razón, el caso siguió su curso normal en la Corte Suprema de Justicia que decidió este miércoles llamarlo a juicio.
La Sala Penal lo acusó por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Char Navas es procesado por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, incluyendo la supuesta entrega de municiones al comandante de ese grupo Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio.
(En contexto: JEP rechazó sometimiento de exsenadores David Char y Álvaro Ashton)
Entre las pruebas en su contra, están los testimonios de los paramilitares alias Don Antonio y Mario Rafael Marenco Egea, alias El Gordo, así como la agenda personal de Don Antonio y la contabilidad del frente José Pablo Díaz. De acuerdo con la investigación, los acuerdos políticos con ese grupo paramilitar se habrían perfeccionado en varias reuniones realizadas al parecer en la casa paterna del exsenador, la base paramilitar de Corea y el corregimiento de La Mesa.
Además, se le cuestiona por supuestamente entregar municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, específicamente, proyectiles explosivos calibre 9 milímetros. El exsenador que fue capturado el 28 de octubre de 2017 y enviado a la cárcel preventivamente el 8 de noviembre siguiente. Y el pasado 8 de mayo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó su petición de sometimiento al considerar que su caso no tiene relación con el conflicto armado.
(Le podría interesar: Exsenador David Char Navas pide cupo en la JEP)
La Sala manifestó que “no hay prueba alguna que permita afirmar que las hostilidades entre los grupos armados y de estos con el Estado” le hayan dado al excongresista la habilidad de concertarse con las autodefensas, recibir dinero de ellos y aportarles vehículos, sino que se trató de un hecho de promoción o apoyo a cambio de recibir beneficios electorales, hechos considerados como de delincuencia común.