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21 Oct 2022 - 3:28 p. m.

Falsos positivos en Catatumbo: así son las sanciones que vienen para los militares

La JEP definió las sanciones que podrían enfrentar los militares que aceptaron haber asesinado y permitir la muerte de hasta 120 inocentes en el marco de las ejecuciones extrajudiciales. Pagarán sus crimines con la construcción de un parque memorial, la creación de un documental, placas conmemorativas en Soacha, y más.
El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez fue comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15, entre 2007 y 2008.
El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez fue comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15, entre 2007 y 2008.
Foto: Óscar Pérez

Hoy es un día histórico para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por primera vez se expidió una resolución de conclusiones, lo cual significa la recta final de la investigación y el anuncio de las posibles sanciones que enfrentarán un grupo de 10 militares postulados por “falsos positivos”. Se trata de los confesos responsables, por acción y omisión, por 120 casos de ejecuciones extrajudiciales en Catatumbo. Entre las víctimas están jóvenes de Soacha que en la primera década del 2.000 fueron engañados con ofertas de trabajo, para terminar asesinados a sangre fría por el Ejército y presentados como criminales.

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Entre los próximos sentenciados estará el general (r) Paulino Coronado, quien era el comandante de la Brigada 30 del Ejército entre 2006 y 2008, y quien solo aceptó responsabilidad por omisión. La JEP le imputó la muerte de hasta 55 personas, crímenes que aceptó en una inédita audiencia a principio de este año. También están los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro, así como el teniente (r) Álvaro Diego Tamayo y el teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón. Pertenecían a la Brigada Móvil 15 y al Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander.

“Para la formulación de las propuestas de sanciones propias, la Sala de Reconocimiento de Verdad puso en marcha un proceso robusto de justicia restaurativa, participativo, y de diálogo directo con las víctimas y las organizaciones que las agrupan, tanto en Ocaña como en Bogotá. Las propuestas de sanciones propias fueron construidas a partir de los proyectos originales presentados por los comparecientes y las reacciones, opiniones, consideraciones, observaciones, modificaciones sugeridas y contrapropuestas de las víctimas”, explicó la JEP.

Los proyectos restaurativos

El Tribunal para la Paz de la JEP será el encargado de expedir las sentencias contra los militares. Como aportaron a la verdad del conflicto y reconocieron su responsabilidad ante las víctimas, no pagaran cárcel. En su lugar, estarán encargados de construir y sostener proyectos con enfoque restaurativo y de memoria. Por ejemplo, se prevé la puesta en marcha de un salón de exposición del Museo Nacional de Memoria Histórica sobre asesinatos y desapariciones forzadas de víctimas ejecutadas por el Ejército.

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Además, a partir de las propuestas de los militares y la retroalimentación de las víctimas, es probable que se construya un gran parque memorial en Bogotá para rendir un homenaje a las 6.402 víctimas identificadas entre 2002 y 2008. Los familiares de víctimas, entre ellos el colectivo de Madres de Soacha, esperan que la ubicación, la concepción urbanística y artística y el diseño del proyecto cuente con su visto bueno, para sentirse verdaderamente resarcidos simbólicamente.

Asimismo, militares sentenciados podrían construir, instalar, adecuar, mantener y limpiar, placas ubicadas en los parques donde fueron aprehendidas las víctimas, para luego ser asesinadas y desaparecidas forzosamente. Para este acto de memoria histórica se tienen destinados espacios públicos en Soacha (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander) y Gamarra y Aguachica (Cesar). La ubicación, textos y leyendas serán concertadas con los familiares de víctimas.

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“A partir de una propuesta original de varios comparecientes y atendiendo a las consideraciones de las víctimas sobre cómo la vulnerabilidad económica y social de los jóvenes contribuyó a que fueran engañados con propuestas de trabajo por reclutadores, para ser luego asesinados por el Ejército y pasados como positivos operacionales, la Sala incluyó este proyecto de construcción, habilitación, o puesta en funcionamiento de infraestructuras deportivas, de recreación y ocupación del tiempo libre”, se lee en la propuesta.

Por otro lado, se tendrá en cuenta la idea presentada por los comparecientes Santiago Herrera, Rubén Darío Castro, Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Juan Carlos Chaparro. Todos coincidieron en que podrían realizar un documental fílmico denominado “Las verdades del Catatumbo”, que solo podrá ser publicado con la permanente participación de los familiares de víctimas. Gabriel Rincón Amado se suma a estos militares para crear cátedras para fortalecer la no repetición en escuelas de formación de soldados, suboficiales y oficiales. Además, en los cursos de ascenso militar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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