Los presos, entre colombianos y algunos extranjeros, entregaron a las directivas del centro penitenciario un comunicado de cinco puntos con sus argumentos.
"Las 200 personas que hoy se encuentran recluidas en el Pabellón 7 de la Penitenciaria de Máxima Seguridad de Cómbita nos declaramos en huelga de hambre y desobediencia civil a partir de las cero horas del día lunes 25 de febrero de 2008", indicó el texto.
Añadieron que piden "al Gobierno Nacional y al sistema de justicia congelar las extradiciones hasta que se reglamente y se enmienden los atropellos y violaciones al proceso de extradición como se está desarrollando actualmente".
Los extraditables señalaron que se les ha violado el derecho a la defensa y explicaron que la Corte Suprema de Justicia "no permite ni acepta que el sindicado se defienda, solo cumple la simple misión de verificar la identidad del extraditado".
También indicaron que "gran cantidad de extraditables está siendo doblemente incriminado. Van a ser juzgados en las cortes extranjeras que los solicitan por delitos (por los) que ya fueron procesados y condenados en Colombia".
Denunciaron, igualmente, que se extraditan colombianos cuyos delitos fueron cometidos en territorio de Colombia, lo que, a su juicio, viola "la jurisdicción penal" del país.
Los dos centenares de reclusos concluyeron que a toda esa situación se añaden "las precarias condiciones de reclusión, en un excepcional régimen de máxima seguridad que atropella y rompe los más elementales principios de dignidad humana" y de sus familiares.
En los dos períodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe, desde el 7 de agosto de 2002, han sido extraditadas más de 600 personas, la mayoría colombianos, principalmente a Estados Unidos y casi siempre por delitos relacionados con narcotráfico.
Por El Espectador
