Extinción por proxenetismo

El primer operativo con fin de extinción de dominio en el país contra dos propiedades en las que las autoridades encontraron a cuatro niñas ejerciendo la prostitución (en febrero y abril de este año) se retrasó este viernes cerca de una hora. Un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, agentes de la Dijín y la Sijín de la Policía, de la Dirección Nacional de Estupefacientes y representantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá tomaron posesión de las dos viviendas localizadas en la localidad de Santa Fe, al sur de la ciudad.

A las 10:30 de la mañana comenzaron simultáneamente los dos allanamientos: el primero en el hotel Lismar, localizado en la carrera 13 con calle 22, y el segundo en la calle 24 con carrera 12. En la primera edificación, que ya había sido objeto de sellamiento, curiosamente hay un aviso muy cerca de la entrada en el que se lee: “Se prohíbe la entrada de menores de edad”. El pasillo que permite el ingreso a la vieja casona está presidido por una taquilla que da a un corredor que lleva, a lado y lado, a rústicas habitaciones donde la Policía encontró vetustas camas de madera, cubiertas por cubrelechos de lana, televisores en desuso, cremas humectantes, papel higiénico y ropa tirada en el piso. Según la investigación, en lugares como estos el pago de una habitación puede valer desde $7.000 en adelante.

Allí fue encontrada hace cerca de un mes una niña, en compañía de un abogado, cuando al parecer se encontraba prestándole servicios sexuales. Como no tenía documentos, la adolescente fue trasladada a Medicina Legal para establecer qué edad tenía y una vez se supo que tenía menos  de  18 años fue puesta a disposición de la Policía de Menores, mientras su cliente  fue llevado ante un juez de control de garantías sindicado de la actividad ilícita de estímulo a la prostitución con menores de edad. De acuerdo con un vocero de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, vecinos del sector ya se habían quejado en reiteradas ocasiones sobre la presencia de adolescentes ejerciendo la prostitución en ese lugar.

“En la casa también había un establecimiento con rockola dedicado a la venta de licores, donde los clientes contactaban a las niñas antes de dirigirse hacia las habitaciones”, señaló el portavoz de la Alcaldía. La segunda edificación (más moderna), ubicada muy cerca de allí, no tiene una fachada colonial como la primera, e incluso en el primer piso funciona una panadería. En la segunda planta hay una discoteca con grandes espejos verticales, escudos de armas, pisos de madera recubiertos en caucho y paredes pintadas con materiales rústicos de colores terracota y naranja. También un pequeño bar para los clientes. este viernes únicamente quedaban las bases metálicas, donde en el pasado estuvieron ubicadas las pantallas de televisión.

En febrero pasado fueron halladas por las autoridades otras tres menores en compañía de igual número de hombres, quienes una vez fueron detenidos se les señaló como responsables de proxenetismo con menores de edad. El propietario de la vivienda, en su defensa, dijo que había arrendado la edificación sin saber a qué actividad la había destinado su arrendatario, argumento que utilizará dentro del proceso de extinción de dominio que apenas se inició. El avalúo catastral de las dos edificaciones supera los $350 millones, aunque su valor real es mayor.

De acuerdo con el vocero de la Secretaría de Gobierno, la idea es que una vez estos bienes pasen a poder del Estado, sean utilizados por el Distrito o cedidos a alguna organización no gubernamental  para que se conviertan en sedes de fundaciones que luchen contra la prostitución de menores o contribuyan a los procesos de recuperación de aquellos que ya hayan ejercido esa actividad, en el corazón de la localidad donde se ejerce la prostitución de forma legal en Bogotá. A partir de este viernes las dos casas quedaron en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El proceso se puede extender entre 4 o 5 meses, por lo menos, antes de que un juez determine si pasan al Estado o si regresan a manos de sus propietarios.