La Procuraduría General de la Nación envió sus observaciones sobre las audiencias desarrolladas los días 24 y 25 de julio en Valledupar (Cesar), por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estas tuvieron como objetivo verificar si 12 exmilitares del Batallón La Popa cumplen con las condiciones necesarias para las sanciones que les imponga la jurisdicción naciente de los Acuerdos de Paz. Los hombres reconocieron su participación en los asesinatos de 127 personas en Cesar y el sur de La Guajira, en cooperación con grupos paramilitares, en la modalidad de falsos positivos.
La entidad recomendó que, para la Audiencia de Verificación de Correspondencia programada para los días 31 de julio y 1 de agosto, se considere la intervención de los familiares de víctimas y sus representantes legales después de escuchar a los comparecientes. Esto, con el fin de valorar si el proceso ha sido, en su caso, restaurativo y reparador.
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Asimismo, la Procuraduría recalcó su preocupación por la falta de claridad en la agenda de la audiencia final y evidenció vacíos en la comprensión del rol específico de cada una de las entidades que participan en esta. También subrayó la falta de socialización sobre la viabilidad presupuestal de los proyectos restaurativos que deben ser ejecutados.
La Procuraduría mencionó la presunta falta de articulación y claridad en los proyectos restaurativos que llevarán a cabos los victimarios, además de la incertidumbre sobre los lugares en los que se llevarán a cabo las sanciones.
En pocas palabras, la entidad manifestó su preocupación por el manejo y la falta de información brindada después de las audiencias, solicitando que estos problemas de socialización sean atendidos de manera urgente.
Esta diligencia es fundamental por ser la primera de este tipo, desde la creación de la JEP en el 2017, en desarrollarse en Colombia y estar en la antesala de la primera sentencia, es decir, la etapa o proceso previo antes de que se emita la decisión judicial definitiva en agosto de este año.
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La investigación del caso del Batallón La Popa, en el marco de esta justicia transicional, inició cuando los magistrados comenzaron a escuchar declaraciones voluntarias relacionadas con ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Se identificó que esta unidad militar era una de las que presentaba más casos reportados: 146 en total, entre los años 2002 y 2005.
En el 2021, la justicia transicional imputó a 15 exmilitares por su presunta participación en casos de falsos positivos: dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados. Solo 12 de ellos aceptaron su responsabilidad. Los otros tres fueron a juicio, entre los cuales se encuentra el coronel Hernán Mejía, quien fue comandante de ese batallón.
Según las investigaciones, los paramilitares buscaban a sus víctimas, a partir de ciertos patrones o características generales, y se las entregaban a militares de La Popa para que los hicieran pasar como bajas en combate.
En el subcaso Costa Caribe y la sentencia sobre el Batallón La Popa, hay ocho proyectos restaurativos priorizados. Todos fueron revisados previamente durante unas mesas técnicas realizadas el pasado 3 y 4 de julio en Bogotá, en las que se dio luz verde a su sostenibilidad y viabilidad financiera.
Sin embargo, durante las audiencias, las víctimas no parecieron estar satisfechas con las medidas impuestas. Por el contrario, Armando José Pumarejo, padre de un joven asesinado y presentado como baja en combate, expresó que aún no hay declaraciones completas, sino “verdades a medias” y agregó sentir que lo han dejado a un lado.
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