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La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a Marta Isabel Castañeda, José Manuel Díaz y Adonay Ferrari Padilla, a devolverle a la Rama Judicial $367 millones por concepto de una indemnización a una empleada que interpuso una acción de tutela por su despido injustificado.
Los hechos ocurrieron en el 2001 cuando la empleada Irene Patricia López, que en ese entonces se desempeñaba como escribiente, faltó a su trabajo seis días debido a que su mamá sufrió un accidente. No obstante, al momento de regresar a su trabajo, Castañeda, Díaz y Ferrari, magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena en ese entonces, tenían firmado al acta de desvinculación de la escribiente.
Sin embargo, Irene Patricia López interpuso una acción de nulidad y restablecimiento de derecho en 2011 solicitando el pago de las prestaciones que dejó de recibir desde el momento en que fue despedida de su cargo. En mayo de ese mismo año, la Sección Segunda del Consejo falló a su favor y le ordenó a la Rama Judicial a que le pagara a López.
Posteriormente, la propia Rama Judicial interpuso una demanda contra Marta Isabel Castañeda, José Manuel Díaz y Adonay Ferrari Padilla para recuperar el dinero que, por la decisión de los tres abogados, tuvieron que pagarle a la escribiente.
Jaime Orlando Santofimio, magistrado ponente, expresó que "los demandados no le garantizaron a la funcionaria el derecho al debido proceso, por cuanto no le dieron la oportunidad de que se expusieran las razones por las cuales (Irene Patricia López) no había asistido a su lugar de trabajo. Es así como la conducta desplegada por los entonces magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena fue inexplicablemente violatoria en de sus funciones constitucionales y legales”.
En un plazo no mayor a seis meses, los exmagistrados, incluida Martha Isabel Castañeda quien fuera la viceprocuradora de Alejandro Ordóñez, deberán pagarle casi $400 millones a la Rama Judicial. Desde octubre del año pasado, el nombre de Castañeda está en una de las listas de aspirantes para llegar a la Corte Constitucional.
Por Redacción Judicial
