Familiares de desaparecidos cuestionan fallo que absolvió a Plazas Vega

El abogado Rafael Barrios Mendevil, quien defiende los intereses de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, cuestionó varios de los apartes de la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. Para el jurista se desconocieron las pruebas y se le restó credibilidad a varios testimonios sin justificación alguna.

En este sentido considera que se “menospreció” la información recolectada durante la investigación adelantada por la Fiscalía General frente a las torturas cometidas por miembros del Ejército Nacional en la Casa del Florero bajo el conocimiento de los oficiales que dirigían la operación, entre ellos el comandante de la Escuela de Caballería.

“El alto tribunal le resta credibilidad testimonios rendidos en el 2007 por algunos testigos e ignora la evidencia y realidad histórica, que ha evidenciado cómo recién ocurridos los hechos ningún testigo se atrevía a hablar por las amenazas de los militares y la manera en que operó el pacto de silencio entre los partícipes”, precisó Barrios Mendevil.

Para el abogado, llama la atención que en la sentencia de la Corte Suprema se desconozcan los testimonios de cuatro personas que aseguraron que mientras eran sometidos a interrogatorios y torturas en el segundo piso de la Casa del Florero hizo presencia el coronel Plazas Vega. Además del hecho que otros “sospechosos” fueron trasladados en carros militares a las instalaciones de la Escuela en el norte de Bogotá.

Cuestiona el hecho que se le haya restado responsabilidad al oficial frente al conocimiento de estas acciones pese a que varios testigos manifestaron que fueron retenidas, torturadas y recluidas en la noche del 7 de noviembre de 1985 en las caballerizas de loa misma Escuela. Asegura que para la Corte las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra “ocurrieron a espaladas de Plazas Vega”.

Igualmente el jurista asegura que se desconoció por completo la teoría de la línea de mando. “Descartó de tajo que el Ejército hubiese podido actuar como un aparato organizado de poder que decidió apartarse de su función legal y constitucional para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y alteración total de la escena del crimen”.

Para Barrios la Corte fue en contravía de su propia jurisprudencia citando casos anteriores en los cuales se había reconocido la naturaleza del autor mediato en los aparatos organizados. “En la voluntad reiterada es la voluntad del dominio jerárquico, donde los hombres de atrás o determinadores, no tienen necesariamente que transferir a los ejecutores una decisión autónoma sobre la realización de una violación de derechos humanos que la ejecuten”.

“Plazas Vega actuó dentro de ese aparato organizado de poder, en el que el Ejército despreció su rol de garante, para actuar mucho peor que el M-19 que tomó a los magistrados como rehenes”, señala. El abogado rechazó además el hecho que después de 30 años el coronel reconozca que la única persona desaparecida es la guerrillera Irma Franco, sin embargo no ha entregado información sobre las personas que estuvieron detrás de estos hechos.

Finalmente se rechazó el hecho que la Corte Suprema de Justicia desconociera la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. “Si bien allí se juzga a los Estados, la lectura del contexto del fallo de la CIDH debió orientar el análisis de la Corte Suprema”.
 

El abogado Rafael Barrios Mendevil, quien defiende los intereses de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, cuestionó varios de los apartes de la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. Para el jurista se desconocieron las pruebas y se le restó credibilidad a varios testimonios sin justificación alguna.

En este sentido considera que se “menospreció” la información recolectada durante la investigación adelantada por la Fiscalía General frente a las torturas cometidas por miembros del Ejército Nacional en la Casa del Florero bajo el conocimiento de los oficiales que dirigían la operación, entre ellos el comandante de la Escuela de Caballería.

“El alto tribunal le resta credibilidad testimonios rendidos en el 2007 por algunos testigos e ignora la evidencia y realidad histórica, que ha evidenciado cómo recién ocurridos los hechos ningún testigo se atrevía a hablar por las amenazas de los militares y la manera en que operó el pacto de silencio entre los partícipes”, precisó Barrios Mendevil.

Para el abogado, llama la atención que en la sentencia de la Corte Suprema se desconozcan los testimonios de cuatro personas que aseguraron que mientras eran sometidos a interrogatorios y torturas en el segundo piso de la Casa del Florero hizo presencia el coronel Plazas Vega. Además del hecho que otros “sospechosos” fueron trasladados en carros militares a las instalaciones de la Escuela en el norte de Bogotá.

Cuestiona el hecho que se le haya restado responsabilidad al oficial frente al conocimiento de estas acciones pese a que varios testigos manifestaron que fueron retenidas, torturadas y recluidas en la noche del 7 de noviembre de 1985 en las caballerizas de loa misma Escuela. Asegura que para la Corte las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra “ocurrieron a espaladas de Plazas Vega”.

Igualmente el jurista asegura que se desconoció por completo la teoría de la línea de mando. “Descartó de tajo que el Ejército hubiese podido actuar como un aparato organizado de poder que decidió apartarse de su función legal y constitucional para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y alteración total de la escena del crimen”.

Para Barrios la Corte fue en contravía de su propia jurisprudencia citando casos anteriores en los cuales se había reconocido la naturaleza del autor mediato en los aparatos organizados. “En la voluntad reiterada es la voluntad del dominio jerárquico, donde los hombres de atrás o determinadores, no tienen necesariamente que transferir a los ejecutores una decisión autónoma sobre la realización de una violación de derechos humanos que la ejecuten”.

“Plazas Vega actuó dentro de ese aparato organizado de poder, en el que el Ejército despreció su rol de garante, para actuar mucho peor que el M-19 que tomó a los magistrados como rehenes”, señala. El abogado rechazó además el hecho que después de 30 años el coronel reconozca que la única persona desaparecida es la guerrillera Irma Franco, sin embargo no ha entregado información sobre las personas que estuvieron detrás de estos hechos.

Finalmente se rechazó el hecho que la Corte Suprema de Justicia desconociera la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. “Si bien allí se juzga a los Estados, la lectura del contexto del fallo de la CIDH debió orientar el análisis de la Corte Suprema”.