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Si de aquí a mayo próximo el Gobierno Nacional no le gira a la Rama Judicial un presupuesto cercano a los $2 billones, se pondría en riesgo la implementación gradual del Código General del Proceso (CGP), Ley 1564 de 2012 —una especie de carta de navegación para ayudar a resolver los conflictos jurídicos entre particulares—, que debe arrancar en cinco distritos judiciales del país en junio próximo y no en enero, como lo contemplaba originalmente la norma y cuya puesta en marcha terminará en 2015.
Así lo advierte el magistrado Pedro Munar, miembro de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tribunal responsable de poner en marcha el nuevo sistema oral en la jurisdicción civil, con el que se pretende lograr una justicia pronta y eficaz cuyos procesos en primera instancia no duren más de un año y en segunda no superen los seis meses de trámite en asuntos civiles, de familia, comerciales y agrarios.
Un reto similar al asumido por la justicia penal, que ocho años después de aplicar el sistema acusatorio no ha logrado agilizar los tiempos de los procesos, como lo advirtió hace un año el hoy ministro de Justicia, Alfonso Gómez, quien —junto con el presidente de la Sala Penal de la Corte, Leonidas Bustos—, lidera una reforma para corregir las fallas estructurales que afectan a ese sistema. La nueva ley contempla que los jueces que incumplan los plazos procesales perderán la competencia para fallar y rendirán cuentas al Consejo Superior de la Judicatura.
“Pedimos $4 billones 234 mil millones, porque eso es lo que sabemos que se necesita para implementar exitosamente todas estas normas y el Gobierno solamente nos apropió, mal contados, $2 billones 791 mil como inversión; hay un desfase cercano a los $2 billones”, explica Munar en charla con El Espectador.
Deben definirse estrategias para que la oralidad no colapse, como está pasando en el sistema penal acusatorio, entre ellas evitar que los ciudadanos terminen demandando todos sus problemas civiles ante la justicia, para lo cual hay que incentivar la solución alternativa de conflictos a través de la conciliación y el arbitraje. Otra estrategia es crear una oferta de justicia que puede corresponderse con la demanda de justicia en la oralidad.
¿Le preocupa ese desfase presupuestal?
Claro que sí. Nos hemos reunido con la Comisión Interinstitucional y con el ministro de Hacienda (Mauricio Cárdenas) y les hemos puesto de presente la situación. A nosotros nos imponen la obligación de implementar un código, cuando al parecer nunca se pensó por parte del Legislativo y el Ejecutivo lo que valen este tipo de modelos procesales. Eso se hace con los recursos suficientes.
¿Y qué les respondió el ministro?
Simplemente que se han caído los ingresos, que el Gobierno no puede disponer de más dinero. Estamos estudiando cómo adicionar el presupuesto para que este proyecto no se paralice.
Entonces, ¿cómo va el plan de implementación del CGP?, que según la Ley 1564 de 2012 debe implementarse en los juzgados civiles a partir de este mes.
La Sala Administrativa tiene previsto que esa implementación se hará en tres fases. La primera arranca en junio de 2014 en los distritos judiciales de San Andrés, Manizales, Florencia, Montería, Valledupar y Armenia. Hacia octubre ingresarán los distritos de Tunja, Santa Rosa, Cali, Medellín, Barranquilla, Pamplona, Arauca y Cúcuta, y a finales de 2015 entrará el resto del país (entre ellos el distrito judicial de Bogotá), es decir, la fase 3, en la medida que el Gobierno sitúe los recursos.
Ya no entra en vigencia este mes...
No. Según el artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, “esa implementación será gradual y dependerá de lo estipulado por el Consejo Superior de la Judicatura en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados, y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias.
Pero si faltan casi $2 billones, ¿cómo cumplir con la puesta en marcha del CGP?
Lo que hemos hecho en la Judicatura es usar los recursos disponibles en descongestión para tratar de generar la planta de personal que cubra esa oferta de justicia que está demandando el país. Aún así, para 2014 sólo vamos a contar con $258 mil millones de descongestión; en 2013 tuvimos $400 mil millones. De manera que la Judicatura decidió seguir adelante hasta que alcance la plata, que sería a finales de mayo, y si el Gobierno no gira el dinero faltante, habrá que parar todo lo que venimos haciendo no sólo con el CGP, sino en materia del Código Contencioso Administrativo.
En este contexto, ¿qué es lo que más le preocupa?
Que la planta de personal de la Rama Judicial no tiene la estructura que exige el esquema de la oralidad.
¿Y cómo debe ser esa estructura?
Mire, a modo de ejemplo, para explicarle lo que significaría para Colombia poner en marcha el sistema oral, en promedio un juez civil municipal en Bogotá recibe hoy entre 1.200 y 1.300 procesos por año. La oralidad tiene previstos unos 400-450 procesos para los jueces orales. Es decir, hoy un juez recibe tres veces más de lo que debe recibir un juez en oralidad. Esto quiere decir que necesitaríamos triplicar la capacidad de los juzgados.
¿Cómo va la capacitación de los jueces para asumir el reto de brindar una justicia pronta y eficaz?
Por fortuna se está haciendo en la Escuela Judicial, una de las mejores de Iberoamérica. Pero este año vamos a tener un déficit en la capacitación de la escuela, porque se abrió un curso concurso en el que 35 mil ciudadanos aspiran a ser jueces. Se calcula que la capacitación de quienes pasen el examen cuesta $13 mil millones y la situación de fondos para la escuela es de cerca de $11 mil millones. Es decir, no habría dinero para proseguir la capacitación.
¿Y la Judicatura qué piensa hacer con este tema?
Estamos pensando en un plan que permita que la escuela siga atendiendo los planes de capacitación que se han venido haciendo para oralidad y que arrancaron en 2012 y seguirán en 2014 con los dineros que podamos disponer. Estamos adelantando gestiones con organismos internacionales, como la barra de abogados norteamericanos, para hacer unos convenios y buscar financiación en organismos multilaterales que nos permita seguir capacitando a los jueces. Pero para este año también vamos a tener deficiencia en capacitación. De todas formas, hay un partida en este tema.
¿De cuántos jueces estamos hablando?
La Rama Judicial tiene aproximadamente 25 mil funcionarios implicados, entre sustanciadores, secretarios y jueces.
¿Cuándo termina la capacitación de esos 25 mil funcionarios?
Por eso la implementación del sistema oral es gradual, por etapas. Ya tenemos una capacitación que arrancó en una primera fase.
¿Cómo serán los nuevos juzgados civiles en la era de la oralidad?
El modelo de juzgado de la oralidad es muy diferente al escritural. Los escriturales tienen un juez, secretario, dos sustanciadores, dos escribientes y un citador. El juez oral estará apoyado por dos sustanciadores y un colaborador. El resto de personal pasa a las secretarías comunales o centros de servicios secretariales. Cada juzgado ya no será una isla, sino que la parte secretarial se centraliza. En el sistema oral el juez se centra en fallar.
El tema de adquisición de tecnología, ¿cómo va?
Se dispuso de $147 mil millones, aproximadamente, con los cuales el año pasado se adquirieron 26 mil computadores para modernizar la infraestructura tecnológica, que también incluye escáneres e impresoras para todos los juzgados del país. Además, contratamos la adquisición de equipos de videograbación para registrar las audiencias en audio y video.
¿Y en infraestructura física?
Invertimos $27 mil millones con vigencias pasadas y futuras de 2014. Nos queda invertir este año $5 mil millones más y con eso prácticamente construimos las salas de audiencia que faltan.
Aparte del dinero, ¿qué lo preocupa?
Me trasnocha que la planta de personal de la Rama Judicial no tiene la estructura que exige el esquema de la oralidad.
ravila@elespectador.com
Por Ricardo Ávila Palacios
