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La Procuraduría hizo un llamado a miembros de la Fuerza Publica a reconocer el daño causado y a cumplir con las medidas de reparación, enmarcadas en el macrocaso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Estas declaraciones se dan en relación con el subcaso Costa Caribe.
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El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, durante la audiencia de observaciones de víctimas sobre versiones de la fuerza pública en este subcaso, señaló que es fundamental que quienes obtengan su libertad personal la utilicen para reparar a las víctimas. “El acuerdo es generoso al entregarles la libertad. Úsenla para contribuir con sus capacidades a reparar a quienes fueron agredidos injustamente”, expresó Acosta, en el evento que tuvo lugar en Barranquilla (Atlántico) el pasado 24 de septiembre.
Acosta resaltó que no se puede desvincular a los responsables por acción u omisión dentro de las estructuras militares como batallones, brigadas y divisiones. Subrayó que la responsabilidad abarca tanto el mando como la ejecución, ya que existen obligaciones ineludibles relacionadas con la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
“Hay una responsabilidad por mando y por ejecución, porque existen obligaciones de no agresión, de no permisión, de no promoción de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Hay deberes de cuidado, de control, de diligencia, de humanidad, que ninguno está relevado de cumplir. Es muy grave distorsionar las funciones de cuidado que constitucionalmente obligan a las Fuerzas Armadas”, expresó el Delegado.
Asimismo, el procurador Jairo Acosta instó a acelerar los procesos en curso de la JEP en beneficio de las víctimas, subrayando que cualquier acción que realicen los agresores, la sociedad y las instituciones para brindarles respuestas no es un acto de generosidad, sino una obligación. “La restitución del buen nombre de las víctimas y la recuperación de sus cuerpos no pueden esperar, ya que cada día que pasa, las fosas se alteran y los cuerpos se deterioran”, señaló.
Por último, el representante del Ministerio Público reafirmó las solicitudes presentadas en su informe sobre el subcaso Costa Caribe, insistiendo en la necesidad de concluir las versiones pendientes, llevar a cabo las pruebas documentales requeridas para robustecer las pruebas contra los militares y terceros implicados, y remitir copias a las autoridades judiciales competentes, con el fin de evitar que la impunidad se extienda a otros responsables, incluidos servidores públicos y colaboradores externos.
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