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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema acaba de negar otro de los recursos que la defensa del exsenador Álvaro García Romero ha presentado en los últimos años al alto tribunal para que se revise o impugne su condena de 40 años de prisión. El excongresista del partido Colombia Democrática fue condenado por sus vínculos con los paramilitares de Sucre y por haber determinado la masacre de Macayepo, cometida en octubre de 2000.
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El 16 de julio pasado, García presentó una solicitud para que su caso pudiera ser revisado ya que fue condenado en una sola instancia. Esa puerta que abrió la Corte Constitucional al estudiar una tutela del también condenado exministro de Agricultura Andrés Felipe Árias en mayo pasado. El alto tribunal determinó que los aforados que hayan sido condenados desde el 30 de enero de 2014 y que todavía estén cumpliendo la pena podrán pedir que sus casos sean revisados.
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Sin embargo, para la Corte Suprema, García Romero fue condenado antes del 30 de enero de 2014, fecha límite que ampara el derecho a la doble conformidad. Ese día fue en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) profirió su sentencia en el caso Liakat Ali Alibux, exministro de Surinam. En ese momento garantizó los derechos del alto funcionario de ese país para que fuera procesado con una doble instancia.
La Corte Suprema recordó que García Romero fue condenado en febrero de 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y determinador del punible de homicidio agravado por la Masacre de Macayepo en la que murieron 12 campesinos. “Un ejercicio mínimo de confrontación entre las anteriores fechas determina que el beneficio de la doble conformidad no es aplicable al solicitante, ya que su sentencia se profirió años antes del término que fijó recientemente la Corte Constitucional para amparar este derecho”, señaló la Corte.
La historia como uno de los crímenes más crueles: los campesinos ejecutados murieron a garrote y machete. Amín argumentó que ese cruento episodio se dio en medio de un plan para recuperar un ganado robado de la finca del empresario Joaquín García. Entre quienes declararon en contra de García estaban los jefes paramilitares, ahora muy mencionados, Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; entre otros como Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri.
Con estos testimonios la Corte documentó varias reuniones en fincas en Sucre de propiedad de Miguel Nule Amín en donde se reunían ganaderos como Joaquín García, políticos como García Romero y el exgobernador de Sucre Salvador Arana –condenado también por nexos con grupos paramilitares y por ser responsable del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz–, y jefes paramilitares con el propósito de auspiciar las Convivir.
Los investigadores de la Fiscalía lograron demostrar, además, que en esas fincas se pactaron todo tipo de ataques contra campesinos de la región. En una propiedad, por ejemplo, las autoridades encontraron varias fosas comunes en un punto que se conoció como el centro de torturas de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena –uno de los jefes paramilitares más cercanos al Gordo García–, quien es recordado como uno de los paramilitares del Caribe más sanguinarios.
la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2017, rechazó una demanda de revisión que presentó el excongresista sobre el fallo de 2010, en el que el alto tribunal lo señaló como responsable del surgimiento de grupos paramilitares en Sucre, de haber estado detrás de la masacre de Macayepo, de haber desviado dineros públicos para financiar a los “paras” y hasta de haber orquestado el asesinato de una jurado de votación en San Onofre (Sucre).