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Algunas de las familias de los diputados del Valle, secuestrados por las extintas Farc en Cali (Valle del Cauca) en abril de 2002, apelaron la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra del último secretariado de esa guerrilla. De acuerdo con las víctimas, aunque los exguerrilleros reconocen su responsabilidad en los hechos, no cumplen realmente con el Acuerdo de Paz que firmaron en 2016. Piden que se dicte una nueva sentencia en su contra con estándares internacionales.
La Fundación Defensa de Inocentes, que representa a varios de los familiares de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados y asesinados por la extinta guerrilla, presentó recurso de apelación contra la sentencia emitida por la JEP en el caso que investiga la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por parte de las Farc.
Según explicó la fundación, la acción se dio porque aunque la sentencia reconoce la responsabilidad de integrantes del último Secretariado de las Farc, “presenta graves deficiencias que desconocen los compromisos del Acuerdo Final de Paz y los estándares internacionales de justicia restaurativa”. Especialmente, dicen las víctimas, “en lo relativo a la participación efectiva de las víctimas en el diseño de sanciones restaurativas; la proporcionalidad e idoneidad de las sanciones frente al daño sufrido, la ausencia de garantías reales de no repetición y la falta de verdad plena, detallada y exhaustiva sobre los hechos que afectaron a las víctimas y sus familiares”.
La petición que hacen es que se revoque la primera sentencia de esa jurisdicción en el caso y que se emita una nueva, pero que “incorpore los estándares del Acuerdo de Paz y de la Corte Penal Internacional”.
Asimismo, invitaron a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia “a unirse en la búsqueda de justicia internacional y a acudir a la Corte Penal Internacional como instancia de garantía frente a los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos que permanecen en la impunidad”.
#Comunicado: Desde la Fundación Defensa de Inocentes nos permitimos informar que presentamos apelación a la sentencia emitida por la JEP contra el secretariado de las Farc https://t.co/ncfWWw7FAO pic.twitter.com/zx8U48Tvhi
— Fundación Defensa de Inocentes (@dfinocentes) September 19, 2025
Desde el pasado martes 16 de septiembre, cuando se conoció la sentencia en contra del antiguo secretariado de las Farc, algunas de las víctimas de secuestro por parte de la extinta guerrilla mostraron su inconformidad con la sentencia que sancionó a Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Por ejemplo, el exdiputado del Valle y sobreviviente Sigifredo López, en diálogo con El Espectador, manifestó que recibió “con una mezcla de decepción, e indignación, no con sorpresa, pero sí esperaba que hubiera un mínimo de respeto por las víctimas, pero este fallo es una vergüenza. Este fallo no respeta la dignidad de las víctimas, va a pasar a la historia como un tribunal de impunidad, va a impedir que en el futuro otros acuerdos sean aceptados por la sociedad colombiana, porque fue un engaño a las víctimas”.
El exdiputado aseguró que “víctimas como yo fuimos muchos, que creímos en el Acuerdo de Paz, quienes salimos a las calles a dar el sí por el plebiscito, quienes pensamos y nos dijeron que el Estado de verdad iba a ocupar los territorios con soluciones para evitar que la población se dedicara a las economías ilegales y la colaboración con grupos armados ilegales. Resulta que el Estado no ocupó esos territorios”.
Según él, “las Farc no cumplieron con sus obligaciones del Acuerdo de Paz, que eran el compromiso con la verdad plena y con la reparación para restaurar el proyecto de vida de las víctimas y el daño causado a las familias, que son cerca de 10 millones en Colombia”. Para el exdiputado López, no hubo sorpresa, pues todo hizo parte del Acuerdo de Paz de 2016.
Sin embargo, reiteró que, a su parecer, el trabajo de la JEP se quedó corto: “después de siete años descubrieron tres causas del secuestro: la de fortalecer las finanzas, ganar control territorial y para intercambio de prisiones, ¿hay algo nuevo en eso?, ¿alguien desconocía eso? Eso se conocía públicamente, ellos mismo los dijeron antes del Acuerdo”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
