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El Consejo de Estado estudiará la demanda presenta por el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez con la que busca que se le indemnice a él y a toda su familia con 450 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados por la sanción emitida en su contra por la Procuraduría General de la Nación.
En el recurso jurídico, el exfuncionario aseguró que la decisión del Ministerio Público de inhabilitarlo y destituirlo por 20 años para ejercer cargos públicos afectó seriamente a su familia y su círculo social.
Argumentando "perjuicios causados a su honra, imagen y buen nombre" Narvaéz pide que se anule el fallo emitido hace tres años en su contra por su responsabilidad en las llamadas “chuzadas” puesto que no existen pruebas que lo vinculen con estos hechos ilegales.
Para esto pidió que se tenga como cuenta prueba las declaraciones de los médicos tratantes y la de su familia sobre “las formulaciones hechas para tratar la depresión, estados de ansiedad y demás padecimientos que hayan sufrido".
Narváez es investigado pentalmente en la actualidad por su presunta participación en los asesinatos del periodista y humorista Jaime Garzón, el senador Manuel Cepeda Vargas, además del secuestro de la excongresita Piedad Córdoba Ruiz, ordenada por Carlos Castaño, y los seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas, políticos de oposición y defensores de derechos humanos.
Por El Espectador
