Las agrietadas relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno continúan por el mismo camino. Esta semana El Espectador conoció que la visita que hará este lunes a Colombia el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo provocó un nuevo incidente entre los dos poderes por una solicitud de información sobre la Ley de Justicia y Paz y los procesos contra los 14 ex jefes paramilitares extraditados a los E.U. el 13 de mayo pasado.
El enfrentamiento tuvo su origen en una carta que le envió el Ministerio de Relaciones Exteriores al presidente de la Corte, Francisco Ricaurte Gómez, el 10 de julio anterior. En el documento, además de proponer la elaboración de una respuesta conjunta a la CPI, la Cancillería manifestó su extrañeza por el hecho de haberse pasado por alto allegar a la Corte Suprema los soportes a los cuales se refiere el organismo internacional.
La inquietud del Ministerio produjo una airada respuesta de la corporación de justicia al canciller Jaime Bermúdez Merizalde. La carta de 14 páginas, con fecha del 8 de agosto de 2008, señala que lo solicitado por el organismo internacional supera ampliamente los datos estadísticos a los cuales se refiere el Ministerio.
En la misiva le recuerda al Gobierno que la Sala Penal ha venido cumpliendo de manera rápida y efectiva las recomendaciones y decisiones en materia de sanciones de las conductas que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario y los DD.HH.
Una respuesta en que no sólo se limitó a explicar que en casos de delitos de lesa humanidad la figura de la cosa juzgada ha quedado sin efectos, sino que le relacionó 22 casos en los cuales se vincula a miembros de grupos armados irregulares y de la Fuerza Pública, por su participación en masacres y otras violaciones al DIH (ver algunos casos emblemáticos).
Garantías a las víctimas
La Corte Suprema de Justicia señaló al Gobierno que si bien es cierto ha existido cierta lentitud en el trámite de los procesos de la Ley de Justicia y Paz, ellos han hecho pronunciamientos en los cuales se observa la necesidad de garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
En tal sentido, la corporación señaló que la intempestiva decisión de extraditar a los ex jefes paramilitares tiene efectos negativos, tanto en lo que respecta a los procesos en contra de ellos, como en relación con las investigaciones que por la llamada parapolítica vienen adelantándose en contra de algunos congresistas.
Para la Corte es inexplicable que ante los medios de comunicación el Gobierno Nacional señaló que la razón del envío a Estados Unidos de los cabecillas paramilitares obedeció a que siguieron delinquiendo, pero a la vez otros voceros suyos advirtieron que los extraditados continúan en el proceso de Justicia y Paz.
Ello llevará, según el alto tribunal de justicia, a desestimular la intención de los paramilitares de contar todo lo ocurrido, “con lo cual se afecta gravemente el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación”.
El alto tribunal de justicia en su respuesta al Gobierno dijo, además, que algo similar sucederá con los procesos en contra de los congresistas por vínculos con esos grupos paramilitares, pues esa colaboración inicial de los ya extraditados se ha visto entorpecida por las dificultades logísticas que implica obtener el testimonio de la gente de las Auc,
La misiva, firmada por el presidente encargado de la Corte, Julio Enrique Socha Salamanca, señaló además que de ninguna manera la actividad de los grupos paramilitares se puede asimilar como delito político.
Si bien es cierto que los roces entre el Gobierno y la Corte no son nuevos, este incidente podrían ser uno de los más graves desde que se iniciaron los procesos por la llamada parapolítica, toda vez que la corporación podría alegar que no hay garantías para continuar con las investigaciones penales.
Por Redacción Judicial
