Familiares de mujer atropellada por bus de TransMilenio temen impunidad
Tutelaron a la Sala Penal de la Corte con el fin de que defina si acepta o no la casación de la sentencia que los favorece.
El Espectador
La noche del sábado 14 de junio de 2003 la vida de la familia de Claudia Yaneth Alape Zuluaga se partió en dos. Un bus de TransMilenio conducido por Julián Arturo Buitrago se la llevó por delante cuando ella se disponía a cruzar la Avenida Caracas, a la altura de la Calle 17 Sur.
A no menos de 60 kilómetros por hora el bus articulado se pasó el semáforo en rojo y arrolló a la joven de 26 años de edad, quien se iba a encontrar con una prima, quien observó desde el otro lado de la calle la trágica escena sin poder hacer nada.
Debido a la violencia del golpe Claudia Yaneth murió de manera inmediata; de poco valieron los primeros auxilios o que fuera trasladada al Hospital de San Rafael en una ambulancia, aparte de que a partir de ese instante inició una lucha jurídica por parte de sus ancianos padres y tres hermanos, quienes buscaban que el conductor fuera puesto a disposición de la justicia y respondiera por su irresponsabilidad.
Sin embargo, se encontraron con una serie de complicaciones que hasta el día de hoy no han podido explicar; comenzando porque el pasado 26 de noviembre de 2006 el fiscal que asumió la investigación decidió prescribir el proceso judicial al señalar que no había podido recabar pruebas suficientes que le permitieran llevar a juicio al responsable de la muerte de la joven.
Hecho que llama mucho la atención para la familia, puesto que la Fiscalía sostuvo que la velocidad a la que iba el articulado al momento del impacto era a 20 kilómetros por hora, pese a que el conductor en su indagatoria había reconocido que el bus iba a 60 kilómetros por hora, hecho por el cual no había podido frenar.
El abogado Jairo Herrera Pérez presentó una acción de tutela en contra de dicha prescripción manifestando que existían dos testigos presenciales: un motociclista que se salvó de ser arrollado y la prima de Claudia Yaneth, quienes aseguraban que el bus efectivamente se había pasado el semáforo en rojo y se desplazaba a gran velocidad.
“Desde ese momento he tenido que librar una lucha titánica para evitar que este homicidio quede bajo el manto de la impunidad, teniendo que interponer una serie de acciones de tutela y recursos de apelación para lograr llevar a juicio a este señor”, aseguró el jurista.
La batalla jurídica tomó un nuevo rumbo el 28 de septiembre de 2007 luego de que la Fiscalía acusara formalmente al conductor del bus por el delito de homicidio culposo, que sin embargo luego de tres años de un tortuoso proceso, el juzgado 55 penal de descongrestión determinó emitir fallo absolutorio a favor de Buitrago.
La Fiscalía se abstuvo de apelar el fallo, pese a que era su deber en calidad de ente acusador, y considerando el material probatorio que tenía a su favor, como el de ordenar la práctica de un examen ocular al conductor, pese a que él mismo reconoció padecer de astigmatismo, enfermedad que según el mismo produce la sensación de que todos los elementos se le vienen encima
Lucha contra la impunidad
Decidido a continuar dando la batalla el 8 de julio de 2010, el abogado Herrera Pérez presentó la apelación en contra de la decisión de primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que decidió revocar la decisión del juez y sentenció al conductor a dos años de prisión y la privación del derecho a manejar vehículos por espacio de tres años.
La alta corporación también determinó que el procesado y la sociedad Sistema Integrado de Transporte SIT 99 S. A. deberán asumir de manera solidaria el pago de la sanción pecuniaria ascendente a la cancelación de 350 salarios mínimos, como reparación moral a los familiares de la víctima, determinación ante la cual los contratistas de la empresa TransMilenio decidieron apelar mediante un recurso de casación en contra de esta sentencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual llegó al despacho del magistrado Julio Enrique Socha Salamanca por reparto en enero de 2011.
Debido a que 20 meses después el magistrado no ha presentado el auto en el que decide si acepta o no dicha casación, la defensa de la familia Alape presentó el pasado 16 de enero una nueva solicitud advirtiendo sobre la posibilidad de la prescripción del proceso.
“No tenemos mucho recursos y hemos luchado frente a esto. Se ha demostrado la culpabilidad del conductor de TransMilenio y hay un fallo a nuestro favor, solamente esperamos que la Corte Suprema se pronuncie. Hay una madre, un padre y unos hermanos que estamos sufriendo”, precisó Mario Alape, hermano de la víctima, quien en los últimos meses ha protagonizado en compañía de su tío una serie de plantones frente al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá exigiendo una pronta respuesta.
El silencio de la Corte
Hasta la fecha sigue sin producirse una respuesta a pesar de la proximidad de una prescripción del proceso, que dejaría al conductor sin ningún antecedente penal ni disciplinario “pese a que ya está comprobada su responsabilidad en la muerte de mi hermanita”, agrega Mario.
A la espera de una respuesta de la Corte, el abogado presentó una tutela ante la Sala Civil en contra de la Sala Penal del alto tribunal argumentando la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, al plazo razonable y al acceso a la administración de justicia, en lo que no dudó en calificar como “una negligencia” de la Corporación.
“No se entiende como siendo este caso un proceso sobre un accidente de tránsito que no ofrece la complejidad de otros como el de la parapolítica, pasados 18 meses no pueda decir a través de un auto si admite o no el recurso de casación”, afirma el abogado quien recordó que en otros procesos de miles de folios, la Corte le ha dado rápida respuesta.
¡Exigimos justicia!
“Queremos justicia, lo que venga es añadidura, el valor que tenía mi hermanita es incalculable, nadie puede cubrir ese valor para nosotros”, precisó Mario Alape, quien considera que los días corren rápidamente ante una preclusión del proceso y que el conductor que asesinó a su hermana, el mismo que ha sido premiado por TransMilenio y catalogado como “ejemplar”, quedará libre de toda responsabilidad.
“Ha sido premiado como el mejor conductor de TransMilenio", recordó, y "duele mucho que el conductor que asesinó a mi hermana haya recibido esa clase de premios”, afirma Mario.
“Si esos son los conductores que TransMilenio considera que deben ser premiados el mensaje es supremamente delicado”, añade el abogado Herrera Pérez, al considerar que de presentarse una preclusión se le estaría enviando a la sociedad colombiana un pésimo mensaje sobre el actuar de la justicia y la confianza que esta debe tener en sus instituciones.
Demanda internacional
El abogado de la familia Alape considera que ante la gran posibilidad que existe de dicha preclusión “en las propias manos de la Corte Suprema”, el único recurso que les queda es presentar una apelación ante una instancia internacional que con seguridad finalmente reparará dicha omisión y negligencia.
El jurista no dudó en presagiar que el insólito hecho sería una vergüenza para la justicia colombiana, que en innumerables foros académicos le ha manifestado a la comunidad internacional que aquí no existe este tipo de omisiones y negligencias.
La noche del sábado 14 de junio de 2003 la vida de la familia de Claudia Yaneth Alape Zuluaga se partió en dos. Un bus de TransMilenio conducido por Julián Arturo Buitrago se la llevó por delante cuando ella se disponía a cruzar la Avenida Caracas, a la altura de la Calle 17 Sur.
A no menos de 60 kilómetros por hora el bus articulado se pasó el semáforo en rojo y arrolló a la joven de 26 años de edad, quien se iba a encontrar con una prima, quien observó desde el otro lado de la calle la trágica escena sin poder hacer nada.
Debido a la violencia del golpe Claudia Yaneth murió de manera inmediata; de poco valieron los primeros auxilios o que fuera trasladada al Hospital de San Rafael en una ambulancia, aparte de que a partir de ese instante inició una lucha jurídica por parte de sus ancianos padres y tres hermanos, quienes buscaban que el conductor fuera puesto a disposición de la justicia y respondiera por su irresponsabilidad.
Sin embargo, se encontraron con una serie de complicaciones que hasta el día de hoy no han podido explicar; comenzando porque el pasado 26 de noviembre de 2006 el fiscal que asumió la investigación decidió prescribir el proceso judicial al señalar que no había podido recabar pruebas suficientes que le permitieran llevar a juicio al responsable de la muerte de la joven.
Hecho que llama mucho la atención para la familia, puesto que la Fiscalía sostuvo que la velocidad a la que iba el articulado al momento del impacto era a 20 kilómetros por hora, pese a que el conductor en su indagatoria había reconocido que el bus iba a 60 kilómetros por hora, hecho por el cual no había podido frenar.
El abogado Jairo Herrera Pérez presentó una acción de tutela en contra de dicha prescripción manifestando que existían dos testigos presenciales: un motociclista que se salvó de ser arrollado y la prima de Claudia Yaneth, quienes aseguraban que el bus efectivamente se había pasado el semáforo en rojo y se desplazaba a gran velocidad.
“Desde ese momento he tenido que librar una lucha titánica para evitar que este homicidio quede bajo el manto de la impunidad, teniendo que interponer una serie de acciones de tutela y recursos de apelación para lograr llevar a juicio a este señor”, aseguró el jurista.
La batalla jurídica tomó un nuevo rumbo el 28 de septiembre de 2007 luego de que la Fiscalía acusara formalmente al conductor del bus por el delito de homicidio culposo, que sin embargo luego de tres años de un tortuoso proceso, el juzgado 55 penal de descongrestión determinó emitir fallo absolutorio a favor de Buitrago.
La Fiscalía se abstuvo de apelar el fallo, pese a que era su deber en calidad de ente acusador, y considerando el material probatorio que tenía a su favor, como el de ordenar la práctica de un examen ocular al conductor, pese a que él mismo reconoció padecer de astigmatismo, enfermedad que según el mismo produce la sensación de que todos los elementos se le vienen encima
Lucha contra la impunidad
Decidido a continuar dando la batalla el 8 de julio de 2010, el abogado Herrera Pérez presentó la apelación en contra de la decisión de primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que decidió revocar la decisión del juez y sentenció al conductor a dos años de prisión y la privación del derecho a manejar vehículos por espacio de tres años.
La alta corporación también determinó que el procesado y la sociedad Sistema Integrado de Transporte SIT 99 S. A. deberán asumir de manera solidaria el pago de la sanción pecuniaria ascendente a la cancelación de 350 salarios mínimos, como reparación moral a los familiares de la víctima, determinación ante la cual los contratistas de la empresa TransMilenio decidieron apelar mediante un recurso de casación en contra de esta sentencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual llegó al despacho del magistrado Julio Enrique Socha Salamanca por reparto en enero de 2011.
Debido a que 20 meses después el magistrado no ha presentado el auto en el que decide si acepta o no dicha casación, la defensa de la familia Alape presentó el pasado 16 de enero una nueva solicitud advirtiendo sobre la posibilidad de la prescripción del proceso.
“No tenemos mucho recursos y hemos luchado frente a esto. Se ha demostrado la culpabilidad del conductor de TransMilenio y hay un fallo a nuestro favor, solamente esperamos que la Corte Suprema se pronuncie. Hay una madre, un padre y unos hermanos que estamos sufriendo”, precisó Mario Alape, hermano de la víctima, quien en los últimos meses ha protagonizado en compañía de su tío una serie de plantones frente al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá exigiendo una pronta respuesta.
El silencio de la Corte
Hasta la fecha sigue sin producirse una respuesta a pesar de la proximidad de una prescripción del proceso, que dejaría al conductor sin ningún antecedente penal ni disciplinario “pese a que ya está comprobada su responsabilidad en la muerte de mi hermanita”, agrega Mario.
A la espera de una respuesta de la Corte, el abogado presentó una tutela ante la Sala Civil en contra de la Sala Penal del alto tribunal argumentando la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, al plazo razonable y al acceso a la administración de justicia, en lo que no dudó en calificar como “una negligencia” de la Corporación.
“No se entiende como siendo este caso un proceso sobre un accidente de tránsito que no ofrece la complejidad de otros como el de la parapolítica, pasados 18 meses no pueda decir a través de un auto si admite o no el recurso de casación”, afirma el abogado quien recordó que en otros procesos de miles de folios, la Corte le ha dado rápida respuesta.
¡Exigimos justicia!
“Queremos justicia, lo que venga es añadidura, el valor que tenía mi hermanita es incalculable, nadie puede cubrir ese valor para nosotros”, precisó Mario Alape, quien considera que los días corren rápidamente ante una preclusión del proceso y que el conductor que asesinó a su hermana, el mismo que ha sido premiado por TransMilenio y catalogado como “ejemplar”, quedará libre de toda responsabilidad.
“Ha sido premiado como el mejor conductor de TransMilenio", recordó, y "duele mucho que el conductor que asesinó a mi hermana haya recibido esa clase de premios”, afirma Mario.
“Si esos son los conductores que TransMilenio considera que deben ser premiados el mensaje es supremamente delicado”, añade el abogado Herrera Pérez, al considerar que de presentarse una preclusión se le estaría enviando a la sociedad colombiana un pésimo mensaje sobre el actuar de la justicia y la confianza que esta debe tener en sus instituciones.
Demanda internacional
El abogado de la familia Alape considera que ante la gran posibilidad que existe de dicha preclusión “en las propias manos de la Corte Suprema”, el único recurso que les queda es presentar una apelación ante una instancia internacional que con seguridad finalmente reparará dicha omisión y negligencia.
El jurista no dudó en presagiar que el insólito hecho sería una vergüenza para la justicia colombiana, que en innumerables foros académicos le ha manifestado a la comunidad internacional que aquí no existe este tipo de omisiones y negligencias.