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Los herederos de los más importantes capos de la mafia no quieren entregar los bienes que el Estado legítimamente incautó por tratarse de riquezas adquiridas con dineros del narcotráfico. A pesar de que la ley de extinción de dominio se reformó en 2002 para hacerla más eficaz, a través de diversas argucias jurídicas y en algunos casos con amenazas a funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), varios familiares de los barones de la droga se niegan a entregar inmuebles o a permitir que las autoridades hagan uso de ellos.
La situación fue denunciada por el director nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, quien además de reclamar una urgente modificación de la ley de extinción de dominio para hacerla aún más contundente en la lucha contra el imperio económico del narcotráfico, impartió la orden a sus principales asesores para entablar de inmediato procesos penales contra los remisos parientes de algunos narcotraficantes, por los presuntos delitos de ocupación ilegal de tierras, fraude a resolución judicial y lavado de activos, entre otras conductas.
En particular, Albornoz advirtió la crítica situación que se está viviendo con algunos depositarios de bienes incautados, quienes están presentando renuncia a sus funciones para evitar el caudal de amenazas por parte de desconocidos, de quienes no se duda están asociados con los antiguos propietarios de esos inmuebles. Asimismo, el director de la DNE resaltó el caso de sus subdirectores jurídico y de bienes, Carlos Robledo y Ómar Adolfo Figueroa, quienes vienen siendo objeto de amenazas por su ofensiva jurídica en materia de extinción de dominio de los bienes ilegales.
El Espectador constató con el subdirector jurídico, Carlos Robledo, lo que viene sucediendo. “En días pasados, a través de extrañas llamadas que anunciaban un presunto allanamiento a mi casa, desconocidos pretendían que una empleada sacara del apartamento a mi hija de dos años, no sé con qué propósitos. Además, he recibido llamadas amenazantes y sé que tiene que ver con algunos bienes incautados que herederos y familiares de los antiguos dueños se niegan a entregar. Pero estamos recurriendo a las autoridades judiciales, porque la ley de extinción de dominio se tiene que cumplir”.
En concreto, la pugna se viene presentando con varias casas, apartamentos, lotes, garajes y oficinas que años atrás pertenecieron a Pablo Escobar Gaviria, Gustavo Gaviria Rivero, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pastor Perafán Homen, Juan Ramón Matta Ballesteros, Luis Enrique Ramírez, Ignacio Gaitán Cendales, Rosa Rhenals Navarro y Alberto Orlande Gamboa. Todos son bienes que fueron incautados legalmente, pero no ha sido posible que el Estado los ocupe definitivamente por diferentes circunstancias asociadas a presiones indebidas, o a la negativa a través de la amenaza.
Un caso significativo es el motel Arizona, ubicado en la vía entre Manizales y Pereira. El bien perteneció a Pablo Escobar Gaviria, después fue traspasado a su sobrino Nicolás Escobar Urquijo y fue objeto de extinción de dominio en mayo de 2004. Desde entonces, tanto Escobar Urquijo como otros once empleados del establecimiento han entablado demandas laborales contra la DNE, reclamando derechos adquiridos por su trabajo. Varios depositarios encargados por la DNE se han retirado del oficio por recurrentes amenazas. Hoy, Escobar vive en el motel y el Estado hace ingentes esfuerzos por recuperar el inmueble.
Otro caso para resaltar ocurre en Barranquilla con varios bienes que pertenecieron al extraditado capo del narcotráfico Alberto Orlande Gamboa, alias El Caracol. La mayoría de casas y apartamentos están ocupados por familiares directos del capo, pero en algunos casos no ha sido posible hacer los avalúos de los inmuebles, en otros aparecen clientes interesados que se retiran del negocio para no meterse en problemas y la DNE se ha visto obligada a entablar denuncias por lavado de activos para presionar a sus ocupantes y permitir que proceda la ley de extinción de dominio.
En Medellín hay dos garajes y un apartamento que pertenecieron a Pastor Perafán y hoy son ocupados por su hijo Juan Pablo Perafán. Según la DNE, el nuevo ocupante argumenta que a él no lo han vencido y que su abogado le ordenó no dejar ingresar a nadie a sus bienes. El depositario propuesto por el Estado, y nombrado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, no ha podido ejercer su gestión y la DNE ha dispuesto acciones por fraude a resolución judicial para poder acceder a un bien que perteneció al capo extraditado en 1997.
En la mayoría de los casos examinados, los ocupantes no pagan arriendo, no ha sido posible el contacto con ellos o no permiten el acceso a los inmuebles. Se niegan a firmar documento alguno a los depositarios o argumentan que mientas no haya una sentencia no van a permitir ninguna acción de la DNE. No son bienes menores y en total la suma de los inmuebles en entredicho se estima en $50 mil millones. Hay un lote ubicado en la Autopista Norte en Bogotá, contiguo al almacén Éxito de la 170, que perteneció ha Gonzalo Rodríguez Gacha, y la DNE se a visto obligada a entablar denuncias por lavado de activos y fraude por resolución judicial para recuperarlo.
La situación se ha vuelto tan compleja que el pasado 20 de febrero la DNE tuvo que pedirle a la directora administrativa y financiera de la Policía Nacional, coronel Luz Marina Bustos Castañeda, apoyo para agilizar las denuncias por la ocupación ilegal de 19 bienes que hoy manejan familiares y afines de los antiguos propietarios, todos narcotraficantes. Además, la DNE ha pedido el concurso de la Fiscalía General de la Nación para que apoye sus acciones, porque los abogados de los nuevos ocupantes de esos mismos bienes, a través de interminables recursos, cada día dilatan más la extinción de dominio de sus bienes.
Desde la primera ley de extinción de dominio, la Ley 333 de 1996, la tarea de quitarle los bienes a la mafia ha sido una empresa muy difícil. A pesar de que esta norma se reformó a través de la Ley 793 de 2002, conservando siempre su carácter retroactivo, sigue afrontando muchas dificultades. Hoy, según registros de la DNE, de los 68.400 bienes incautados para extinción de dominio, sólo 4.400 ya son legalmente bienes del Estado. Los demás siguen en pleito o en manos de depositarios. Ahora la DNE quiere romper el círculo vicioso y emprender una dura ofensiva, esta vez contra los herederos de los antiguos capos.
“Tomamos la vía civil y la vía penal”: Albornoz
¿Qué acciones está emprendiendo para que los herederos y familiares de los narcotraficantes entreguen bienes, que desde hace varios años tienen en su poder?
Este es uno de los graves problemas que hemos encontrado en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ante esta situación acordamos con el ministro del Interior, Carlos Holguín, y de manera prioritaria, que presentaremos en la próxima legislatura un proyecto de ley que haga los procesos de extinción de dominio más ágiles. Además con esta iniciativa buscamos darle facultades especiales a la subdirección jurídica para que en ciertos casos pueda ordenar el desalojo inmediato que con apoyo de las autoridades se pueda hacer, hoy en día esos procesos son dispendiosos.
¿Qué está pasando con los funcionarios de la DNE que están haciendo este trabajo?
Desafortunadamente este tipo de cargos son susceptibles de que se presenten situaciones difíciles. He conocido unos casos, muchos de esos casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades. Están siendo objeto de amenazas, dos subdirectores de la entidad, incluso a la vivienda de uno de ellos intentaron entrar.
¿El proyecto se presenta en esta legislatura?
Sí. De hecho ya se tiene un borrador, que incluso recoge apreciaciones del Presidente de la República. Porque si bien la Ley de Extinción de Dominio es fundamental en la lucha contra el narcotráfico, fue lejos en la incautación de bienes, se quedó corta en su administración y en este sentido estamos limitados, por eso el proyecto de ley busca subsanar esas limitaciones y hacer ágiles estos procesos de administración.
¿Por qué toman la decisión de entablar denuncias ante la Fiscalía?
Tomamos dos vías: por la vía civil y por la vía penal. En esta última lo hacemos porque vemos que cuando sale una resolución judicial y se burla lo que determina esta sentencia, se está haciendo un fraude a resolución judicial. Aquí se configura un delito que ponemos en conocimiento de las autoridades para que investiguen.
¿Pero, qué interpretación le da usted al hecho de que aun con una decisión judicial, los familiares de los capos del narcotráfico insistan en quedarse con los bienes?
Algunos lo hacen de viveza, otros porque insisten en que los bienes fueron adquiridos lícitamente, fruto del trabajo y también hay un factor cultural.
La historia de los ‘capos’
Pablo Escobar Gaviria: jefe de cartel de Medellín. Dado de baja por las autoridades el dos de diciembre de 1986.
José Gonzalo Rodríguez Gacha: fue uno de los capos del cartel de Medellín. Aliado de Pablo Escobar. Murió el 14 de diciembre de 1989.
Pastor Perafán Homen: narcotraficante entre las décadas del 70 y del 90. Fue extraditado a Estados Unidos el 23 de mayo de 1997.
Juan Ramón Matta Ballesteros: capo de la droga hondureño. El 18 de enero de 1990 fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Los Angeles (California). Controlaba un imperio valorado en 2.000 millones de dólares
Luis Enrique Ramírez ‘Micky’: ex socio del jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar. Asociado con grupos de autodefensa, fue condenado por la justicia colombiana.
Alberto Orlande Gamboa, ‘El Caracol’: Jefe del cartel del narcotráfico de la Costa Atlántica. Fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2000. Ingresó a ese país por lo menos 800 kilos de cocaína.
Gustavo Gaviria Rivera: primo de Pablo Escobar. El 27 de julio de 1991 murió en un enfrentamiento con la Policía.
Eduardo Restrepo Victoria, ‘El Socio’: narcotraficante del Tolima, extraditado el 9 de julio de 2007.
nquevedo@elespectador.com
Por Norbey Quevedo H.
